De la eventual ley al derecho, un largo trecho
Es una enorme incógnita saber qué pasará en la Cámara de Diputados con el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito. La falta de certeza se agiganta si consigue la mayoría entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, y pasa al Senado.
De lo que casi no hay dudas es sobre qué pasará en Córdoba si los indecisos se definen por convertir este proyecto en ley: por moras para capacitaciones, reglamentaciones, redacción de protocolos o planteos judiciales, no entrará en vigencia en el corto plazo.
El antecedente es el Protocolo para el Aborto no Punible, que estuvo en vigor apenas 13 días en 2012, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que obligó a que se diera respuesta en 10 días a una mujer que solicitó un aborto producto de una violación.
La puesta en práctica fue objetada por Portal de Belén (hoy principal impulsora de la campaña Por las dos vidas en Córdoba) y desde 2014 aguarda una decisión –que ahora se dice inminente– del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.
La guía cordobesa era más restrictiva que el protocolo nacional: incorporaba la firma de un consentimiento informado y una consejería, e incluía un listado de médicos objetores de conciencia. Igual fue frenada antes de llegar a las rutinas de los hospitales.
La educación sexual es obligatoria desde 2006. Pero aún hoy existen muchas escuelas que no incorporaron estos contenidos. La Provincia, durante esta década, se dedicó a capacitar a docentes y dejó en manos de las comunidades escolares las diferentes modalidades para incorporar la temática en la currícula.
La Ley de Identidad de Género fue aprobada hace seis años. La Provincia no adhirió y no reglamentó su aplicación, cosa que complicó el reconocimiento de derechos de las personas a vivir con su identidad autopercibida. Hay dos casos de afiliados a la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) que requieren una cirugía de readecua- ción de sexo y que realizaron planteos ante la Justicia federal para sortear las negativas burocráticas, amparadas en que no se hizo aplicable la norma en Córdoba.
Y todos estos casos deparan resistencias mucho menores que el actual debate. Fiel a su táctica de evitar cualquier tema con costos políticos, el intendente Ramón Mestre eludió las definiciones. Tampoco el gobernador Juan Schiaretti dijo una palabra en público sobre el aborto. Además, instruyó a todos sus funcionarios para que no revelaran posturas. Con particular énfasis, a quienes estén a favor (una minoría estricta en su gabinete).
Trascendió que los cuatro diputados nacionales de Unión por Córdoba votarán en contra, por sus propias convicciones y por su pedido. El único que se pronunció por la Provincia es el ministro de Salud, Francisco Fortuna, a pedido de LaVoz. Lo hizo en contra.
¿Qué puede esperarse de la aplicación de una eventual ley de aborto legal de una gestión de la salud pública provincial que se manifiesta en contra?
Así como del dicho al hecho, de la eventual ley al posible derecho, al menos en Córdoba, puede haber un largo trecho.
¿QUÉ PUEDE ESPERARSE DE LA APLICACIÓN DE UNA EVENTUAL LEY DE ABORTO LEGAL DE UNA GESTIÓN QUE SE MANIFIESTA EN CONTRA?