Déficit. El PJ les apunta a Vidal y Rodríguez Larreta
Schiaretti y sus pares peronistas piden que se deje de subsidiar a esos gobernantes de Cambiemos. Se ahorrarían unos $ 115 mil millones.
Con el enorme déficit fiscal en el centro de la escena política, el PJ cordobés impulsa una propuesta entre los gobernadores justicialistas para reclamar a la Nación un ahorro de 115 mil millones de pesos al año, producto del recorte de beneficios a la Ciudad Autónoma y a la Provincia de Buenos Aires, gobernadas por los macristas Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, respectivamente.
La iniciativa incluye que esas administraciones se hagan cargo de Aysa (a lo que el Gobierno nacional accedería) y de la Justicia ordinaria de la ciudad de Buenos Aires, y también promueve la eliminación de subsidios a la energía y al transporte.
El déficit fiscal nacional primario está calculado en 400 mil millones de pesos al año, y se estira hasta los 650 mil millones si se le suman los intereses de la deuda.
Gigantesco. Difícil de abordar, pero no imposible. En lo que todos coinciden, es en que hay que hacerlo urgente. Se trata del déficit fiscal del Estado nacional, un agujero tan estructural y recurrente en la historia argentina que prácticamente no asusta a nadie.
Pero es, en definitiva, la causa de todos los males de nuestro país: el exceso de deuda, la emisión desmesurada, la alta inflación, el atraso cambiario y la pobreza que no perfora el piso del 30 por ciento. De los últimos 60 años, el rojo estuvo presente en 55.
A la Argentina le falta, para funcionar, el equivalente al 16 por ciento de sus ingresos. Son, este año, casi 400 mil millones de pesos. Para tener una idea: el Presupuesto de Córdoba, la segunda provincia del país, es de 153 mil millones. El rojo equivale casi a tres Córdoba.
Pero si a ese rojo le agregamos lo que pagamos de intereses por habernos endeudado para financiar ese 16 por ciento de gasto que ejecutamos sin tener con qué abonarlo, el déficit (financiero, como se lo llama) trepa a casi 650 mil millones de pesos. El equivalente al seis por ciento del producto interno bruto (PIB).
Esa es la uña encarnada que viene a pisar el Fondo Monetario Internacional. Es decir, viene a prestar un crédito de contingencia a cambio de que la Argentina ordene sus cuentas. Aunque el incremento del dólar “achica” el agujero, porque hacen falta menos dólares para cubrir el déficit, el rojo sigue estando.
La gran pregunta es si esta vez será factible. Si será suficiente el susto que los mercados les pegaron a Cambiemos y a toda la dirigencia opositora que paga sueldos todos los meses.
Por las buenas, poco se ha hecho. Hay cuatro años de superávit de Néstor Kirchner, con la soja a 650 dólares y retenciones; pero, claro, con el país en default :nose pagaban los intereses de la deuda. Si se hubiera hecho, el superávit se esfumaba.
“Acá tenemos déficit a pesar de que el Estado tiene cada vez más plata; eso es una manifestación rotunda del fracaso de la política argentina: no importa cuánto le tires, nunca le alcanza. Hoy tenemos la presión tributaria más grande de la historia y nos endeudamos en uno de cada cinco pesos que gastamos. Pero pese a que le damos cada vez más recursos, el Estado nos da menos educación, menos seguridad, menos justicia y menos infraestructura”. Quien dice esto es Martín Lousteau, exministro de Economía en la gestión Kirchner, exembajador en Washington en la gestión Cambiemos y actual diputado nacional por Evolución.
¿Hay chances de que la Argentina ordene sus cuentas? ¿Dónde, cómo y en qué plazos? El gradualismo sin prisa que planteó Mauricio Macri, ¿sigue siendo la única opción desde el pragmatismo político o habrá que acelerar las reformas pendientes, con el costo que eso implique? ¿Pondrá fecha el FMI? ¿La pondrán los inversores?
Cómo gastamos
Primero, hay que entender la estructura del gasto en la Nación: el 39 por ciento de todo lo que la Nación desembolsa se paga vía la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Son las jubilaciones y pensiones contributivas que se abonan a los 6,5 millones de pasivos, tanto a los jubilados con aportes de 30 años como a los de moratoria.
A eso hay que agregarle las pensiones no contributivas (que suman otro cuatro por ciento del gasto) y que el año pasado, sin éxito, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, intentó recortar. Fue un escándalo. En 2002, había 76 mil y ahora hay 1,8 millones de beneficiarios.
Se calcula que hay 300 mil beneficiarios de pensiones y otros subsidios de Desarrollo Social o de Trabajo que tienen inmuebles, autos o viven en barrios cerrados. “No se ha hecho el trabajo de hilar finito”, dice Fernando Marengo, economista jefe del estudio Arriazu.
