Continúa la saga de las multas sin pagar
La saga de los funcionarios públicos con registros de deudas por impuestos y multas de tránsito comenzó en diciembre de 2017.
La primera publicación de La Voz mostró que había casi 900 mil pesos por ese concepto entre funcionarios municipales de la ciudad de Córdoba. Había multas por alcoholemia o por conducir a contramano. La cifra impaga era de 56 de los 302 agentes de la planta política.
Luego fue el turno de los legisladores provinciales: un tercio de ellos debía más de 326 mil pesos por infracciones e impuesto automotor.
Y en enero mostramos que al menos seis de los 18 diputados nacionales que representan a Córdoba adeudaban más de 80 mil pesos por esas mismas categorías.
En el Primer plano de hoy, es el turno de aquellas entidades públicas y asociaciones civiles que tienen a cargo autos entregados por el Tribunal Superior de Justicia, vehículos secuestrados en causas penales que se distribuyen luego para diversos usos.
En este paquete, entran todos: Policía, fiscalías y una variada gama de reparticiones públicas en las que los conductores no se preocupan demasiado por respetar las nomas de tránsito. Hay casos curiosos, como policías que manejan mientras fuman o multados por maltratar a un inspector.
HAY CASOS CURIOSOS, COMO POLICÍAS QUE MANEJAN MIENTRAS FUMAN O MULTADOS POR MALTRATAR A UN INSPECTOR.
Todas estas publicaciones llevan el sello de Federico Noguera, especializado en periodismo de datos, quien junto a otros integrantes de La Voz registró y analizó miles de ítems de los portales de datos abiertos.
Además de impulsar el monitoreo ciudadano y ejercitar la transparencia, estos informes dejan flotando una pregunta: ¿se puede exigir a los ciudadanos el cumplimiento de normas que no cumplen quienes se encargan de hacerlas y de controlarlas?
Hay que admitirlo: es loable que las instituciones públicas abran estos datos para que sean accesibles a cualquiera. Pero una cosa no quita la otra. La transparencia es un deber, y refresca ciertas responsabilidades.