“Vamos a arriesgarnos a ir a Estados Unidos, no podemos volver atrás”

REGRESAR A MICHOACÁN NO PODEMOS (...). ES ENTREGARSE A LOS ASESINOS.

Rafael Castillo, un mejicano decidido a llegar a Estados Unidos

Hace falta algo más que Donald Trump para meterle miedo a Rafael Castillo. El pasado 2 de mayo, a la hora de comer, terminó su jornada cortando limones en un campo de Apatzingán, Michoacán.

Después de saludar a sus padres, se dirigía a su casa cuando recibió una llamada: “Acaban de matar a tus hermanos”. Unos pistoleros habían acribillado a dos de sus hermanos delante de sus padres. Rafael había salido de allí 10 minutos antes. Los velaron y enterraron esa misma tarde.

Por la noche, le esperaban camionetas con hombres armados en su casa. Una amiga de su esposa les compró inmediatamente boletos de avión a Tijuana para ellos y sus tres hijos, a donde llegaron con lo puesto el 3 de mayo.

Castillo, de 44 años, contaba su historia acompañado de su esposa, Georgina Ayala, y sus hijos en el refugio Juventud 2000, uno de los que acogen en Tijuana a migrantes que esperan pasar al otro lado. Ellos huyen de la violencia en Michoacán, otros de las pandillas de El Salvador, otros simplemente de la miseria. En más de 50 tiendas de campaña en una nave con techo de aluminio, 107 personas el lunes aguardan su turno para presentarse en el puerto de entrada de San Ysidro, California, y pedir a Estados Unidos que les dé una oportunidad. Vienen familias completas. Hay decenas de niños.

Estas familias llegan a la frontera con Estados Unidos en un momento en que el país trata de disuadir la inmigración atacando a los niños.

El gobierno de Donald Trump, a través del fiscal general, Jeff Sessions, ordenó hasta ayer que a todo el que trate de cruzar ilegalmente se le impute un delito (hasta ahora eran procesados por vía administrativa). A esto se le llama “tolerancia cero”.

La consecuencia es que los migrantes fueron enviados a prisión antes de ser deportados y, como cualquier adulto en prisión preventiva, no pueden estar con sus hijos, que pasan a custodia de los servicios sociales del Gobieno. En la práctica, el Gobierno de Estados Unidos separó a las familias para disuadir la llegada de inmigrantes, según confesión propia. El país se encuentra sumido en una grave polémica, al más alto nivel político, sobre los derechos humanos de los inmigrantes.

Es pronto para saber si la disuasión está funcionando. Pero en Tijuana, no. “Vamos a correr el riesgo. Regresar hacia atrás a Michoacán no podemos. Vamos a ver qué pasa”, decía Castillo. “Regresar es entregarse” a los asesinos, añadía Ochoa. En teoría, estas familias van a hacer lo que el fiscal Sessions dice que tiene que hacer todo el que quiera entrar en el país. Presentarse en un puerto de entrada y exponer su caso para pedir asilo.

Ni se plantean cruzar ilegalmente, decían. Sin embargo, algunos abogados de inmigrantes indican que no tienen en absoluto garantizado seguir juntos al otro lado, ni ser deportados juntos.

Por este mismo refugio de Tijuana pasó a principios de mayo parte de la llamada caravana, un grupo de 400 personas que llegaron juntas desde Centroamérica. Hicieron lo mismo que cientos de personas cada día, exponer su caso en la garita y pedir asilo.

Las historias de migrantes revelan al menos dos factores que eluden toda la disuasión. Primero, que algunos sí pasan con sus hijos y se quedan. Y mandan fotos al otro lado que llenan de esperanza a los demás. La otra, que todo lo que hay hacia atrás es peor.