Hubo un último intento del Gobierno para tratar de convencer al bloque opositor
Mauricio Macri y Marcos Peña no sólo no consiguieron frenar el proyecto antitarifazo de la oposición, sino que al peronismo del Senado, que estaba al borde de ruptura, lo unieron aún más: el interbloque Argentina Federal, que conduce Miguel Pichetto, cerró filas ayer y anunció que hoy, en el recinto, convertirá la iniciativa en ley. El final está cantado: el Presidente la vetará.
Durante todo el día de ayer circularon versiones sobre supuestas negociaciones entre funcionarios y senadores justicialistas con el fin de desactivar la propuesta opositora y encontrar una solución consensuada.
Las versiones provenían de la Casa Rosada. El propio jefe de Gabinete confirmó que había tales acercamientos y que estos serían “hasta último momento”. Pero en el Congreso los negaron e indicaron que hubo solamente algunos llamados telefónicos sin propuestas concretas. “Estos muchachos ya no saben qué operar”, dijo a La Voz un vocero parlamentario sobre estas conversaciones.
Con el diálogo cortado sobre este asunto, hoy, a partir de las 14, el Senado avanzará en sesión con el proyecto que retrotrae las tarifas a noviembre del año pasado, establece que las subas no podrán ser superiores a los aumentos salariales y restituye los subsidios a Buenos Aires.
Posturas
El Gobierno considera inconveniente la iniciativa, que ya tiene la media sanción de Diputados, porque sostiene que las tarifas deben seguir subiendo para reducir los subsidios y para que el sector energético realice inversiones.
La oposición, en cambio, entiende que los aumentos tarifarios son desmedidos, pero de todas maneras impulsa una ley que tendrá aplicación efectiva en todo el país solamente sobre el gas, que es el único servicio que está concesionado a empresas privadas por el Gobierno nacional.
Aunque legisla también sobre el agua y la luz, la ley no tendrá efecto en el interior del país, pero sí en la ciudad y parte de la provincia de Buenos Aires, donde operan Ede-
Miguel Pichetto, titular del interbloque Argentina Federal, dice tener 40 votos para aprobar hoy la ley que limita los aumentos de tarifas. Para el cuórum, necesita tener a 37 senadores en sus bancas. Luego, la ley saldrá por mayoría simple. El bloque de Pichetto puede sufrir la baja del salteño Rodolfo Urtubey, quien votaría en contra. De todos modos, Cambiemos sólo podría llegar a 30 votos, sumando a algunos bloques provinciales. sur y Edenor, que también tienen concesión nacional.
Con el agua, lo mismo: la ley alcanza a Aysa, que pertenece al Estado nacional, pero brinda el servicio únicamente en Buenos Aires. En el interior las prestadoras pertenecen en buena parte a los estados provinciales. En otros casos, como Córdoba, el servicio está concesionado.
Una ley política
En el justicialismo admiten que la iniciativa –negociada en Diputados por el kirchnerismo, el massismo y el peronismo– es mala, centralista e impracticable, según definieron, pero sostienen que no tienen margen para votar en contra porque quedarán ante la opinión pública pegados al Gobierno nacional en la toma de decisiones impopulares.
En una última instancia para tratar de convencer al bloque Justicialista de no votar el proyecto opositor que llegó de la Cámara Baja, pasado el mediodía de ayer, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, le ofreció al senador Miguel Pichetto el “traspaso inmediato” de las empresas Aysa, Edenor y Edesur a Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.
Aunque no se había hecho público, Pichetto le había transmitido un ultimátum a Federico Pinedo, titular del bloque macrista en el Senado: esperaba alguna propuesta
El único de los senadores justicialistas que votará en contra del proyecto opositor es el salteño Rodolfo Urtubey, quien apoya la intención de su hermano gobernador, Juan Manuel, de consensuar una salida política para morigerar la suba tarifaria en todo el país.
El gobernador de Salta le presentó al Presidente una propuesta para atenuar el impacto de las subas tarifarias mediante una baja del IVA. La idea le pertenece también a Juan Schiaretti. Cambiemos la tomó como propia y la presentó, pero mañana no será tenida en cuenta.
Al igual que Urtubey, votarán en contra del proyecto otros senadores opositores que ayer se reunieron con Macri en la Casa Rosada: los salteños Juan Carlos Romero y María Cristina Fiore Viñuales, el santafesino Carlos Reutemann y hasta el mediodía de ayer.
A esa hora, el ministro del Interior se habría comunicado para hacer esa oferta.
La respuesta de Pichetto fue negativa. En el bloque Justicialista había un fuerte malestar contra el Gobierno, luego del discurso del lunes pasado del presidente Mauricio Macri, quien les pidió a los gobernadores que sus senadores no votaran el proyecto opositor.
El traspaso de las empresas fue una propuesta que impulsaron los gobernadores Juan Schiaretti y el salteño Juan Manuel Urtubey. la neuquina Lucila Crexell. En el encuentro con el Presidente también estuvo el neuquino Guillermo Pereyra, quien sin embargo votará a favor.
Fue un ensayo de contracumbre de la reunión del interbloque de Pichetto, pero sólo para las fotos, ya que estos votos en contra no incidirán en el resultado: de los 72 votos posibles, el proyecto opositor obtendría 40 a favor y 30 rechazos. Los misioneros Maurice Closs y Magdalena Quintana se debaten entre ausentarse o abstenerse.
Imagen
Horas antes del encuentro de los senadores justicialistas, Peña había señalado que la ley antitarifazo supondría “una mala señal como sociedad” y “un retroceso en materia de credibilidad de un país que tiene que decir la verdad”.
Tanto en la Cámara Baja como en el Senado, legisladores peronistas presentaron la semana pasada proyectos en ese sentido.
La iniciativa apuntaba a los dos distritos más importantes gobernados por el macrismo: Capital Federal y Buenos Aires.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como la gobernadora María Eugenia Vidal no hablaron en público de la cuestión, pero no estarían de acuerdo, ya que sostener a estas empresas les demandaría una fuerte inversión de recursos.
QUÉ ES EL VETO PRESIDENCIAL. Es una atribución del Poder Ejecutivo a través del cual el Presidente puede rechazar total o parcialmente (es decir, todos o uno o algunos artículos) los proyectos de ley sancionados por el Congreso de la Nación.
CÓMO LO EJECUTA EL PRESIDENTE. El jefe del Estado puede rechazar un proyecto de ley completo o parcialmente hasta 10 días hábiles después de su sanción en el Congreso y ese pronunciamiento debe contar con la firma de uno o más ministros del Gabinete. Además, desde la reforma de la Constitución en 1994, hay veto parcial. Esta facultad permite que el Ejecutivo pueda objetar una parte de la norma y no su totalidad. De esta manera, el Presidente puede promulgar parcialmente la parte no vetada, siempre y cuando esta no desvirtúe el espíritu del proyecto sancionado por ambas Cámaras.
¿PUEDE HABER MARCHA ATRÁS PARA EL VETO?
Como establece el artículo 83 de la Constitución nacional, después del veto, el proyecto regresa a la primera Cámara donde comenzó su debate en el recinto. Si se aprueba con dos tercios de los votos, pasa a la Cámara de revisión. En estos casos, las votaciones son “nominales”, por Sí o por No. Entonces, si en las dos Cámaras la mayoría vota Sí, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo para ser promulgado. En cambio, si las Cámaras difieren, el proyecto no podrá volver a debatirse en las sesiones de ese año.
Por su parte, el Presidente no puede usar su poder de veto cuando el Congreso insiste en un proyecto previamente vetado.