El sueño de La Moncloa propia

En estos días de remezones cambiarios, se ha revitalizado una propuesta que habita las cúspides de la corrección política: la necesidad de que los partidos políticos mayoritarios se sienten a una mesa a fijar objetivos y estrategias para concretar a la brevedad una suerte de Pacto de La Moncloa, en alusión a los acuerdos logrados en España después de la muerte del dictador Francisco Franco.

Es una propuesta de esas que tienen la calidad de inobjetables, pues se trata de “alta política”, donde reinarían gestos de desprendimiento, resignaciones partidarias, elevado patriotismo.

Así, los principales políticos se mostrarían dispuestos a acordar por el bien del país y por la solución de sus grandes problemas. Sólo nos quedaría por aguardar la fumata blanca para comenzar a marchar, todos juntos y unidos, sobre los sólidos rieles que nos conducirán hacia un destino de grandeza nacional, que se empecina en esquivarnos desde hace décadas.

Pero apenas uno trata de imaginar la viabilidad práctica de un pacto semejante, aparecen las dudas y los problemas. ¿Quiénes serían los que se sentarán a la mesa? El Gobierno y todos los partidos de la oposición, principalmente el peronismo con todos sus matices.

La pregunta que sigue es inevitable: ¿es posible un acuerdo entre ellos? Probablemente lo sea en algunos objetivos generales y, por lo tanto, inocuos. Promover el desarrollo industrial, por caso. O bien proteger a los más desfavorecidos. También detener la inflación y propiciar una redistribución progresiva del ingreso.

En temas tales, el acuerdo es fácil. Ni siquiera necesita una ceremonia pomposa ni un pacto pleno de grandilocuencias. En cambio, ponerse de acuerdo en las políticas concretas que llevan a esos objetivos no es difícil: es completamente imposible.

Tomemos la inflación, por ejemplo. ¿Están en condiciones de elevar una propuesta quienes la desataron en los últimos años? No parece que sea así. Pero si lo fuese, ¿habrá acuerdo en que uno de los problemas graves que tenemos es el déficit fiscal? Y si hubiera coincidencias en esto, ¿podrían hallarse opiniones coincidentes con relación a cómo abordar ese problema (disminuir el gasto o aumentar impuestos, por ejemplo)? Es probable que así ocurra en cada uno de los temas concretos que se puedan abordar.

Podría decirse que, a fin de alcanzar el objetivo glorioso y supremo, cada parte deberá ceder algo para llegar a coincidencias importantes que encaucen al país en una ruta victoriosa.

Está claro que el resultado de algo así sería una suerte de Frankenstein económico, un collage impropio e inconducente, condenado antes de nacer.

La razón de esto quizá haya que buscarla en el hecho de que en la Argentina existen dos proyectos de país que intentan imponerse uno a otro desde tiempos inmemoriales. Y aunque los objetivos generales pudieran ser compartidos, tienen muy pocos puntos de coincidencia acerca del modo en que deben llevarse a cabo.

Dicho en términos generales, unos piensan que el eje de la organización económica debe ser el mercado, y el bando contrario cree que es el Estado el que debe ocupar el centro del escenario. A partir de estas definiciones básicas, se originan diferencias irreconciliables.

Así también ocurre en otros temas ajenos a lo económico: transparencia de la gestión pública, independencia de la Justicia, seguridad, visión sobre el derecho penal y varios asuntos más. Son dos visiones del país que tienen amplias zonas completamente incompatibles. El Gobierno podría sumar a su proyecto, si logra afianzarlo, a un sector del peronismo, del gremialismo, del empresariado. Quizá a los más distantes del kirchnerismo.

Sin embargo, una parte importante del llamado “peronismo racional” parece propenso a alinearse con Cristina, como lo acaba de demostrar la votación sobre las tarifas, en Diputados. Incluso figuras prominentes del peronismo de Córdoba, como Alejandra Vigo, Adriana Nazario y Martín Llaryora, aprobaron esa dura propuesta.

Por ahora, un pacto estilo La Moncloa sólo puede significar el predominio de uno de estos proyectos y la adhesión desganada u obligada del otro sector. En todo caso, un acuerdo de tal magnitud podría lograrse en temas puntuales tales como la política energética o la educativa. Pero aun en casos específicos como estos, hoy parece lejano.

EXISTEN DOS PROYECTOS DE PAÍS QUE INTENTAN IMPONERSE UNO A OTRO DESDE TIEMPOS INMEMORIALES.

* Analista político