Chauvinismo y formas de manipulación Alejandra Beresovsky
Nunca como ahora, la libertad ha sido el marco para que una discusión que pone en juego convicciones profundamente arraigadas se dé en un ámbito decisorio como el Congreso.
El debate por la legalización del aborto ha exhibido, entre sus aspectos más positivos, la independencia de la mayoría de los diputados y senadores de las interpretaciones doctrinarias de los partidos políticos a los que pertenecen. También ha evolucionado sin imposiciones de los principales líderes de los partidos.
El PRO fue, quizá, el ejemplo más claro: a semanas de la votación histórica de junio, cuando el resultado todavía era una incógnita, legisladores, ministros y funcionarios de ese partido que adhieren al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo se tomaron una fotografía con sus cuellos cubiertos por pañuelos verdes. Todo un mensaje en un gobierno que para muchos concentra el pensamiento político conservador. Pocas horas después, además, miembros del mismo espacio contrarios a la iniciativa también posaron para las cámaras, pero con un pañuelo celeste.
Pero si de tonalidad se trata, la discusión no ha sido color de rosa. La intolerancia, disfrazada muchas veces de superioridad moral, también se ha expresado. Presiones de uno y otro lado han enturbiado este pasaje memorable de la vida institucional argentina. Y en las instancias decisivas, como las que comenzaron con la votación en la Cámara Baja, se tradujeron también en argumentos falaces.
Uno de esos sofismas provino del peronismo cordobés, cuyos exponentes se encolumnaron primero en el silencio y luego en ideas-fuerza que saben ganar el corazón de los votantes en la tierra mediterránea.
El discurso del anticentralismo porteño, versátil y muchas veces con olor a simple chauvinismo, fue esgrimido para fundamentar la posición contraria de muchos políticos cordobeses al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Apareció, por caso, en la exposición de Alejandra Vigo para fundamentar su abstención cuando sugirió que otra vez la Nación dejaba solas a las provincias para enfrentar un nuevo desafío sanitario.
Posteriormente, el exministro de Salud y actual presidente de la Unicameral, Oscar González, reforzó esta idea cuando estimó que en Córdoba la demanda de abortos podría ascender a 10 mil por año, cálculo que realizó con base en lo que sucede en Uruguay, país que consideró comparable con Córdoba por dimensiones y población. González señaló que responder a esos pedidos implicaría un esfuerzo más para el sistema de salud de la Provincia, lo cual fue refutado por la diputada Brenda Austin. La legisladora de Cambiemos respondió que la mayoría de las prácticas se harían en forma ambulatoria y con medicamentos.
El argumento económico también se debilita ante un dato que fue consignado ayer en este diario: según la experiencia santafesina, donde para realizar la práctica de aborto no punible no se pide una declaración de la mujer de haber sido violada, realizar ocho mil abortos representaría apenas el 0,15 por ciento del presupuesto de salud de la Provincia.
Concentrarse en la generación de sentimientos –el enojo ante las inequidades, contrarias al federalismo, o la tristeza por lo que implica una decisión difícil como interrumpir un embarazo– es propio de una sociedad que se resiste a respetar a quien piensa distinto y enfrentarlo con datos y evidencias para no enturbiar el intercambio con especulaciones ni manipulaciones.