Por ahora, ni retiros voluntarios ni recortes de obra pública en Córdoba

El Gobierno tiene superávit corriente. Y le falta obtener una parte de los fondos para el megaplán de infraestructura en ejecución. Hasta 2022 deberá bajar impuestos y tendrá que comenzar a pagar los vencimientos de deuda.

El Gobierno de Córdoba presentó hace unos días la propuesta para que la Nación achicara su déficit fiscal en 115 mil millones de pesos, de cara a las exigencias que, se presume, impondrá el Fondo Monetario Internacional.

El detalle es interesante, sobre todo desde el punto de vista de la equidad federal, pero no dice una sola palabra sobre la contribución que podría hacer Córdoba o el conjunto de provincias para la disminución del rojo.

Es más, el propio Juan Schiaretti fue más allá y aseguró que las provincias no tienen desequilibrios y que al problema del déficit fiscal lo tiene la Nación. ¿Es tan así? ¿Córdoba no tiene nada que revisar? ¿No debería poner las barbas en remojo el Gobierno provincial, ante el tembladeral financiero que sacudió al país hace 10 días?

“Ajustar no, tiene que mantener la política actual de cuidar el gasto y mejorar la recaudación”, asegura Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de la Provincia.

Córdoba tuvo superávit corriente en 2017 y así está proyectado para 2018. Eso significa que los ingresos corrientes (que provienen de impuestos y tasas) son más altos que el gasto corriente. Esa cuenta no contempla inversión en obra pública ni toma de deuda. Así, en 2018 el “sobrante” es de 20.065 millones de pesos, el equivalente al 15,5 por ciento de los ingresos. En la Nación, es exactamente al revés: le falta el 16 por ciento de lo que gasta.

Ese panorama le da relativa tranquilidad, porque hay algo que los gobernadores no tienen claro todavía: cómo impactará el combo de devaluación más tasas del 40 por ciento en el sector privado, que es el que sostiene al Estado, con una presión tributaria altísima, con algunas tenues rebajas desde este año.

Si la recaudación no se resiente demasiado (todavía no se advierte, ya que Ingresos Brutos hasta esta semana viene creciendo al 30 por ciento anual), la variable estará en la obra pública y dependerá de un factor: cuánto se pueda pedir prestado.

El plan de inversiones este año es de 40.486 millones de pesos: desde el vamos, el 60 por ciento se iba a financiar con deuda. Una parte ya se pidió, pero si los mercados siguen cerrados o carísimos, esa será la variable de achique.

“Una vez más, el ajuste estará en la obra pública, quizá el único punto positivo que podía mostrar esta gestión después de 20 años con magros resultados en la vida de los cordobeses”, apunta Javier Bee Sellares, legislador provincial por la Unión Cívica Radical.

Pero, siempre un pero

Pero hay un detalle: se han comprometido a bajar impuestos y, además, Córdoba (con San Luis y Santa Fe) tiene excepcionalmente más plata que el resto de provincias, porque recuperó el 15 por ciento de la precoparticipación. “Cobró de una vez lo que otras cobrarán en cinco años”, dice Marcelo Capello, economista jefe del Ieral de Fundación Mediterránea, en referencia al resto, que recupera tres puntos por año.

Todas las provincias que firmaron el Consenso Fiscal deben bajar los impuestos entre este año y 2022.

“El riesgo es que Córdoba comprometa esos recursos adicionales que ya cobra por el 15 por ciento y luego le cueste reducir impuestos cada año”, agrega Capello. Para evitar eso, debe contener el gasto corriente.

La rebaja de impuestos de Ingresos Brutos y Sellos comprometida para 2019, a precios de hoy, le recortarán a la Provincia 6.647 millones de pesos, el 13 por ciento de su recaudación propia.

El momento de pagar

Hay una razón extra a la obligación de bajar impuestos, por lo que debería contener el gasto: los vencimientos de deuda.

Al igual que la Nación, la Provincia aprovechó la ventana de financiamiento que se abrió luego del acuerdo con los holdouts y salió a tomar deuda, con lo que se solventa parte de las cuatro inversiones emblema que acuña Schiaretti: gasoductos, Circunvalación, autovía 36 y la variante Costa Azul, en Carlos Paz.

Pero, claro, habrá que pagarla: “El perfil de vencimientos futuros de la deuda, en concepto de amortización e intereses, muestra fuertes vencimientos para 2021, 2024 y 2027”, advierte Ariel Barraud, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Si bien Córdoba cumple con las limitaciones que impone el Pacto de Responsabilidad Fiscal (el pago de intereses no puede superar el 15 por ciento de la recaudación corriente neta), tanto el stock como los servicios de deuda están en dólares, que acusan el fuerte impacto de la devaluación (ver aparte).

La tijera, en Epec

¿Entonces, no habrá señal de ajuste? En el entorno del gobernador dicen que la única señal contundente estará en Epec, aunque los recortes no tienen impacto fiscal, porque hoy la Provincia (con excepción de una parte de la tarifa social) no pone plata en la distribuidora.

Sí lo hizo hasta mediados de

2016, cuando asumía los vencimientos del bono por 565 millones de dólares, al 12,5 por ciento anual, que se emitió para financiar la central. Fueron unos 350 millones de dólares, entre capital e intereses.

Pero el embate contra lo que el Gobierno expone como privilegios del convenio colectivo de Luz y Fuerza es para darle eficiencia a la empresa, de modo que los próximos aumentos tarifarios sean más racionales. No es para abaratar la energía ya.

Y en lo demás, ¿no hay nada que mejorar? “Por el lado del gasto, es necesario hacer una reestructuración de programas y partidas, que en tiempo de crisis pueden ser consideradas superfluas”, dice el economista Eduardo González Olguín, candidato a gobernador en 2011 por el Frente de Unidad Popular y Humanista.

Ejemplos: como los 183,9 millones de pesos que se gastan en pasajes, viáticos y movilidad o los casi

10 millones de pesos en gastos reservados.

El 56 por ciento del gasto público

local está concentrado en pagar sueldos.

El área en la que más gasta la Provincia es en educación: allí se va el 32 por ciento de los recursos. Un 14 por ciento se transfiere a los municipios y otro 12 se gasta en seguridad.

Plan en marcha

El ítem siguiente, con el 11 por ciento de los recursos, es obra pública.

Y ahí es donde habrá recorte, quizá sea achicando los recursos corrientes que allí se iban a destinar, porque no se podrá tomar la deuda prevista o porque la Nación sigue demorando los pagos de la parte que asume.

Con recursos propios son 16.162 millones de pesos, el 40 por ciento de los 40.485,5 millones pautados. Los gasoductos tienen ya el financiamiento asegurado y no cuentan con contrapartida de la Nación. Pero para el resto de las obras, está el compromiso de la Nación de asumir su parte (que va del 30 al 70 por ciento, según el proyecto), que viene muy atrasada y con la búsqueda de recursos en el exterior.

Eso quedará en pausa si las condiciones siguen adversas, y sólo si son muy adversas, ya que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Por el momento, ese es todo el plan.