A todos por igual
actores políticos, oficialismo y oposición, ante los momentos claves que vive su país, saben responder con altura, haciendo a un lado sus lógicos intereses sectoriales para privilegiar la búsqueda del bien común.
De cara al ajuste que se viene, ante la reformulación de las variables que sostienen el plan económico del presidente Mauricio Macri, tras el cimbronazo de mayo y el crédito acordado por el Fondo Monetario Internacional, es plenamente plausible que el peronismo de Córdoba, representado por el gobernador Juan Schiaretti, haya aceptado la invitación al diálogo y haya acudido a la Casa Rosada con una serie de propuestas tendientes a reducir el déficit fiscal.
Más allá de la buena relación personal que, se sabe, existe entre Macri y Schiaretti, en especial desde fines del año pasado, cuando 23 jurisdicciones provinciales firmaron con la Nación el acuerdo fiscal, no son pocas las fuentes del oficialismo que reconocen en Schiaretti al peronista con responsabilidad de gestión que más entiende de economía. Por eso, en situaciones como la que nos toca vivir, el Gobierno nacional le otorga a cada encuentro con el gobernador de Córdoba el valor de quien se sienta a escuchar a un interlocutor privilegiado.
En esta ocasión, a pesar del hermetismo que rodeó a la reunión, la prensa ha señalado que Schiaretti insistió en que las empresas que brindan servicios de agua y electricidad en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense ya no deben ser administradas por la Nación, sino transferidas a esas jurisdicciones.
También habría abogado por el traspaso del servicio judicial a la Capital Federal y por terminar con el reparto diferencial de los subsidios al transporte, que afectan al interior en detrimento del área metropolitana.
Ahora bien, para que esas propuestas no sean interpretadas como un palo en la rueda del oficialismo nacional, que gobierna esos distritos, el razonamiento que los justifica debiera nacionalizarse.
Para decirlo con claridad, que cada jurisdicción se haga cargo de sus cuentas. En el caso de Córdoba, sin ir más lejos, del déficit de la Caja de Jubilaciones, actualmente subvencionado por la Nación.
En otras palabras, cualquier fórmula que se proponga, sólo funcionará si su aplicación alcanza a todos los actores por igual.