Falta la mitad de las declaraciones juradas
El 48% de los funcionarios de las agencias, entes autárquicos y empresas estatales no publicó su declaración patrimonial. Se trata de directores y vocales de las principales reparticiones que integran el Estado provincial.
El 48 por ciento de los funcionarios de agencias provinciales, entes autárquicos y empresas en control del Estado provincial no cumplió con su obligación de publicar en la web su declaración patrimonial. La Agencia Córdoba Joven, con el menor cumplimiento.
Dos vocales de la obra social oficial Apross, tres dirigentes de la Agencia Córdoba Joven, un par de altos funcionarios de la Lotería de Córdoba, directores de la empresa Caminos de las Sierras y, prácticamente, todas las autoridades de la Universidad Provincial.
Esa enumeración es sólo un breve sumario de una importante cantidad de funcionarios de agencias, entes autárquicos y empresas del Estado provincial que no cumplieron con la obligación legal de hacer públicas sus declaraciones juradas de ingresos y bienes.
Los incumplidores conforman el 48 por ciento del total de altos cargos designados por el Gobierno para dirigir los destinos de cada uno de estos organismos descentralizados y empresas bajo control estatal.
El dato proviene de comparar la estructura orgánica actualizada de los organismos y empresas, que está subida a la red de sitios de la Provincia, con el listado de declaraciones juradas que se aloja –por ley– en la web oficial.
Todo cargo político debe presentar declaración
La obligación está fijada en la ley provincial 8.198.
Según la ley provincial 8.198 y sus modificatorias, en el Poder Ejecutivo están obligados a presentar sus declaraciones juradas al iniciar y al finalizar sus funciones el gobernador y el vicegobernador, los ministros, el fiscal de Estado, secretarios, subsecretarios y directores. También los miembros de los directorios de las agencias, de las empresas del Estado, de entes autárquicos y de sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado provincial. Y “todo aquel que ocupe un cargo político”.
El porcentaje es superior al que La Voz detectó en la administración central del Gobierno de Juan Schiaretti (entre ministerios y secretarías), donde el 33 por ciento de los altos funcionarios no había cumplido con la misma obligación, según el relevamiento que publicamos la semana pasada.
El resultado del análisis revela que de los 109 directivos de agencias, entes descentralizados y empresas estatales (entre presidentes, vicepresidentes, vocales y directores), sólo 57 (el 52 por ciento) publicó sus declaraciones de patrimonio. Esto pese a que la ley provincial 8.198 y sus modificatorias los obligan a presentarlas en un plazo máximo de 30 días después de haber asumido en el cargo.
Luego de la consulta que La Voz hizo al Centro Cívico con el objetivo de conocer las causas de las demoras, empezaron a aparecer nuevas planillas, ausentes hasta el momento del relevamiento, que se llevó a cabo el pasado 11 de junio.
Entre los morosos figuran, incluso, algunas de las máximas autoridades de los organismos, como Jorge Marcotegui, presidente de la Agencia ProCórdoba; Mariano Méndez, presidente de la obra social estatal Apross, y Raquel Krawchik, rectora de la Universidad Provincial.
Las declaraciones juradas se deben presentar en la Escribanía General de Gobierno. Ese organismo tiene que trasladarlas a la Secretaría General de la Gobernación para que las publique en internet y puedan ser consultadas por la ciudadanía.
La ley dice que se deben confeccionar dos versiones de la misma declaración. Una tiene que ser minuciosa (formulario A) y la otra más general (formulario B). La primera queda en Escribanía General y los datos no pueden ser difundidos si no media una orden judicial o el pedido de un tribunal administrativo.