El azúcar y la Justicia, una relación pegajosa
El 7 de septiembre del año pasado, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó la ordenanza que limitó la provisión de azúcar en bares y en restaurantes. Hasta último momento, el lobby del Centro Azucarero Argentino intentó impedirlo llamando a concejales oficialistas y opositores, y escribiéndole cartas al intendente Ramón Mestre. Pero la norma salió, con adhesión unánime.
“El consumo excesivo de azúcar es perjudicial para la salud”, debían decir los carteles en los locales gastronómicos, que ya no podrían poner en la mesa los azucareros o los sobrecitos a libre demanda del cliente, sino entregarlos a pedido, como ocurre hace años con la sal. Esa era la idea que se plasmó en esa ordenanza, pero que nunca se había aplicado, hasta hoy.
El propio texto de la normativa abría un período de adaptación de 180 días, que se cumplieron en marzo. Antes de esa fecha, la ordenanza no podía entrar en vigencia: el Centro Azucarero tucumano, luego de la batalla política liderada por el gobernador Juan Manzur, logró que un juzgado dictara un amparo contra la ordenanza.
Los asesores letrados de la Municipalidad plantearon el conflicto de jurisdicción a la Cámara tucumana, alegando que si mantiene la causa en esa provincia, llevará la discusión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si, como quiere Córdoba, la Cámara admite el planteo de la ciudad de que se discuta en los tribunales de esta provincia, serán los litigantes tucumanos los que lleven la discusión a la Corte.
¿Cuánto tiempo más pasará hasta llegar a un resultado? Un pronóstico prudente de los abogados del municipio dice que cuatro años.
La medida cautelar no sólo mantiene los sobrecitos en la mesa: la ordenanza obligaba a que se respetaran cupos de bebidas sin azúcar en las cantinas de espectáculos públicos o deportivos, y que las heladerías tuvieran productos light entre sus ofertas. Nada se aplica.
El año pasado se discutió semanas sobre los sobrecitos de azúcar. Y la principal crítica que recibió el debate fue su irrelevancia para lo que se proponía: cuidar la salud. Y que sólo servía para malgastar el tiempo de concejales y de funcionarios.
No recibe el mismo cuestionamiento la Justicia. Hay mucho escrito sobre la perniciosa injerencia de los actores políticos en ese poder, de quienes se defiende su independencia. Se ha dicho bastante menos sobre el fenómeno opuesto: la excesiva injerencia de la Justicia en temas que se resuelven en otros poderes, como el Ejecutivo o el Legislativo.
La demora en la aplicación de la ordenanza del azúcar por una cautelar puede parecer un tema menor. No pasa lo mismo con otros temas que se judicializaron y pusieron en suspenso distintas políticas públicas: el protocolo de Aborto No Punible en Córdoba y la instalación del Complejo Ambiental Cormecor, para el enterramiento de la basura de la ciudad de Córdoba y de otros 19 municipios, residuos que hoy saturan el predio de Piedras Blancas, son ejemplos de estos asuntos que dependen del buen juicio (y de los tiempos que se tome en llegar a él) Su Señoría.