De seguridad, barro e improvisación
No ocurrió tras la fuga de un pistolero. Tampoco se disparó por un sangriento motín o a causa de un acuartelamiento. Menos se debió a un oscuro femicidio en un country. Tampoco obedeció a una serie de asesinatos múltiples. Ni siquiera fue por una cadena de corrupción policial.
La crisis de seguridad en Córdoba parece haber llegado por un “carpetazo” extorsivo de manual, a lo Side. Pareciera que los espías han sabido enseñar y algunos aprendieron.
A diferencia de otros años en Córdoba, ahora una crisis institucional puede producirse por una simple amenaza. “Mirá lo que tengo y mirá lo que puedo llegar a mostrar”, la modalidad aparente del apriete.
¿Será que todo está tan sucio en lo estructural, que la sola amenaza de una extorsión basta para que todo tiemble?
Mucho se dijo, y mucho se seguirá diciendo, sobre la abrupta salida por la puerta trasera de Diego Hak de la Secretaría de Seguridad, junto a parte de su equipo, luego de que (otra vez) la política se viera salpicada por la sombra narco.
Ahora, todo está en manos de la Justicia. Una Justicia que, por cierto, tantas veces demostró obediencia al poder político.
Y otra vez, quedan la vecina y el vecino en el medio, con esa sensación de que se les ríen en la cara y de que ya no queda sitio bajo la alfombra en donde esconder tanta mugre.
La ciudadanía, otra vez cacheteada, vuelve a tener ese amargo sabor de que todo en el fondo aparece conectado con los vicios de la política preelectoral, los cargos en juego o algunos bolsillos por llenar.
Es que, mientras se ven acusaciones y contraacusaciones, anuncios y más promesas con olor a naftalina, la comunidad debe seguir trabajando y cuidándose a sí misma. Porque mientras algunos siguen pugnando por una porción de poder, el vecino debe sobrevivir encerrado, disponiendo dinero para su seguridad ante tanto ladrón y narco sueltos.
La vorágine del “Hak-gate” o “el Rapozagate” –como se prefiera– eclipsó la purga policial que se realizó en un área clave, como la Dirección de Seguridad, precisamente por la falta de soluciones ante la ola delictiva.
Fue dicho: al delito no se le gana nunca. A lo sumo, se le empata. Y en Córdoba lejos se está de empardar. No por nada, insistimos, los números de la inseguridad bien guardados están.
La inseguridad y su caldo de cultivo –la exclusión, la droga y una ausencia de políticas consistentes en lo social y económico–, a la luz de lo que se viene haciendo, tienen larga vida.
Córdoba enfrenta una nueva crisis. No hace falta que los muertos por robos se cuenten a decenas.
Alcanza con saber que uno de cada tres cordobeses aseguró haber sido asaltado y que siete de cada 10 temen serlo, según una encuesta del Observatorio del Delito de 2017. Alcanza con saber que no se advierte un plan de seguridad sólido que pueda proyectarse en el tiempo. Y sobra ahora con ver que, en una semana, tres trajes ya pasaron por la Secretaría de Seguridad provincial.
Apenas Hak tomó licencia, el excomisario Claudio Vignetta lo sustituyó de forma provisoria, aunque duró pocos días. Al frente de la Secretaría de Seguridad asumirá ahora el abogado Alfonso Mosquera, un funcionario del círculo de confianza del gobernador Juan Schiaretti que atesora, para quienes dudan de su preparación, algunos certificados por cursos sobre criminalidad.
Cierta historia cordobesa pareciera estar condenada a nutrirse de “banquinazos”, mucho barro y demasiada improvisación.