Un interrogante de indignación
Villa Carlos Paz se despertó en estado de conmoción la mañana del 22 de febrero de 2017. La noticia corrió tan rápido que llegó a los familiares de Franco Amaya, y la madre del joven estuvo en el hospital Sayago cuando todavía el cuerpo del joven no había sido trasladado a la morgue.
La indignación se hizo sentir entre los vecinos, y esa jornada fue de extrema tensión. Hubo una manifestación frente a la Departamental Punilla de la Policía provincial, que terminó con corridas, huevazos e insultos. La reacción tardía de la Jefatura fue descabezar a la cúpula de la Departamental.
La fiscal de instrucción del Cuarto Turno de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, ordenó la detención de los dos policías involucrados en el control policial que terminó con la muerte del joven. En la investigación, detectó que ambos habían consumido alcohol esa noche y que el retén que habían dispuesto en la calle Los Gigantes no tenía las características adecuadas para el fin preventivo que se disponía en el lugar.
Los detalles sobre cómo Rodrigo Velardo Bustos realizó el disparo –a pocos centímetros de Franco– terminaron por convencer a la fiscal de que la imputación que cabía era la del homicidio agravado por su condición de policía.
También se verificó la escasa pericia y humanidad del otro efectivo involucrado en el caso, que no sólo no solicitó refuerzos ni ayuda de ningún tipo para trasladar al joven malherido al hospital, sino que por momentos impidió que lo cargaran en vehículos particulares para que lo atendieran en el hospital municipal.
Todo ese trabajo, que llevó meses de una pesquisa intensa y que ameritó también una aparente reforma en la formación de los policías de Córdoba, parece haber caído en saco roto con la determinación de la Cámara 11ª del Crimen, que siguió el consejo del fiscal Diego Albornoz y pidió que se bajara la acusación contra los policías imputados.
Entre los vecinos de Carlos Paz, surgieron ayer muchas preguntas sobre lo que decidió la Cámara. Franco era hijo de una familia trabajadora, estaba terminando su secundaria y quería ser peluquero. La fatídica noche del 22 de febrero de 2017 quería ir a cambiarse a su casa para asistir a un baile.
Los interrogantes que resonaron ayer tienen que ver con el sentimiento de clase que impera en muchos sectores de nuestro país: ¿cuál hubiera sido la resolución de la Cámara si el lugar de Franco hubiera sido ocupado por un joven hijo de un empresario, de un funcionario o de una familia influyente de la ciudad?