Una sentencia ejemplar
se da en el marco de la llamada “doctrina del foro público”, reconocida por la Corte Suprema de Estados Unidos como parte de las garantías a la libertad de opinión establecidas por la Primera Enmienda a la Constitución.
“Como ningún funcionario del gobierno está por encima de la ley y se supone que todos los funcionarios siguen la ley una vez que el Poder Judicial ha dicho cuál es la ley, debemos asumir que el presidente remediará el bloqueo que consideramos inconstitucional”, afirma el fallo, que también menciona al funcionario de la Casa Blanca encargado de la comunicación presidencial en las redes sociales.
No importan la tecnología o la metodología que le permitan a un ciudadano difundir su punto de vista sobre un tema cualquiera; siempre, la actitud del funcionario implicado debe ser la misma: no reaccionar de modo tal que frene la expresión ciudadana.
Una abogada de los demandantes señaló el preciso campo en el que la sentencia tendrá aplicación inmediata: “Debería guiar a todos los funcionarios públicos que se están comunicando con sus electores a través de las redes sociales”.
En otras palabras, si las redes sociales abrieron un nuevo horizonte a la comunicación política –sea de la gestión de una administración cualquiera, sea de un candidato electoral–, ahora la Justicia viene a decir que esa interacción debe ser plenamente libre en ambas direcciones.
Del mismo modo que el funcionario o el candidato buscan enviarle un mensaje al ciudadano, este tiene el mismo derecho a usar ese canal para retrucarle lo que considere de su interés.
Hace poco, recordemos, el Congreso de los Estados Unidos citó al propietario de Facebook, Mark Zuckerberg, para que explicara cómo fue posible que datos de los usuarios de esa red social se utilizaran con fines electorales.
Si a esa acción se agrega este fallo judicial, puede advertirse cierta preocupación de los distintos poderes democráticos por establecer fórmulas o protocolos de actuación en las redes sociales para regular la comunicación política sin afectar la libertad de expresión. Otros países debieran imitar el gesto.