En favor del Cerro de las Rosas
La nueva normativa para la habilitación de negocios gastronómicos en el área de la calle Tejeda, en el Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba, que el Concejo Deliberante aprobó días atrás, puede lucir como un intento de solución a un problema que se ha tornado explosivo: la proliferación de bares y restaurantes en un área residencial. Y sería una solución si no consagrara viejos problemas y creara otros.
En principio, la nueva y brevísima normativa dice que sólo podrán habilitarse negocios de no más de 300 metros cuadrados, espacio más que suficiente para un bar o un restaurante mediano, lo que en los hechos legitima la expansión comercial hacia las calles adyacentes a la Tejeda.
Nada se aporta con referencia a la obligación de disponer de los residuos que cada uno genera, espacios propios de estacionamiento y tipología de los locales que se habilitarían.
Podría parecer irónico, pero resulta sencillamente cruel para los vecinos –que vienen librando una dura batalla a efectos de que se mantenga el carácter residencial del sector– que se les diga que todo permanecerá como está, pero no demasiado: en verdad, habrá de empeorar.
El proceso de expulsión de los habitantes del barrio seguirá ocurriendo, como una suerte de sangría en nombre de un dudoso progreso construido desde la destrucción de toda norma de convivencia.
Los pocos residentes que quedan en el sector deberán seguir lidiando con la basura de los negocios, con los automóviles estacionados sobre la vereda, con el ruido constante, con la música estridente, con las reyertas de borrachos y con el avance de los cuidacoches que se adueñan de las calles e imponen el pago del impuesto a la seguridad ajena.
Nada aporta la norma, resistida por toda la oposición, sobre la intensificación de los controles –hoy inexistentes– por parte de un municipio acostumbrado a normatizar sobre los hechos consumados.
No existe ley alguna en el mundo que consagre el derecho a la libre empresa, entendido como un avance de unos pocos sobre la vida de otros, tanto como no tiene rango constitucional el que una minoría pueda afectar a la mayoría condicionándole su forma de vida, usos y costumbres.
Como si de unas nuevas invasiones bárbaras se tratara, los emprendedores de hoy abandonarán mañana el campo en busca de tierras más feraces, dejando tras desolación. Allí están, para atestiguarlo, Nueva Córdoba, General Paz, Alta Córdoba y, próximamente, Jardín Espinosa.
El Concejo Deliberante debería dictar normas en pos del interés común y no para beneficio de sector alguno. Es la nuestra una democracia imperfecta, lo sabemos, y bien quisiéramos no decir lo que sigue: que sólo nos hemos perfeccionado en el aprovechamiento de sus defectos.