Perturbadoras señales
El acto central del Día de la Bandera se vio opacado por la ausencia del presidente Mauricio Macri y la controversia que su decisión suscitó entre la Casa Rosada y la Gobernación de Santa Fe.
La cancelación del viaje presidencial a Rosario se justificó en la posibilidad de que su presencia fuese utilizada por agrupaciones políticas y sociales para causar disturbios. Según la Casa Rosada, “los responsables de la seguridad presidencial y del Gobierno de la Provincia de Santa Fe” concluyeron que deberían reforzar la seguridad ante la posibilidad de enfrentamientos con manifestantes.
En concreto, el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Agencia Federal de Inteligencia habrían detectado que unos 1.500 activistas violentos –supuestamente enrolados en el kirchnerismo, los partidos de izquierda y una autodenominada “Multisectorial contra el Tarifazo”– estaban dispuestos a interrumpir el acto.
Incluso se habría llegado a manejar la preocupante hipótesis de un “operativo escrache” contra Macri. Para no vallar la zona e impedir la participación de los vecinos que de manera voluntaria y pacífica deseasen asistir, se optó por desistir de la participación del Presidente.
Hasta aquí, y haciendo la salvedad de que siempre es preocupante cualquier atisbo de violencia política, por lo que debiera ser repudiada por todas las organizaciones políticas y sociales, la inasistencia de Macri no soluciona el problema detectado y abre varios interrogantes.
¿Sienta algún tipo de precedente que regirá de aquí en más la conducta de las autoridades nacionales? ¿No guarda alguna relación con la entrega de una banana al “gorila” Marcos Peña en Nueva York y la interrupción de un entrenamiento del seleccionado de fútbol en Barcelona?
Ante una oposición que parece buscar “intervenir”, en el sentido artístico del término, diferentes actos protocolares para generar “acontecimientos” que dejen mal parados a los funcionarios del Gobierno nacional, ¿la respuesta será suspender su participación en dichas actividades y propiciar el consiguiente encierro de las autoridades?
Lamentablemente, eso no fue todo. Las cambiantes y contradictorias declaraciones del gobernador de Santa Fe abrieron otro complejo –y algo bizarro– escenario. Primero, Miguel Lifschitz se quejó por la ausencia presidencial y sostuvo que la seguridad estaba garantizada, contradiciendo la versión oficial. Pero tras las declaraciones del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien ratificó que la decisión se había tomado en conjunto con Santa Fe, admitió que tenía su lógica.
Por si no queda claro, su rol institucional debería haberle indicado que no podía aprovechar la situación para criticar al Presidente.
Que un integrante del gabinete presidencial haya tenido que confesar el “detrás de escena” para que el gobernador modificase sus dichos, es un claro signo del poco peso que la institucionalidad tiene para nuestros gobernantes. No dudan en privilegiar sus intereses políticos en vez de relativizarlos por efecto del cargo que ocupan.