Uecara pide que se extienda la concesión en la ruta nacional 38
El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba ratificó ayer que recurrirá a la Justicia en contra de las dos leyes votadas el miércoles por la Unicameral que recortan beneficios establecidos por el convenio colectivo de trabajo vigente desde 1975. Las acciones serían contra la reducción del beneficio de energía gratuita para los empleados y jubilados de Epec y contra la eliminación del fondo compensador que administra el gremio.
Además, Gabriel Suárez, secretario general de Luz y Fuerza, indicó que recurrirán a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar al directorio de la empresa por presunta limitación de la actividad gremial, y al ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público.
En medio de la tensión con el Gobierno de Juan Schiaretti, Luz y Fuerza llevó a cabo anoche una “marcha de las velas”, una convocatoria gremial lanzada hacia la comunidad en busca de respaldo social.
La concentración fue organizada contra el “tarifazo”, pero anoche se sumó también el rechazo al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al ajuste.
La marcha partió desde la sede de Luz y Fuerza, encabezada por una vela gigante, y se dirigió hasta el edificio central de Epec. La manifestación generó conflictos de tránsito en su inicio en calle Deán Funes, pero fue pacífica en todo su recorrido, y no llegó a ser masiva en ningún momento.
La manifestación reunió mayormente a la dirigencia de Luz y Fuerza y familias vinculadas a empleados de Epec. No se observó la presencia de agrupaciones políticas.
Desde Luz y Fuerza recalcaron que se aguarda la promulgación de las leyes aprobadas el miércoles para realizar las presentaciones judiciales, y reiteraron las críticas a la gestión Schiaretti por los cambios iniciados en Epec.
La Unión de Empleados de la Construcción Argentina (Uecara del Interior) solicitó a la Dirección Nacional de Vialidad que extienda la concesión de la ruta nacional 38 para proteger los puestos de trabajo de 57 empleados.
Esa arteria va por el norte del valle de Punilla y conecta a las provincias de La Rioja, Catamarca y Tucumán, en el noroeste del país.
Según el secretario de la entidad gremial, Gustavo Rossi, el proyecto de Participación Público Privada (PPP) que tenía el Gobierno nacional para el mantenimiento de esa ruta no se ejecutará, debido a la decisión de frenar inversiones para bajar el déficit fiscal.
“El Gobierno admitió que habrá un freno en el tiempo en la ejecución de las obras públicas donde los PPP también están incluidos. Ante esta nueva circunstancia, la administración nacional deberá garantizar la seguridad en el tránsito y mantenimiento de la ruta nacional 38”, sostuvo Rossi.
En ese marco, Uecara solicitó que se extienda la concesión a la empresa Carretera Central Argentina, para que no se pierdan las fuentes de trabajo de 57 empleados, que ya fueron notificados de que no continuarán en funciones desde los primeros días de junio.
“El pedido es no sólo por los 57 trabajadores que están por quedar sin trabajo sino también por los millones de usuarios que la transitan diariamente”, afirmó el dirigente.
Según Gustavo Rossi, esa medida permitiría que esa ruta “no quede a la buena de Dios sobre todo en los tramos menos poblados” y que se continúe con las tareas mínimas de señalética y mantenimiento.
El reclamo de Uecara contó con la intermediación de varios parlamentarios cordobeses, pero aún no tuvo respuesta de Vialidad Nacional.
Las casillas sobre la 38 están ubicadas a la altura de Molinari y de Villa Giardino. El paso para los automóviles tiene un costo de cinco pesos, el más bajo para un peaje en Córdoba.
Según el gremio, el Gobierno nacional tomó la decisión de cobrar peaje solamente en lo que ahora llaman rutas seguras. Como la 38 pasa por todos los pueblos del valle de Punilla, no es considerada así y se levanta la concesión.
Hay que aclarar que el pedido no va sobre la obra de la autovía que quiere ejecutar el Gobierno provincial y que se encuentra envuelta en una gran polémica con pobladores y grupos ambientalistas. Esa obra tiene los fondos asegurados y estaría finalizada en 2020.