Sentencia. La Justicia condenó a 12 años de cárcel al policía que disparó y mató a Franco Amaya en Villa Carlos Paz.
El jurado popular de la Cámara 11ª lo condenó a 12 años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma. El otro uniformado fue absuelto. La querella ya anticipó que casará la sentencia.
“El personal policial debe partir de la premisa (de) que el uso del arma es una medida extrema y sólo debe ser utilizada como último recurso, a fin de hacer cesar la comisión de un ilícito o evitar que los mismos se concreten, como así también para salvaguardar su vida, la de terceros, y los bienes y derechos propios y de la sociedad”.
Así citó la fiscal de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, el artículo 33 de la ley provincial 9.728 de “Régimen para el personal con estado policial de la Policía de la Provincia de Córdoba”.
“Este no ha sido el caso”, completó la instructora cuando cerró la causa.
En la elevación a juicio, la fiscal fundamenta que el agente Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos (25) cometió abuso de autoridad en ejercicio de la función al matar en un control policial al joven Franco Amaya (18), quien sufrió un balazo policial cuando no logró frenar a tiempo con su moto.
Ese agravante fue suprimido durante el juicio por jurados finalizado ayer en la Cámara 11ª del Crimen y en el que se le impuso una pena de 12 años de prisión por homicidio agravado (sólo) por el uso de arma de fuego.
La figura penal –por mayoría– y el monto de la condena –por unanimidad– generaron polémica por ese cambio de calificación legal que significó que el uniformado no recibiera prisión perpetua.
El otro policía juzgado, el oficial José Ezequiel Villagra (23) –en este caso, por omisión de los deberes de funcionario público, supuestamente por no brindar asistencia al herido mortal–, fue absuelto.
Un año después
En el debate, se analizó el asesinato de Amaya a manos de Velardo Bustos, en un control policial efectuado la noche del 22 de febrero de 2017 en la vía pública de Villa Carlos Paz. Este uniformado disparó por la espalda a Amaya con su pistola reglamentaria nueve milímetros. Franco viajaba en su moto con su primo Agustín Figueroa (18).
Antes de la lectura de la sentencia, el presidente del tribunal, Daniel Ferrer Vieyra, explicó que el jurado popular sesionó de manera autónoma y llegó a su decisión por mayoría. A cuatro jueces populares adhirieron las dos vocales técnicas, Graciela Bordoy de Pizzicari y María Susana Frascaroli, por la figura que pidió el fiscal de Cámara Diego Albornoz durante los alegatos.
En minoría, dos jueces populares votaron por el “exceso en la legítima defensa” y otros dos por la absolución de Velardo Bustos, entendiendo que hubo “legítima defensa”.
Ninguno se inclinó por la calificación original, “homicidio agravado por el uso de arma y por la condición de policía”, que hubiera implicado prisión perpetua. Esto solicitaba la querella encarnada por el abogado Carlos Nayi, en representación de la mamá de Franco, Laura Cortez.
El tribunal fue unánime en la imposición de la condena de 12 años de prisión, como también pidió Albornoz.
“Ninguno por perpetua”
El fiscal se mostró satisfecho con la sentencia porque coincidió con su petición y porque ningún jurado se pronunció por la acusación original y la perpetua.
Para el acusador, se dieron determinados elementos para justificar que no hubo abuso funcional, como que los jóvenes venían con la moto sin frenos y que testigos ratificaron que iban a alta velocidad.
“Tengo la tranquilidad de que ninguno de los jueces populares votó por la perpetua”, resumió.
En cambio, la mamá de la víctima se quejó porque ella se quedó sin su hijo, y el asesino en “pocos años” estará libre.
Al igual que Nayi, anticipó que casarán la sentencia y señaló: “En mi corazón no entra el perdón”, en referencia al pedido de disculpas de Velardo Bustos, que consideró que no fue sincero.
Sobre el abuso funcional, durante la instrucción, la fiscal Gómez sostuvo que disparó “con la clara intención de quitarle la vida a Franco Amaya”.
Añadió que la víctima y su primo estaban “desarmados y sin mediar ninguna conducta sospechosa o delictiva”.
“El reproche es el más grave de los previstos en la ley penal argentina, porque haciendo mal uso de sus atribuciones, agredió a una persona indefensa, provocándole la muerte y encontrándose bajo los efectos del alcohol, en pleno ejercicio de sus funciones”, remarcó en su momento la fiscal.
Estos argumentos se opondrán a los que ofrezca la Cámara en su fundamentación en los próximos días. Pero se sabe que la discusión recién comienza, ya que tras los alegatos el expediente se elevará a una instancia superior.