Critican trabas para integrar a chicos con discapacidad
La Fundación Síndrome de Down para su Apoyo e Integración (Fusdai) pedirá al Ministerio de Educación de la Provincia que revoque la resolución ministerial 311/16 de Promoción, Acreditación, Certificación y Titulación de Estudiantes con Discapacidad por considerarla discriminatoria y anticonstitucional.
Se trata de una normativa, vigente desde abril de 2016, que plantea que los estudiantes con “necesidades educativas especiales” derivadas de la discapacidad pueden ser integrados en las escuelas comunes, aunque se regirán con la currícula de las escuelas especiales.
“Resulta discriminatoria e inconstitucional, en cuanto contradice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene estatus constitucional”, explica Eugenia Yadarola, presidenta de Fusdai y directora ad honorem del Equipo Interdisciplinario de Tutoría de Integración de la Fundación.
Según esta reglamentación, los padres deben firmar un acuerdo con las escuelas donde escogen qué tipo de cursado desean para sus hijos, que incluye desde ninguna adaptación curricular hasta la integración en la escuela común con la currícula de la modalidad especial o el cursado en algunos espacios en la escuela común y otros en la especial.
“Para que reciban el título secundario tienen que estar cursando con la currícula de la escuela especial, mientras asisten a la común. La escuela especial tiene contenidos curriculares específicos. Por ejemplo, tienen ciencias naturales, pero en la secundaria común tienen física, química. En la especial tienen ciencias sociales y en el secundario tienen historia, geografía. Entonces, voy a estar haciendo como si estuviera en la escuela común, aunque en definitiva estoy haciendo otra cosa. Me impide trabajar en grupo con mis compañeros, participar en las discusiones y contenidos con el resto porque voy a estar haciendo algo nada que ver con la escuela común. En definitiva, discrimina. Estoy, pero no estoy”, subraya Yadarola.
La cuestión que plantean desde Fusdai es que, en diciembre de 2016, el Consejo Federal de Educación aprobó una resolución nacional –que lleva el mismo número y el mismo nombre que la de Córdoba– con un planteo más inclusivo. Sin embargo, en Córdoba rige la normativa más restrictiva. Si bien algunos colegios se rigen con la norma nacional; en otros, se oponen.
No obstante, ya existe un precedente que sentó jurisprudencia, en el cual se obligó a un colegio privado a regirse por la reglamentación nacional. Se trata del caso de una chica de 12 años con síndrome de Down integrada en una escuela arancelada que obligó a los padres a firmar el acuerdo de integración bajo la normativa provincial.
La familia lo hizo en disconformidad, mientras Fusdai solicitaba a la Defensoría del Niño y del Adolescente que interviniera en el caso y que, además, apoyara el pedido de revocatoria de la reglamentación provincial. Finalmente, el Ministerio de Educación de la Provincia accedió en este caso a que la adolescente fuera incluida bajo los lineamientos de la normativa nacional.
“La reglamentación federal tiene mayor jerarquía. Surgió después del caso Alan, un chico con síndrome de Down en Buenos Aires. Fue muy luchada porque no le querían otorgar el título. Fue un gran logro”, plantea Silvia Carranza Torres, abogada de Fusdai y mamá de siete hijos, una de ellos con síndrome de Down.
La resolución local 311/16 comenzó a aplicarse en 2017 con los alumnos que iniciaban primer año del secundario.
“Desde Fusdai estamos trabajando desde hace 28 años, y los egresados del secundario lo hacen participando de todas las materias en función de sus posibilidades. Partimos de la base de que todos son capaces de aprender y de progresar. Eso es lo que hace a la inclusión, participar con tus compañeros de los espacios educativos como cualquier otro”, remarca Yadarola.
Inclusión
“Cuando hablamos de inclusión, hablamos de que cada uno puede aprender en la diversidad y que esa diversidad debe ser valorada. Cuando la resolución de Córdoba está diciendo que estos chicos con discapacidad no van a poder y les pone un currículo separado o les pide que vayan a la escuela especial, está discriminando por motivos de discapacidad”, subraya la presidenta de Fusdai. Y además asegura que la normativa cordobesa supone un retroceso.
“El artículo 4 de la resolución indica que el chico vaya a la escuela especial en algunas materias. Eso es una doble discriminación porque tiene que irse del espacio común de todos para asistir a una escuela donde solamente hay personas con discapacidad. Hoy las escuelas especiales son espacios de segregación”, puntualiza Yadarola.
HACEN COMO SI ESTUVIERA EN LA ESCUELA COMÚN, AUNQUE, EN DEFINITIVA, HACEN OTRA COSA. Eugenia Yadarola, Fusdai
LA REGLAMENTACIÓN NACIONAL FUE MUY LUCHADA. NO LE QUERÍAN DAR EL TÍTULO A UN CHICO: ALAN.
Silvia Carranza Torres, Fusdai
Caso resuelto
Cuando se aprobó la normativa nacional, muchas escuelas de Córdoba firmaron las actas acuerdo de integración desde la resolución del Consejo Federal, una normativa de mayor jerarquía legal. Sin embargo, algunos colegios se negaron.
Después de la presentación en la Defensoría del Niño y del Adolescencia, el caso de la adolescente de 12 años cuyos padres habían sido obligados a firmar el acuerdo, según las pautas provinciales, fue reconsiderado.
“Meses después, desde Inspección llamaron al equipo y a los padres para informarnos que se daba lugar al estar amparados por la normativa aprobada por el Consejo Federal”, explica Yadarola.
Desde Fusdai sugieren a los padres que, en caso de que se encuentren con trabas en los colegios, firmen los acuerdos de integración con la siguiente leyenda: “En disconformidad con la resolución ministerial 311/6 en amparo a la resolución nacional del Consejo Federal de Educación 311/6 y a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
“Los padres tienen que defender el derecho de sus hijos a estar en una escuela común, aprendiendo los contenidos curriculares comunes, incluidos como cualquier otro y con un título de validez nacional”, concluye Yadarola.
El Ministerio de Educación de Córdoba prefirió no opinar sobre el asunto hasta que, en los próximos días, se trate el tema con la cartera educativa nacional. Según voceros provinciales, la resolución no está reglamentada.
En este punto, Gabriela Santuccione, fundadora del Grupo Artículo 24, una coalición de más de 150 organizaciones que lucha por una escuela inclusiva abierta a la diversidad y en contra de la marginación, aseguró que las resoluciones ministeriales no requieren reglamentación y son obligatorias. “Lo único que tienen que hacer es aplicarla. Lo que tenemos que saber es cómo van a adecuar los recursos educativos para implementar la resolución”, explica.
La obligatoriedad de la aplicación de las resoluciones del Consejo Federal de Educación está establecida en el artículo 113 de la Ley Nacional de Educación y en el artículo 11 de la resolución 1/07 del Consejo Federal.