Vidal y Rodríguez Larreta, grandes beneficiarios políticos de fondos que aporta todo el país
La energía mayorista tiene hoy el mismo subsidio para todo el país: el usuario paga el kilovatio 30 por ciento menos de lo que realmente vale. La suba del dólar probablemente haya “corrido el arco” y encarecido la generación.
El sendero de reducción de subsidios terminará, al menos así lo dice el Excel de Juan José Aranguren, en octubre de 2019. Fuentes del Ministerio de Energía aseguran que en este 2018 ya no hay transferencias directas a Edenor y Edesur por déficits operativos ni por obras.
El gas tiene, al igual que la energía mayorista, un subsidio de boca de pozo idéntico para todos los que tienen red de gas natural en el país.
Pero los subsidios al agua y al transporte son los de mayor peso e implicancias políticas, porque se ejecutan en territorios de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta: agua, subtes, trenes y colectivos.
La Nación pone plata en esos servicios por tres vías: presupuesto corriente, asumiendo eventuales déficits operativos; ejecutando obras que no hace en otros lugares del país; y asumiendo el costo de la tarifa social o la Sube, que contempla descuentos mínimos del 50 por ciento en el segundo viaje combinado. Nada de eso hace en otras jurisdicciones.
Por varios frentes
Veamos. En los trenes, el 99 por ciento se gasta en Buenos Aires. Las autoridades alegan que es porque allí están los pasajeros. Es cierto, pero por un detalle: en el interior no hay trenes.
En 2017, el presupuesto de Trenes Argentinos, la sociedad del Estado que administra los trenes en todo el país, gastó 26 mil millones de pesos en los trenes del área metropolitana. Además, hay un plan quinquenal de obras de 14.123 millones de dólares, todas en Buenos Aires.
Hasta febrero de este año, el boleto costaba dos pesos en las líneas Roca, Belgrano Sur y Norte y Urquiza, y cuatro en San Martín, Mitre y Sarmiento, el equivalente al 10 por ciento de la tarifa real. El resto se pagaba con presupuesto nacional, al que aportan todos los argentinos.
En abril subió a tres pesos y 6,25, respectivamente, y en junio se prevé que pasen a 3,25 y 6,75, luego de dos años de congelamiento.
Con colectivos y subtes, pasa algo similar. El boleto estuvo dos años quieto y el 58 por ciento de los pasajeros, según el Ministerio de Transporte, viaja con subsidios. Esa cifra se cuadruplicó en dos años.
Hay de dos tipos: aquel al que acceden los beneficiarios de AUH y jubilados, que pagan 55 menos que la tarifa plena, y el implementado con la tarjeta Sube, que implica un descuento del 50 por ciento en el segundo viaje combinado (con cualquier medio de transporte) y el 70 por ciento en el tercero.
En enero último se estableció el nuevo cuadro tarifario, que llevaba las tarifas en abril a 11 pesos para subtes y a 9 para colectivos, y en junio a 12,50 y 10 en cada caso. Pero a principios de este mes la Justicia suspendió la suba de los subtes.
Para dimensionar lo que los aportes de la Nación representan a favor de porteños y habitantes del conurbano bonaerense hay que recordar que en la ciudad de Córdoba el boleto de colectivo cuesta 15,38 pesos desde fines del año pasado, y existen fuertes presiones de las empresas prestatarias para que se active un nuevo aumento o la Municipalidad de Córdoba compense la diferencia de costos con subsidios.
El otro servicio clave donde el peronismo ha puesto la lupa, con la voz cantante de Juan Schiaretti, está en la empresa Aysa, que presta servicios de agua y cloacas en 25 distritos de la provincia de Buenos Aires y a la que, según calculan los opositores, se le han transferido 36 mil millones de pesos en la gestión de Cambiemos sólo para cubrir el déficit operativo.
Allí, a la tarifa social de agua, por ejemplo, la asume la Nación. Los beneficiarios pasaron de 30 mil a 350 mil en dos años, con un costo anual de 400 millones de pesos. El déficit operativo de la empresa este año es de nueve mil millones de pesos, más mil millones de dólares en obras que están en ejecución, además de lo que se hizo desde 2007 a esta parte, como la planta potabilizadora de Tigre
costó mil millones de dólares o la Estación de Berazategui, 400 millones, entre otras.
Son todas obras hechas para incrementarle capital político a María Eugenia Vidal. “La propuesta es que la Nación se retire de la prestación directa de los servicios públicos que tiene, sobre todo en el conurbano, y que cada jurisdicción de haga cargo de la prestación de sus servicios”, remarca Fabián López, ministro de Servicios Públicos de la Provincia. En el Consejo Federal de Energía, ya Córdoba planteó este tema.
El momento de coincidencia política es ideal: los tres actores son de Cambiemos.
Y además, se le acaban de transferir 45 mil millones extras a María Eugenia Vidal este año y 60 mil millones en el que viene, luego del descongelamiento del Fondo del Conurbano.
Para ellos, no sólo el beneficio es económico: no se hacen cargo de una gestión que es más que complicada, muy susceptible al reclamo del usuario. Es el mejor de los mundos: si hay deficiencias, alegan que no es de su incumbencia.