Una herencia dolorosa en México: los desaparecidos
CHIHUAHUA. Los compañeros de trabajo de Yesenia Carrera muchas veces la abrazan con fuerza tratando de brindarle consuelo. Son jóvenes, como su hijo desaparecido hace menos de tres años en el norte de México.
“Hay días en que voy con la tristeza y me dicen que se me nota”, cuenta Carrera, de 48 años, quien trabaja en una fábrica ensambladora en la ciudad de Chihuahua. Sus compañeros le dicen: “Si de algo le sirve un abrazo de nosotros...”. Aunque saben que no es lo mismo que el abrazo de un hijo.
Carrera tiene la mirada eternamente triste desde que su hijo Carlos Antonio Perales Carrera, que tenía 28 años, desapareció el 29 de agosto de 2015 junto con otros seis trabajadores cuando colocaban una antena de telecomunicaciones para la Fiscalía estatal en un cerro.
Ocurrió en el gobierno del actual presidente, Enrique Peña Nieto. Fue en Le Baron, una zona de menonitas de Chihuahua, que es un estado con fuerte presencia de carteles de las drogas y que ocupa el sexto lugar en México en desapariciones.
En el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, una base oficial, se contabilizan casi 35 mil personas sin localizar en todo el país.
Tan sólo durante el gobierno de Peña Nieto (2012-2018) han desaparecido más de 21 mil personas. Es uno de los grandes dramas que tendrá que encarar quien gane las elecciones del 1º de julio para sucederlo a partir de diciembre.
En las urnas competirán el nacionalista de izquierda Andrés Manuel López Obrador –favorito en las encuestas–, el conservador Ricardo Anaya, el oficialista José Antonio Meade y el independiente Jaime Rodríguez “el Bronco”, que tuvieron un encuentro con víctimas como parte de sus campañas.
Grupos del crimen organizado o de las fuerzas de seguridad están detrás de muchos de los casos, aunque también hay personas en paradero desconocido por otras causas. No se sabe qué pasó con Perales.
A diferencia de lo ocurrido en otros países en el pasado, las desapariciones en México tienen lugar en plena democracia y sin un conflicto armado de por medio.
El hijo de Carrera era trabajador de la construcción y colocaba en el cerro una antena pagada con recursos de la Iniciativa Mérida, un plan de cooperación de Estados Unidos, según información oficial.
“Estas antenas se construyeron con auspicio de Iniciativa Mérida. Es una red de antenas de retransmisión con sistema de microondas para conectar a todas las corporaciones de policía del Estado”, dijo el fiscal General de Chihuahua, César Augusto Peniche, en un encuentro con medios alemanes.
“En total hay 37 sitios. Y desde luego muchas de estas estaciones de retransmisión están alojadas en regiones donde sabemos que hay gran actividad delincuencial por parte del crimen organizado”, señaló.
Sin embargo, no se sabe quién se llevó a los trabajadores ni cuál fue el motivo. Muchas veces las autoridades tienden a criminalizar a las víctimas, aunque no haya ningún dato certero, lo que profundiza el dolor de las familias.
“Nosotros no solemos descartar ninguna hipótesis hasta que tenemos alguna información cierta que nos permita ya decir o describir cuál fue el motivo”, señala Peniche. “La suposición de que pudo haber sido por la instalación de la antena es válida, pero no tenemos ningún dato que nos diga que efectivamente fue por eso”.
Carrera, como muchos otros familiares de víctimas, se ha ido quedando sola con su dolor.
Su apoyo emocional ha sido el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), que brinda apoyo, asesoría y consuelo a familiares de desaparecidos, como otros grupos civiles repartidos por todo México.
“Cuando se te desaparece un hijo, uno pierde la poquita familia que tiene porque todos tienen miedo a que les contagie uno con su tristeza”, afirma Carrera. “Ya a uno no lo invitan a ningún lado porque siempre está llorando. ¿Cómo no? Si todo le recuerda a uno a su hijo”.
De acuerdo con el informe “Desapariciones en México”, de la organización católica alemana Misereor –que trabaja con grupos como Cedehm o el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte de Ciudad Juárez–, los derechos de los familiares son “sistemáticamente menoscabados” por las autoridades. Apenas acusaciones y pocas ideas para el tercer debate.
Los candidatos a la presidencia de México entraron ayer a la recta final de la campaña tras un nuevo debate flojo en propuestas y marcado por las acusaciones de corrupción; un todos contra todos que dejó varios rasguños pero no parece que cambiará las preferencias electorales. Celebrado el martes en Mérida, capital del estado de Yucatán, el tercer debate versó sobre temas tan importantes como la educación, la tecnología, la salud o la lucha contra la desigualdad.
Tienen que luchar contra el desdén y contra la falta de personas capacitadas y de recursos de instancias oficiales para lograr una investigación eficaz y la búsqueda o identificación de víctimas. “En muchas regiones, organizaciones de familiares han creado sus propios grupos para buscar fosas clandestinas”, dice el informe.
Una ley en materia de desaparición de personas aprobada en octubre creó un sistema nacional de búsqueda de personas que podría ayudar a mejorar la situación, pero su suerte depende en gran medida de la voluntad política y de los recursos financieros.
“Hay familias que ni siquiera se atreven a denunciar. Hay algunas que sí lo hacen, pero otras desapariciones ni siquiera están documentadas”, afirma Joaquín Solorio Urrutia, de la organización campesina El Barzón de Chihuahua.
La desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural para maestros de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, después de ser supuestamente entregados por policías a un grupo criminal en septiembre de 2014, no ha sido esclarecida y será uno de los casos que heredará el próximo gobierno.
Pero, aunque ha habido promesas, “no veo a ningún candidato interesado en los derechos humanos”, lamenta Lucha Castro, una exactivista y defensora de las mujeres, que ahora integra el Consejo de la Judicatura de Chihuahua.