Al gasto de Anses hay que sumarle las asignaciones familiares que paga tanto a los asalariados como la universal por hijo a desempleados, informales y monotributistas. Son 151 mil millones de pesos más los 43.528 millones de subsidios varios, como Progresar, Argentina Trabaja y demás que abonan el Ministerio de Trabajo y el de Desarrollo Social.
El Pami tiene un presupuesto de
108.493 millones de pesos, con lo que el gasto en prestaciones sociales alcanza a 1.389 mil millones de pesos: el 56 por ciento de todo.
Hay quienes plantean que ese gasto es inflexible y que no hay chances de tocar algo. Y están los que dicen que sí se puede.
“Hay que darle más equidad al sistema y eliminar las ineficiencias de la doble cobertura. Hay 1,2 millones de trabajadores que aportan a un régimen previsional especial o diferencial, lo que significa que se van a jubilar antes o con mayor haber que en el régimen general”, dice Jorge Colina, del centro de investigaciones Idesa.
Unas 374.296 personas gozan de estos regímenes preferenciales: diplomáticos, judiciales, agrarios, construcción y trabajadores de Luz y Fuerza y docentes. Los dos primeros hacen bajos aportes y se jubilan con un sueldo que supera el 82 por ciento de lo que cobraban en actividad. Para ellos, se estudia una suba de aportes. Para todos los demás, el borrador de los cambios apunta a elevar la edad. El ahorro global, si se modificara, sería de 79 mil millones de pesos.
Para Colina, hay algo más todavía por hacer en Anses: propone que, a futuro, se elimine el doble beneficio; es decir, que el cónyuge que tiene jubilación no acumule la pensión del cónyuge cuando este fallece. “Esto viene de la década de 1950, cuando la mujer no estaba incorporada al mercado laboral; habría que ir a un esquema optativo, que elija con cuál de las dos se queda”, propone.
“Cambiar esto es una forma de torcer estructuralmente la tendencia futura del gasto”, agrega.
El segundo gasto en importancia se lo lleva la administración en sí del Estado: casi 459.609 millones, el 18 por ciento del total. De esos 18 puntos, 11 corresponden a los sueldos que cobran los 740 mil agentes que trabajan en la Nación.
“Siempre hay tela para cortar. Se pueden reducir subsidios que todavía no se eliminaron, continuar con el micromanagement de bajar precios de bienes y servicios al licitar mejor, hacer un recorte de cargos adicional al dispuesto por el Ministerio de Modernización y reducir la cantidad de asesores de los legisladores”, sostiene Daniel Artana, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel).
“El menor gasto ‘político‘ ayudaría a generar apoyo para bajar otros gastos”, agrega. Sugiere congelar las vacantes al número de fin de 2017, que no sean cubiertos los cargos por retiro o renuncia y que allí vaya el personal que quede liberado de la reestructuración de organismos.
Quedan dos gastos de peso. Uno es la obra pública; el otro, los subsidios a los servicios públicos.
El primero tiene un presupuesto de 196 mil millones de pesos este año. Se ha anunciado que se recortarán 30 mil millones de las obras que todavía no arrancaron, amén de que se le ponen muchas fichas al esquema de participación pública privada (PPP).
Una mejor aplicación del gasto, con transparencia en las licitaciones, podría hacer “rendir más la plata”. Eso es parte del discurso de Cambiemos. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, es quien denunció la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo, que derivó en sobreprecios que investiga la Justicia.
En tanto, los subsidios a los servicios todavía tallan profundo en el gasto global: son 118.507 millones de pesos en energía para 2018, más 91.266 en transporte. Los de energía contemplan las subas de tarifas que pretende retrotraer la oposición en Diputados: si eso avanzara, esa cuenta casi se duplicaría.
Pero hay cuatro subsidios específicos de gran peso y condimento político: trenes, subtes, colectivos y agua, que se ejecutan casi con exclusividad en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal.
“No hay ninguna otra cuenta tan importante para recortar como la de subsidios. Con todo lo demás, hay que ir de a poquito, algo casi microeconómico”, dice Marengo, de Fiel.
TENEMOS CADA VEZ MÁS DÉFICIT, A PESAR DE QUE EL ESTADO TIENE CADA VEZ MÁS PLATA. ESE ES EL PEOR FRACASO. Martín Lousteau, diputado
UN MENOR GASTO POLÍTICO AYUDARÍA EN ESPECIAL A GENERAR APOYO PARA BAJAR OTROS GASTOS. Daniel Artana, economista
1,2 MILLONES DE PERSONAS APORTAN A REGÍMENES ESPECIALES: SE VAN A JUBILAR ANTES Y CON MAYOR HABER. Jorge Colina, economista