A 20 años del juicio a Eduardo Angeloz
El fallecido exgobernador fue absuelto del delito de enriquecimiento ilícito. El proceso se inicio en mayo de 1998. El radical debió renunciar a su banca de senador nacional.
Hace dos décadas, se realizaba el histórico juicio por enriquecimiento ilícito al exgobernador radical Eduardo César Angeloz. El entonces senador nacional debió renunciar a su banca para afrontarlo. La sentencia fue absolutoria.
El lunes 18 de mayo de 1998, el edificio de Tribunales II en la ciudad de Córdoba abrió las puertas a una marea. La calle y el playón de ingreso estaban ocupados por los camiones de exteriores de los canales de televisión, 120 periodistas llegados de todo el país hacían cola para ingresar a una sala especial con circuito cerrado de televisión y 250 policías vigilaban cada rincón de los tribunales.
El centro de la escena estaba en una pequeña sala que, durante cinco meses, estaría ocupada por tres jueces, dos fiscales, 15 acusados, 16 abogados y una mínima audiencia de familiares e incondicionales.
Era la conclusión de una investigación que había llevado tres años y había llenado 8.700 fojas y 163 carpetas de pruebas.
Un regalo de Illia
Iba a comenzar, por primera vez en la historia argentina, un juicio oral y público contra un político acusado de enriquecimiento ilícito. El político no era otro que el tres veces gobernador de Córdoba y excandidato presidencial por el radicalismo Eduardo Angeloz.
Por primera vez, un juzgado iba a aplicar una figura penal incorporada en 1964 por el gobierno del presidente radical Arturo Umberto Illia para combatir la corrupción en la administración pública.
Un aspecto interesante de la figura penal era que permitía juzgar al enriquecido y también a las personas que habían actuado como testaferros.
Luego de dormir en los estantes legales durante 31 años, el delito fue desempolvado en 1995, en Córdoba, cuando la tercera administración consecutiva de Angeloz se incendiaba en un cóctel de crisis financiera internacional y corrupción interna.
Angeloz ingresaba a esa audiencia –para él, ignominiosa– acompañado de 14 personas acusadas de haberle ayudado a esconder su crecimiento patrimonial, de haber sido sus testaferros.
Entre ellos estaban sus hijos Carlos y Eduardo, algunos empresarios y su amigo y apoderado del radicalismo cordobés, Jaime Pompas, expresidente del Banco Social. Esta entidad desapareció bajo el peso de los créditos millonarios que otorgó sin garantías válidas a cientos de amigos del poder.
Un señor solemne
Era toda una síntesis política de aquel tiempo: simultáneamente al juicio por enriquecimiento ilícito contra Angeloz, en otras dos salas del mismo edificio se llevaban a cabo audiencias públicas en las que se juzgaban millonarios casos de corrupción que involucraban a los presidentes de los dos bancos oficiales: José Walter Dorflinger y el mismo Pompas, además de a otra docena de exfuncionarios.
Angeloz, que había tenido que renunciar a su banca en el Senado de la Nación luego de que el juez cordobés Manuel Molina le pidiera el desafuero, ingresó a la primera audiencia envuelto en una armadura de solemnidad y acompañado de su defensor: José Buteler.
Lo acompañaría durante los cinco meses de audiencias un puñado mínimo de fieles, entre los que se encontraba un trío de mujeres incondicionales: su hermana Thelma, y las hermanas Cleopatra y Gloria Gianni.
Buena parte del radicalismo cordobés lo había apartado con vergüenza, incluido el gobernador Ramón Mestre, quien, en la versión angelocista, había facilitado la realización del juicio para sacárselo de encima.
El ambiente de sala fue siempre cortante, a punto de que saltara la chispa, por el duro enfrentamiento entre los defensores y el tribunal con los fiscales Carlos Ferrer y Jorge de la Vega.
Los fiscales habían impugnado al tribunal de la Cámara 7ª del Crimen, integrado por Juan Barrionuevo, Federico Pastrello y Jorge Moya, porque consideraban que había sido puesto a dedo por el Tribunal Superior para salvar al exgobernador.
