Temen que con el ajuste se dispare el delito
Claudio Gleser
Nunca son buenos los tiempos en seguridad, menos para cualquier fuerza policial. En términos futbolísticos, lograr un empate contra el delito alcanza para estar conformes. Sin embargo, y pese a algunos discursos, muy lejos estamos de festejar. Córdoba no está bien frente al delito.
Para peor, en el Gobierno provincial tienen un mal pronóstico puertas adentro.
En altos despachos oficiales, manejan la hipótesis de que el ajuste que implementará la Nación frente a la crisis económica podría repercutir en la inseguridad. Córdoba no es una isla, piensan. En Córdoba crecerá el delito, temen.
Este razonamiento se hace sobre la base de que el ajuste repercutirá directamente en el gasto público. Las obras y las inversiones estatales disminuirán y, sumado a que las medidas laborales aún no dan efecto, se agravaría la crisis.
Siguiendo con esa línea de razonamiento del Gobierno provincial, un agravamiento de la crisis social y económica, sumado a la deficiente contención para los estratos bajos, agregado a la nula reinserción de quienes delinquen, la exclusión y el crecimiento del consumo de drogas, se generaría un caldo propicio para que las cifras del delito se disparen en el país. Córdoba, temen, no sería la excepción.
A Juan Schiaretti y a su equipo les quedan 18 meses de Gobierno. En el Ministerio de Seguridad y en la Policía lo saben tan bien como tienen claro que empatarle a la ola delictiva es la gran cuenta pendiente.
Los números que se manejan no son buenos. No por nada no se los da a conocer. Asaltos a viviendas y a comercios, robos callejeros por parte de motochoros y episodios delictivos cada vez más violentos abonan un combo que la Policía no logra controlar.
En la Secretaría de Seguridad y en Jefatura de Policía –donde, justo es decirlo, no faltan el trabajo y la decisión de corregir errores– elaboran un plan para los próximos 18 meses. La idea es resistir y empatarle al delito.
Días atrás, ya hubo una purga en la Policía.
El comisario Jorge Gómez, otrora hombre poderoso en la fuerza, fue sacado del área de seguridad de Capital y pasado a retiro. “La Rosa”, con cuatro años en ese cargo, limpió su escritorio dolido, sintiéndose traicionado.
“No se adaptaba a los nuevos desafíos”, se oyó desde el despacho de Gustavo Vélez, un jefe policial que antes de tomar decisiones llama por teléfono a Gobierno.
Además de la inseguridad, otro gran problema en la Policía es la incesante serie de escándalos protagonizados por uniformados de todo rango, tanto agentes como comisarios.
En lugar de Gómez, entra Félix Quinteros, un comisario que viene de combatir el delito en la mitad norte de la provincia. Trae ideas. Le impondrán otras.
Por caso, deberá seguir fomentando el trabajo conjunto en los operativos con Gendarmería y con Policía Federal. Se viene un fuerte trabajo contra motochoros y dealers. Quieren que haga patrullar, que trabaje con estrategia, que use la millonaria inversión oficial en tecnología, que hoy no está sirviendo.
Otra purga fue en Caminera. Adrián Delgado, otro experimentado uniformado, fue enviado a casa. Lo reemplaza Pablo Arregues, un nuevo mimado. No por nada estuvo en una gira por los Estados Unidos, de visita a distintas policías, con Vélez y con Diego Hak, secretario de Seguridad.
En el Panal, quieren que la Caminera no sea sólo una Policía que multe por viajar fuerte o no llevar luces prendidas. Quieren que colabore con la seguridad. Que controle autos, detenga a ladrones, ubique a narcos. Esos policías tendrán que controlar las patentes de los coches y afinar el olfato. “Basta sólo de multar. Los choros también andan por las rutas”, fue el reproche que se oyó desde el despacho de Hak.
Quedan 18 meses. No sobra el tiempo para empatarle al delito.