La defensa nacional: ¿materia pendiente?
La defensa (o indefensa) nacional, o –si queremos precisar aún más– el cuidado de nuestros espacios territoriales, aéreos y marítimos/fluviales, ha permanecido sin un cambio profundo en estos dos últimos años de nuevo gobierno.
El término cambio proviene, etimológicamente, del latín tardío cambium y este, a su vez, del galo cambion.
Ergo. era de esperar, como ciudadanos, una nueva etapa política que permitiese en primer lugar cerrar el eterno diagnóstico de indefensión nacional en que se encuentra Argentina hace décadas y materializar presupuestariamente la deuda pendiente del Estado con un componente fundamental como son las Fuerzas Armadas.
Según las cifras de 2015, el Ejército, sobre las horas mínimas adecuadas para entrenamiento militar de sus unidades de combate, hacía sólo el 29 por ciento. En la Armada, para cumplir con el mínimo de días de navegación para instruir la flota de mar, se llegaba al 31 por ciento. Y de las horas de vuelo que tenía la Fuerza Aérea para un adecuado adiestramiento, se hacía tan sólo un apenado 12 por ciento.
Esas cifras producen un cóctel perverso, porque entre medio hay vidas humanas en juego, como los 44 mártires del submarino ARA San Juan que yacen en alguna parte del mar Austral. O como la de un copiloto que hace pocos días, en Córdoba, se tuvo que eyectar de un avión de entrenamiento avanzado denominado IA- 63 II Pampa, sin tener que lamentar su vida.
Esto demuestra la decadencia lenta pero inexorable del instrumento militar de la Nación Argentina. Con armamentos y unidades de combate con más de 40 años de antigüedad en promedio, no hay capacidad disuasiva u ofensiva posible.
Ninguna sociedad que se precie como tal puede darse ese permiso, menos cuando hablamos de un país bicontinental como el nuestro.
Argentina posee la octava extensión territorial del mundo, con casi cuatro millones de kilómetros cuadrados, si contamos el mar Argentino (en 2016, Naciones Unidas aprobó la extensión de la plataforma continental argentina a 350 millas marinas), Malvinas y nuestra Antártida.
Somos un país que exporta alimentos para 400 millones de habitantes; que comparte con países vecinos el mayor reservorio de agua dulce del mundo como lo es el acuífero Guaraní, con una extensión de 70 mil kilómetros cuadrados en nuestro territorio que se suman a los miles de kilómetros cuadrados de agua dulce sólida en los glaciares contenidos en la formación denominada Hielos Continentales patagónicos; con el inmenso yacimiento de petróleo y gas de esquisto en la formación geológica denominada Vaca Muerta, que prolonga por cientos de años nuestras reservas energéticas convencionales.
Además, tenemos innumerables riquezas en recursos naturales de toda índole a lo largo y lo ancho del país, como los mayores reservorios de litio en Jujuy y Salta, que nos posicionan en depósitos de vanguardia para la tecnología del presente y futuro.
La desinversión tiene sus largos años y es algo recurrente de 1983 a la fecha. En el gobierno de Raúl Alfonsín, la inversión en defensa iba del 2 a 2,5 por ciento del producto interno bruto; con Carlos Menem se bajó de 1,5 a uno por ciento; con Néstor Kirchner fue del uno por ciento del PIB; y con Cristina Fernández, 0,8 por ciento.
El último dato disponible en las bases del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri) y el Banco Mundial, de 2016, la inversión real fue de tan sólo el uno por ciento del PIB.
De ese presupuesto, que es el más bajo de América, el 85 por ciento se destina a salarios del personal y queda el 15 por ciento para mantenimiento.
Es preciso dejar atrás los paradigmas de la supuesta ausencia de hipótesis de conflicto, que por cierto son falsos. Nuestro país tiene una base termonuclear enemiga en Malvinas, donde quedó emplazada buena parte de las fuerzas armadas británicas en cooperación con la Otan.
Hay tan sólo 792 kilómetros en línea recta entre la ciudad de Río Gallegos y Puerto Argentino. ¿No es esa una clásica hipótesis de conflicto?
Además, si los delitos de sedición de algunos grupos armados como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), contrarios a la ley argentina en algunas provincias del sur argentino se multiplicasen; si Bolivia un día decide no enviarnos más gas natural desde Tarija en pleno invierno y peligra nuestra industria y el consumo popular; si Paraguay no coopera en la administración binacional de la represa Yacyretá-Apipé y decide no vendernos la energía eléctrica; si Chile no respeta los tratados de límites establecidos en 1881, 1883 y protocolos adicionales y solicita nuevos arbitrajes territoriales... ¿eso no constituye hipótesis de conflicto armado?
Es claro y lógico que la respuesta es sí; por lo tanto, la dirigencia política debe dejar de renegar con el pasado y poner las barbas en remojo, para dar una solución integral y definitiva al brazo armado de la Nación que nos legó la independencia y nos permitirá día a día una supervivencia segura, en un mundo global cada vez más hostil y proteccionista.
* Politólogo y presidente de la Fundación 20 de Noviembre