Córdoba, con la mayor baja de litigiosidad
A pesar de las turbulencias financieras de las últimas jornadas, las empresas ratificaron su confianza en el rumbo económico y ayer ofertaron realizar obras con participación público-privada (PPP) por unos 6.000 millones de dólares, con precios hasta 33 por ciento más bajos a los esperados por el Gobierno.
La administración de Mauricio Macri lo vivió como un éxito, tras semanas de mucho nerviosismo. Con una sonrisa en el rostro, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, destacó la “confianza” de los inversores en Cambiemos y aseguró que las ofertas demuestran que en la Argentina “se puede invertir a largo plazo”.
Las ofertas económicas que se abrieron ayer son para la transformación de más de 3.300 kilómetros de rutas nacionales que pasan por Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe. Esto contempla una primera etapa de un plan de 15 años.
Ahora, el Gobierno se tomará un mes para analizar las ofertas y adjudicar las obras, que se iniciarán entre octubre de este año con plazos de hasta cuatro años en los que se invertirán 6.000 millones de dólares, de un total de 16.700 millones previstos para 15 años.
Córdoba
Con la construcción de autopistas, rutas seguras (ensanchamiento de calzada) y reparación de losas, la provincia de Córdoba figura en dos corredores viales para los que el Gobierno prevé una inversión estimada de 1.745 millones de dólares.
Por ahora son sólo rutas, pero el Gobierno ya tiene en carpeta la idea de contratos similares para la construcción de una decena de hospitales y al menos dos cárceles de máxima seguridad.
En el Gobierno dicen que si no hicieran las obras a través de PPP, en vez de cuatro años se necesitarían 12. En Chile este modelo fue exitoso, aunque allí la clave fue la estabilidad macroeconómica. Después, la confianza en el Gobierno es fundamental para que no exista percepción de ruptura del contrato, lo que terminaría en juicios Según dijo ayer el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la red de autopistas y rutas seguras del PPP generarán más de 50 mil empleos directos e indirectos. multimillonarios contra el Estado.
Los contratos estarán regulados por la ley 27.328, sancionada por el Congreso en noviembre de 2016. Las obras serán financiadas por diversos bancos internacionales con crédito que las empresas irán pagando con el usufructo de las rutas y autopistas por medio de peajes.
Las turbulencias financieras de las últimas semanas habían sembrado dudas respecto del financiamiento cuanto las tasas locales alcanzan el 40%. Pero la mayoría de las obras serán desarrolladas con créditos en dólares del exterior. Por eso, ninguna empresa se bajó de las ofertas.
Dietrich, junto a su par de Finanzas, Luis Caputo, hizo ayer la apertura de las 32 ofertas económicas que realizaron los 10 consorcios que se presentaron compuestos por 19 empresas nacionales y siete internacionales.
Debajo
El conjunto de las mejores ofertas estuvo un 33% por debajo del presupuesto estimado. Para determinar los ganadores de la licitación, se analizará la mejor combinación de las ofertas para cada corredor que, en su conjunto, representen un menor costo para el Estado. Cada oferente podrá ganar hasta dos corredores.
El nuevo proyecto del Gobierno se financiará principalmente con una parte del impuesto al gasoil (para las obras) y con el ingreso por peaje (para el mantenimiento y operación del corredor).
Para el pago de estas obras de la Etapa I, que comenzará en 2021, no se han creado nuevos impuestos, debido a que serán utilizados recursos existentes que antes se destinaban a otros gastos, entre ellos el subsidio de los corredores actuales, señaló el Gobierno.
Córdoba es la jurisdicción donde más disminuyó la litigiosidad laboral desde la sanción de la norma que, en febrero del año pasado, complementó la ley sobre riesgos de trabajo. A partir de entonces, la baja en la provincia fue de 55,6 por ciento, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) con 40,1 por ciento.
También Córdoba está al tope en la baja de la judicialidad entre las 11 provincias que adhirieron a esa ley, donde en general sigue en baja: ingresó un 82 por ciento menos de expedientes nuevos (en Caba fue del 62 por ciento).
Los datos fueron informados por el superintendente de Riesgos de Trabajo (SRT), Gustavo Morón, durante un encuentro con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo.
El encuentro fue parte de la ronda de diálogo que esa dependencia inició con representantes sindicales y empresariales tras la aprobación por unanimidad del anteproyecto de Ley de Prevención, tras un debate en busca de consensos entre todos los actores del sistema para el próximo envío al Congreso Nacional.
Morón señaló además que la reducción de la litigiosidad trajo aparejada también una rebaja sustancial en el monto que pagan los empresarios a las aseguradoras: antes de la sanción de la ley, el monto de las alícuotas representaba 3,48% de la masa salarial total.
Tras la sanción de la norma, ese porcentaje se redujo a 3,04. Esto implica un descenso del 13,6% total en este concepto, lo que conlleva para los empleadores un ahorro de unos 6.500 millones de pesos.