Nuestra responsabilidad al educar
“Profe, ¿por qué los derechos del niño son tan obvios?”, me preguntó una alumna de cuarto año cuando recitábamos la convención que los describe.
“¿Por qué? ¿Por qué será necesario redactar y enunciar cosas tan obvias?”, le respondí con otra pregunta.
No lo pensó demasiado, su cara se iluminó y respondió: “Porque no se cumplen”.
La Ley 26.150 de 2006, por la cual se creó el Programa Nacional de Educación Sexual, buscaba garantizar el derecho de los y las estudiantes de todo el sistema educativo a recibir "educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada" en todos los ámbitos de nuestro país.
Actualmente, y según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, en nuestro país hay 700 mil nacimientos por año. El 16% de los mismos son de madres adolescentes de entre 15 y 19 años (en algunas provincias trepa al 25%). Más de tres mil son de niñas de 10 a 13 años. Casi el 70% de esas niñas y adolescentes no planificaron ni desearon ese embarazo.
La cara oscura, pero innegable, de esa moneda nos remite a las cifras del aborto en nuestro país, y el desplazamiento hacia la clandestinidad y a la mortandad de estas niñas madres. También a la inequidad: la pobreza y la exclusión social están presentes en la mayor cantidad de estas situaciones. Ante el rotundo fracaso que evidencian las estadísticas, situar la problemática del embarazo adolescente en sus múltiples dimensiones –sociales, políticas, sanitarias, culturales, de género– implica reconocer las implicancias y responsabilidades de cada actor involucrado. Desde el rol de educadores, es innegable que debemos bregar por la plena implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Es de vital importancia defender y sostener un enfoque basado en los derechos sexuales y en los derechos reproductivos como derechos humanos.
El reciente debate legislativo en torno al aborto ha dejado ecos resonado en nuestra sociedad, entre otros, el lema de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito que recita: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. No podemos abandonar como educadores nuestra posición en la vanguardia de esta proclama.
No podemos renunciar a nuestra responsabilidad en las aulas (lugar maravilloso de encuentro con el otro o la otra) de recuperar en cada momento, en cada situación cotidiana, la idea de que es posible construir un presente que cuestione y reduzca las desigualdades en el acceso a la educación sexual y a los métodos anticonceptivos, que visibilice las relaciones de violencia hacia la mujer desde las etapas más tempranas, que desnaturalice las ciudadanías “de baja intensidad” y promueva la participación juvenil como motor genuino del cambio.
Somos más libres al poder elegir, de eso no hay dudas; la educación sexual es nuestra herramienta para ampliar el margen individual y colectivo de decisión y apropiación de derechos. Es esa, ni más ni menos, nuestra responsabilidad al educar.
LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL ESTÁN PRESENTES EN LA MAYOR CANTIDAD DE ESTAS SITUACIONES. HAY INEQUIDAD.