La deuda pública, una variable para examinar
¿Ajustamos la obra pública y ya está? Es decir, ¿resignamos hacer lo que se iba a financiar con deuda? ¿Eso alcanza para mantener las cuentas equilibradas ante el nuevo escenario nacional marcado por el ajuste?
El economista Ariel Barrau, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), señala que los gastos debieran crecer por debajo de la inflación para “lograr el lugar fiscal necesario para enfrentar los servicios de la deuda, en un escenario de evidente menor acceso al financiamiento que el que se preveía al momento de elaborar el presupuesto actual”.
En buen romance, esto significa que habrá que pagar en el corto plazo los vencimientos de la deuda que se tomó para hacer el ambicioso plan de obra pública, que alcanzó los mayores ratios de los últimos 25 años: 17 por ciento del gasto total en 2017 y 23 por ciento este año.
“No debe dejar de tenerse en cuenta que el horizonte de mediano plazo implica importantes vencimientos para la provincia”, agrega.
Señala que, según los últimos datos de deuda disponibles, el perfil de vencimientos futuros de la deuda muestra fuertes vencimientos para 2021, 2024 y 2027, períodos en los que vencen tanto los títulos internacionales emitidos para financiar la obra pública como para refinanciar los Boncor.
Barrau señala que si bien Córdoba cumple los parámetros de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la Provincia ha quedado “expuesta” dado el aumento del tipo de cambio.
“El stock de deuda en moneda extranjera, que era un tercio del total en 2009, llegó a representar a diciembre del 2017 más del 95 por ciento del total”, señala el especialista.
Así, cuando la moneda local se deprecia –como sucedió en los últimos días en el país–, tanto el stock como los servicios (es decir, lo que hay que pagar todos los años en concepto de interés y amortización) pesan más sobre las cuentas públicas.
De hecho, se proyectó un dólar para 2019 de 19,30 y una inflación del 15,7 por ciento. “
Aun así, se estima que el stock ajustado luego de la devaluación no superaría el 40 por ciento de los ingresos totales, ratio inferior al evidenciado en todo el período 2003-2012”, dice Barraud.