“Deben pagar o les quitamos los autos”
Los vehículos secuestrados en causas penales que maneja el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) están a cargo de una oficina en la que trabajan tres personas y depende de la Secretaría General, dirigida por Luis Sosa Lanza Castelli.
El funcionario dijo a este diario que los depositarios de los vehículos tienen la obligación de pagar las multas por las infracciones que cometen, mantenerlos en buenas condiciones, contratar un seguro y llevar la calcomanía con el nombre de la institución y otra que indique que se trata de un vehículo administrado por el TSJ.
Lanza Castelli contó que en varias ocasiones retiraron vehículos a organizaciones que no cumplieron los requisitos, y que el préstamo de los autos debe ser renovado cada año.
“Cuando nos enteramos de la existencia de infracciones impagas, les damos 48 horas a las instituciones para que informen sobre el tema y saneen las multas, o se les saca el auto. En esos casos, damos aviso a los ministros o a la persona encargada. Nunca tienen que dejar de pagar las multas, o les desafectamos el auto”.
De cualquier modo, Lanza Castelli señaló que resulta muy difícil para el TSJ controlar día a día en qué situación se encuentra cada auto que circula por la provincia, y que deben confiar en las instituciones depositarias.
No sucede lo mismo con las deudas por impuestos impagos a Rentas y a los municipios. “A las patentes no las pagamos, es cierto. No hay normativa que establezca que el depositario se tiene que hacer cargo. Al Estado no se paga, y los propietarios titulares del vehículo pueden venir a buscar un certificado para acreditar ante los municipios que su auto permanece secuestrado y que por eso no realizan el pago”.
Lanza Castelli destacó que la ley provincial 8.550 –de 1996–, que permitió hacer este uso de los vehículos secuestrados, significó una gran ayuda para el Estado.
“De esta manera, el Estado no tiene que gastar en su mantenimiento y los autos no acaban arruinándose en un depósito a la intemperie hasta que ya no sirven más; y en cambio sirven de ayuda para la tarea de muchas instituciones estatales y de organizaciones privadas de bien público”.