Pastrello, jubilado desde 2001 y el único de los miembros del tribunal que sigue vivo, le dijo a este medio: “Es verdad que parecía que iba a ser una audiencia muy conflictiva, nerviosa, pero transcurrió en paz”.
La primera jornada comenzó con una fuerte acusación del abogado Buteler contra la prensa por haber publicado parte de un anónimo con el que se había panfleteado Tribunales mostrando supuestas triangulaciones telefónicas entre miembros del tribunal y los abogados defensores. “Hasta hoy me sigue pareciendo algo indigno de la prensa de Córdoba”, dijo Buteler cuando fue consultado.
Un largo invierno
Hasta llegar a su sentencia, el 5 de octubre, el juicio atravesó casi 200 horas de audiencia y la declaración de 101 testigos, el 60 por ciento de los cuales había sido pedido por los fiscales.
“Lo que pasó en aquel juicio fue una muestra de la debilidad del sistema judicial y de su permeabilidad a las influencias del poder”, reflexiona hoy el fiscal Ferrer.
Angeloz festejaría al final, pero además de lo que él describiría como un “largo escarnio”, durante el juicio tuvo que atravesar tres jornadas muy duras.
La primera fue a poco de iniciar la audiencia, el 22 de mayo, cuando al comenzar a leer su descargo no pudo mantener la contención de los últimos años y se ahogó en llanto. Fue un mal paso para él, porque en lugar de escuchar sus palabras, el país vio a un político acusado que lloraba: casi una admisión de culpabilidad.
Luego, la pasó mal en dos audiencias en las cuales se evidenció que, pese a sus negativas, sí había tenido intervención directa en las negociaciones para comprar la vieja radio cordobesa LV2, una de las propiedades que se le adjudicaban, además de campos en el norte provincial, departamentos y una estación de servicio, entre otros bienes.
Un empresario contó cómo, en su despacho de la Casa de Gobierno, Angeloz lo había presionado para que vendiera la radio. Luego quedó en evidencia cómo dos altos funcionarios habían ido en nombre de Angeloz a tratar de conseguir lo mismo.
Otro día, fuera de sí, el exgobernador empujó y le dio una cachetada en la entrada a la sala del juicio al abogado Marcelo Touriño, quien junto a un grupo de gremialistas bancarios fue autor de la denuncia por enriquecimiento ilícito que lo puso contra las cuerdas.
Victoria y derrota
Tan intensas fueron aquellas jornadas que los protagonistas de aquellos días mantienen rencores o afectos hasta el día de hoy. Fue un proceso que marcó a todos ellos.
Fue, además, un caso que signó al país. No sólo por su novedad, sino también porque fue una piedra de toque de la época.
El entonces presidente Carlos Menem veía el juicio cordobés como un anticipo de lo que le esperaba cuando dejara el poder al año siguiente. El presidente del bloque justicialista en el Senado, Augusto Alasino, enfrentaba una acusación similar por la construcción de una mansión.
La clase política cordobesa, que años después, con la llegada de Unión por Córdoba al poder, sabría cómo blindarse, temía que la Justicia local tuviera ganas de seguir usando los pantalones largos: un miedo infundado.
Los fiscales habían pedido cinco años de prisión para el exgobernador. Cuando se leyó la sentencia absolutoria, el edificio de Tribunales explotó en un grito de gol.
Ese día, Angeloz y sus partidarios soñaron con una reivindicación nacional que jamás llegaría. El Senado reabrió las puertas a su hijo pródigo, pero Angeloz debió lidiar con la explicación del juicio hasta el fin de sus días, en agosto de 2017. Ni los homenajes que recibió en los años finales alcanzaron a compensarlo.
El exgobernador recibió aquel día llamadas de felicitación de los presidentes Alfonsín y Menem. El gobernador Mestre, diría después, no tenía su número para llamarlo.
Fue uno de los procesos más complicados de la historia judicial argentina. El país pensó que podía ser el inicio de una nueva época de transparencia republicana. Pero fue también otra ilusión que no prosperó.