Sobre la legítima defensa

Una sociedad sin grandes deudas funcionales no necesita discutir obviedades. Como esa de que el uso de la fuerza es potestad de los representantes del orden, por ejemplo. Pero nosotros volvemos a hacerlo periódicamente, quizá porque no lo tenemos claro. O porque los representantes de la ley no están a la altura, la Justicia es morosa y la dirigencia política peca de irresponsable.

De nuevo, en los últimos días, un episodio delictivo disparó el debate, luego de que un particular hiriera de gravedad a un ladrón que fugaba –seis cuadras duró la persecución–, para el aplauso de no pocos y la reacción judicial que detuvo al autor y luego cambió la calificación del hecho. Héroe para algunos, villano para otros, el caso de este ciudadano encubre buena parte de lo que no vemos o no queremos ver.

Porque el Código Penal es suficientemente claro en lo atinente a la legítima defensa, que corresponde cuando hubiere peligro grave para quien se defiende y utilice para ello medios proporcionales a la agresión inferida, pero nada aporta sobre perseguir y matar (o intentar hacerlo) a quien huye. Es decir, deberíamos cambiar el Código o mejorar nuestras ideas.

Pero no es eso lo que tendríamos que discutir, sino las razones que nos llevaron a convertirnos en una sociedad en la que los atajos y la circulación a contramano se han institucionalizado, en la convicción de que otros métodos no funcionan.

Comerciantes que padecieron un número récord de asaltos y particulares refugiados en countries y barrios cerrados que también perdieron la tranquilidad atestiguan el descrédito generalizado: nadie hará nada si no lo hace uno mismo, aun cuando ello implique un lento retorno a la ley de la selva. Y nadie parece entender que en ese escenario no triunfan los más justos sino los más fuertes. O sea que todo cambia para peor.

Es, bien lo sabemos, muy difícil explicar esto a quienes a diario padecen la humillación de contribuir con tasas e impuestos cada vez más gravosos para sustentar una estructura que no funciona: denunciar un delito es un trámite que ya pocos hacen –lo que por cierto no ayuda a mejorar las respectivas estadísticas–, porque se pierden humor y horas en el trámite y nada bueno resultará de ello. La prevención y el patrullaje son espejismos y los continuos anuncios policiales hablan de falta de ideas y de programas.

Sin mencionar el abandono de amplias zonas que ya se dan sus propias leyes de convivencia, y calles a oscuras porque los empleados municipales se niegan a trabajar en el sector.

Todos hacen silencio, en una atroz coincidencia: el Gobierno provincial y los municipios, las autoridades policiales, la Justicia y los responsables de la política de seguridad callan, en la convicción de que no existe lo que no se nombra.

Hasta que, al mirar por sobre el hombro, constatamos que nos alcanzó la realidad. Por lo general, tarde.