Concejales piden que se discuta un nuevo convenio con recolectores
Los ediles Sesma y Losano solicitan nuevo acuerdo laboral que sea menos oneroso. El gremio de recolectores (Surrbac) rechazó el pedido, mientras que el municipio lo relativizó.
El convenio colectivo de trabajo de los recolectores de residuos de la ciudad de Córdoba quedó en el centro de la polémica, luego de que dos concejales oficialistas pidieran a las concesionarias del servicio que se pusieran en marcha un nuevo acuerdo porque el vigente tiene “cláusulas abusivas ruinosas para los vecinos”.
Desde el gremio Surrbac desestimaron la denuncia mientras que en el Ejecutivo municipal la relativizaron.
Las cartas documento fueron enviadas por Laura Sesma (Demócrata Progresista) y Abelardo Losano (Juntos por Córdoba) a Crese, Esop, Lusa y Cotreco.
En el texto advierten: “Atento al vencimiento del convenio de los recolectores el próximo 30 de septiembre exhortamos (...) a que efectúe todas las acciones conducentes a celebrar un nuevo convenio”. Y agrega que el actual tiene “cláusulas abusivas ruinosas” como pago de indemnizaciones, adicionales por contenerización, por retorno de vacaciones que, “además de aumentar de manera exhorbitante el costo, perjudican la productividad (...), poniendo en riesgo las garantías constitucionales a la salud, ambiente sano, seguridad e intereses económicos de los usuarios”.
Desde la Municipalidad, relativizaron el alcance de las cartas documento. El subsasesor letrado, Alfredo Sapp, consideró que, si el convenio no fue denunciado por ninguna de las partes –gremio o la Municipalidad a través de la Crese–, seguirá en vigencia. “Si vos afectás el interés público, podría ser objeto de denuncia, en el caso que plantean los concejales tienen que especificar en qué se produce el perjuicio”, opinó el funcionario. Lo concreto es que no se observa voluntad política de enfrentarse con el Surrbac por esta causa.
Las empresas prestatarias no quisieron opinar sobre el tema. Aunque extraoficialmente sugirieron que se trata de una maniobra en el medio de la negociación de las indemnizaciones multimillonarias que deben pagar a los recolectores por la nueva adjudicación.
Por su parte, desde el Surrbac sostuvieron que se trata de una maniobra política que busca “desprestigiar al sindicato”.
El dirigente gremial y legislador provincial Franco Saillén explicó que se puede rediscutir el convenio si es la intención del intendente y de las empresas. “Hoy lo que plantea el intendente es que el convenio válido es el del Surrbac, así se estableció en uno de los artículos de la licitación”, subrayó.
“Hay una intención de deslegitimar al sindicato”, manifestó Saillén, al tiempo que aseguró que el costo del servicio no está influenciado por el convenio vigente. Y que si el gremio admitiera la apertura de la discusión, sería para sumar más derechos en lugar de recortarlos.
LOS EDILES ASEGURAN QUE EL CONVENIO LABORAL PERJUDICA A LOS VECINOS Y PONE EN RIESGO GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.
PARA EL GREMIO, LA ÚNICA OPCIÓN DE DISCUTIR EL CONVENIO DE TRABAJO SERÍA PARA SUMAR BENEFICIOS, NO PARA RECORTARLOS.