¿Es la inflación el principal problema de Argentina?
En todo este tiempo –mientras hablaban los principales referentes del Gobierno nacional, discurso amplificado por los medios afines a Cambiemos–, se fue generando entre la población la certeza de que la inflación era el núcleo de toda la problemática económica y social argentina.
Es decir que, si por milagro, mañana desapareciera de golpe, estaríamos en el mejor de los mundos y se acabarían los conflictos.
Este libreto tiene que ver con que el presidente Mauricio Macri, en uno de sus famosos spots de campaña, se jactaba de que la inflación era un problema simple de resolver y que el gobierno kirchnerista no lo hacía por impericia y falta de voluntad. A partir de allí, toda la logística publicitaria apuntó a desnudar a este flagelo como el verdadero demonio a vencer, con la presunción de que, en caso de ganar esa batalla, Cambiemos sería casi eterno.
Debido a esta obsesión, comenzó la lucha contra lo que los popes del Gobierno consideran la causa principal de la inflación: el déficit fiscal. A partir de esa definición, desapareció la “política económica”, la cual fue reemplazada por la “política monetaria”, proceso mediante el cual el presidente del Banco Central comenzó a tener más poder que el propio ministro de Hacienda, cuestión que oportunamente Alfonso Prat Gay no quiso consentir y fue desplazado.
A partir de la incorporación de Nicolás Dujovne y de Luis Caputo, desapareció la visión de una política económica a mediano y largo plazo.
Las únicas preocupaciones pasaron a ser la tasa de las Lebac, la evolución del tipo de cambio (para cambiarse de cartera a tiempo) y el nivel de endeudamiento externo.
En los tres puntos, el fracaso fue obvio, ya que frente a una mínima crisis internacional, se padeció fuga de capitales; para renovar las Lebac el Central debió tentar a los tenedores con una tasa del 40 por ciento; la devaluación de nuestra moneda se aceleró, y el nivel de los endeudamientos interno y externo creció en forma significativa. Ello desembocó en un pedido de auxilio al FMI, con las consecuencias que supone.
Desde mi óptica, siendo “políticamente incorrecto” y sin desmerecer las graves consecuencias que causa la inflación, en particular sobre los sectores más vulnerables, estimo que ella no es causa sino efecto de otros problemas agudos: la puja distributiva, la falta de crecimiento, exportación sin valor agregado, fuerte concentración del ingreso y falsa cultura de sostener una industria nacional ineficiente y extorsiva.
Todas estas variables conducen a mantener muy saludable a la inflación, la cual se retroalimenta a través de la emisión espuria de dinero, que tiene su razón de ser en paliar la pobreza y en la desprotección de un número muy importante de conciudadanos que están excluidos del sistema.
A la inflación se la puede combatir de dos maneras. La vieja receta, con la que insiste el actual gobierno, consiste en trabajar sobre la reducción de la demanda, es decir evitar que su exceso impacte en una suba de los precios. Para que esto tenga éxito, hay que aumentar nominalmente las tasas de interés, fomentando el ahorro y la especulación y desincentivando el consumo. Sus resultados han sido siempre los mismos: recesión, desempleo y protestas sociales. No creo que esta vez sea la excepción.
La segunda manera es incrementando la oferta, para lo cual hay que privilegiar la inversión, garantizar la seguridad jurídica y generar incentivos fiscales. Un ejemplo de ello es Estados Unidos, durante la crisis de 2008 y 2009: como parte de las medidas para sacar al país de la recesión, el Congreso aprobó un recorte de impuestos por 858 mil millones de dólares para personas físicas y jurídicas, con el objetivo de reactivar el consumo y luego mejorar los ingresos del Estado a través de una mayor recaudación, producto del crecimiento de la economía.
Los indicadores mostraron rápidamente números positivos, mínima inflación, crecimiento del PIB y del PIB per capita, disminución del déficit fiscal, aumento en las exportaciones y ventas récord, tanto en automóviles como en el sector minoristas y en el mercado inmobiliario.
Tengo conciencia de que no es simple resolver una problemática que lleva más de 50 años; tampoco creo en las soluciones mágicas, pero sí estoy convencido de que tenemos que repensar el diagnóstico y la medicina, porque hasta ahora los resultados han sido muy negativos.
Podemos seguir intentando remediarlo con programas contractivos y recesivos en los cuales a los negocios los hacen los especuladores, o apuntar a una mayor inversión, favoreciendo a los que apuestan a la producción y al empleo.
Abogo por lo segundo, más allá de que quien gobierna deba pagar el costo político de explicarle a la ciudadanía que para salir adelante, sin afectar el nivel de actividad y de empleo, es necesario crecer.
Y que mientras transcurre este proceso, la inflación puede ser considerada una externalidad negativa de un proceso positivo.
Sin dudas que también debe hacer su parte el Estado, en los ámbitos nacional, provincial y municipal, reduciendo su estructura de costos y garantizando las condiciones indispensables para aquellos que tengan la voluntad de invertir.
LA INFLACIÓN EN ARGENTINA DEBERÍA SER CONSIDERADA UNA EXTERNALIDAD NEGATIVA DE UN PROCESO POSITIVO.
* Doctor en Ciencia Política; docente de la UNC y de la UCC