Ley y trampa en la protección de datos
Desde el 25 de mayo último, las amohosadas casillas de correo electrónico de millones de usuarios en todo el mundo comenzaron a recibir notificaciones por e-mail con un título que – palabras más, palabras menos– decía “estamos actualizando nuestras condiciones de uso”.
¿Los remitentes? Facebook, Google, Microsoft, Skype, Pinterest y una extensa lista de servicios cuyas apps y sitios corren en cientos, miles de millones de smartphones y computadoras en todo el mundo. Para la inmensa mayoría, no fue más que un e-mail mentalmente catalogado como spam o algo peor (intento de sustracción de datos, como mínimo).
Bueno, no era ninguna de las dos posibilidades. Se trataba de la notificación a propósito de la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (de ahora en más conocido como RGPD), que justamente se produjo el 25 de mayo en Europa.
Y antes de que nadie acuse a los gigantes tecnológicos de discriminar a una parte del mundo ofreciendo reglas que a priori suponen más cuidado y límites en el manejo que hacen de los datos de sus usuarios, algunos decidieron dar el golpe de efecto extendiéndolas a todo el mundo. Con algunas excepciones, como Twitter, que sólo las aplicará a cuentas europeas; porque Twitter es Twitter.
El RGPD implica un giro sustancial en el modo en que los usuarios se relacionan con las empresas en el mundo digital. Busca eliminar términos y condiciones incomprensibles, casillas validadas por defecto o la pérdida de control sobre los datos personales una vez cedidos, entre otras prácticas a las que estamos acostumbrados, porque “total no tenemos nada que ocultar”, falacia sumamente extendida.
Es un gigantesco primer paso. Tanto que el 26 de mayo, la ONG None Of Your Business (nombre traducible a “No es asunto tuyo”) presentó una demanda contra Google y Facebook porque ni siquiera avisando que “actualizan sus condiciones” cumplen con el RGPD.
El fundamento legal es que las grandes empresas se aprovechan del libre albedrío de los usuarios respecto de dónde compartir sus datos para obligarlos a aceptar sus condiciones en forma de “tómalo o déjalo”. En otras palabras, si para usar cualquier servicio la condición fundamental es aceptar sí o sí unas condiciones de uso, el consentimiento sería forzado.
Hay denuncias en cuatro organismos europeos, y si la Justicia encontrara culpabilidad en el accionar de las empresas, podrían afrontar multas que van desde 1.300 millones a 3.700 millones de euros. Mucha plata, incluso para Facebook.
Pero esto recién empieza. Facebook avisó que seguirá compartiendo datos de sus usuarios con WhatsApp –de su propiedad– para “intercambiar información y tomar acciones” contra “contenidos abusivos o spam”. Además, Zuckerberg dice sin un ápice de vergüenza que no comparte esos datos, que usa para “mejorar la experiencia del producto o los anuncios en Facebook”, aunque no descarta hacerlo “en el futuro”.
Más grave todavía que corroborar la incapacidad de Mark para separar “el bien común” del hecho de haber construido su fortuna como uno de los cinco hombres más ricos del planeta es verificar que existe una “ingeniería legal” que seguirá peleando para que estas plataformas se arroguen la propiedad de nuestros datos.
Lo dicho: es apenas un primer paso.