Criterios dispares sobre las penas al narcomenudeo en la Justicia local
El mínimo de la pena, de cuatro años de prisión, genera criterios dispares. La batalla contra los “quioscos” hace más de cuatro años que es de competencia ordinaria.
Desde que el combate del delito de narcotráfico se dividió en mayorista –para la Justicia federal– y minorista –para la provincial–, las causas que se ventilan en los Tribunales de Córdoba han comenzado a perfilar un conflicto que crece cada día más.
Los casos que se instruyen y llegan a juicio han comenzado a condenar a responsables del narcomenudeo, cuya pena resulta elevada para la cúpula judicial cordobesa.
De este modo, la persecución, la instrucción y el juzgamiento terminan por dar la sensación de que semejante esfuerzo y despliegue de recursos económicos y de tiempo resultan estériles a la hora de evaluar los resultados de esa política de combate criminal.
Un proceso que se inicia en la calle con una detención por venta minorista y que concluye cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con una mayoría cerrada, termina declarando la inconstitucionalidad del mínimo de cuatro años de prisión para este delito de comercialización simple y lo reduce a tres años de cárcel.
Esto que todavía no tiene su última palabra ha generado un debate interno en la Justicia cordobesa porque, mientras la mayoría de los vocales del TSJ declaran la inconstitucionalidad, la mayoría de los vocales de Cámara ratifican la constitucionalidad.
Con el criterio superior, muchos vendedores minoristas de droga no reciben una pena elevada que los deposite sí o sí en la cárcel.
De este hecho se deriva que una gran mayoría de penas puede convertirse en condicional y que, durante la instrucción, los fiscales deben dejar en libertad condicional a quienes están en el comercio ilícito barrial.
Votación cerrada
La controversia que desemboca en el máximo tribunal de la provincia se dirime –provisoriamente– por cuatro votos contra tres.
Los vocales Aída Tarditti, Sebastián López Peña, Mercedes Blanc de Arabel y Domingo Sesín votan invariablemente contra el mínimo de cuatro años de prisión.
A favor de ese mínimo están Luis Rubio, María Marta Cáceres de Bolatti y (eventualmente) Carlos García Allocco. Este último, a su vez, está de licencia por enfermedad.
Como las declaraciones de inconstitucionalidad requieren los siete votos del alto cuerpo, se convoca a camaristas del Crimen (el estrato inferior) para que completen el tribunal ampliado.
Generalmente, estos vocales se están pronunciando a favor del mínimo de cuatro años, el que permite que el combate a los narcomenudistas los castigue invariablemente con la cárcel.
Esto comenzó en octubre de
2016, cuando el TSJ declaró la inconstitucionalidad del artículo respectivo de la ley (nacional)
23.737.
La decisión hablaba de droga como un “envenenamiento”, equiparándolo con el de las aguas potables, lo cual es penado en el Código Penal con un mínimo de tres años de prisión.
Días después, el “legislador” los dejó off side: el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.302 en la que ratificó específicamente que el mínimo de cárcel es de cuatro años (y el máximo de 10) y también que la multa para los condenados es elevada (algo que también en Córdoba se cuestiona).
En noviembre de 2016 el fiscal General de Córdoba, Alejandro Moyano, interpuso un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisara la declaración de inconstitucionalidad. Fue admitido y está pendiente de resolución.
Cámaras con “dureza”
Tras esa nueva ley, el camarista Juan Manuel Ugarte impuso dos condenas superiores a cuatro años y sostuvo que la nueva normativa servía para “contribuir con el mínimo de esta pena (como un grano de arena –otra cosa no es–) a combatir el flagelo de la tenencia de estupefacientes para la comercialización.
En sus fundamentos, Ugarte respondió sobre el “envenenamiento”: “Simplemente ha advertido de que el problema actual en nuestro país no es el envenenamiento de aguas potables, sino que el problema actual –y muy grave– es el envenenamiento liso y llano de los jóvenes por causa de las drogas; potenciado, insisto, en las franjas socioeconómicas más vulnerables”.
Luego, completó: “El día que el envenenamiento de aguas adquiera mayores ribetes –lo que esperamos nunca suceda–, deberá subir también el mínimo de esa pena”.
En la causa conocida como “Chaco Chico” (por el barrio en el que se produjo la investigación) el camarista Gustavo Ispani impuso duras penas.
Se trata del caso más importante que se juzgó en la provincia.
También se pronunció a favor de la norma y agregó algo al debate: que la división de la investigación trae muchos problemas jurisdiccionales, lo cual también es apoyado por sectores del fuero federal.
Si en el TSJ hay mayoría con una postura, en las cámaras del Crimen hay mayoría por lo contrario.
En sintonía con los que piden el mínimo de cuatro años, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, ha transmitido a los gobernadores la necesidad de endurecer las penas.
Lo mismo se habla respecto de la modificación del Código Penal para los delitos de narcotráfico.
Sectores vulnerables
Los críticos de la sanción elevada indican que la escala penal es alta, que los condenados por este delito de venta minorista son el último eslabón de la cadena de comercialización y que se trata de personas de escasos recursos que caen en la venta minorista de droga por necesidad.
Quienes se oponen a esas tres ideas responden: la escala es elevada porque el delito es especial; no se trata del último eslabón de la cadena, porque el último es el consumidor; y en el caso del vendedor es punible; y las personas de escasos recursos están en todos los delitos. Si no, basta con ver quiénes llenan las cárceles, según aseguran. Presupuesto abultado
Otra de las críticas se refiere a la inconsistencia de haber habilitado un inmenso presupuesto para combatir el narcomenudeo que, a la larga, resulta ciertamente inútil.
Además de la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) con numerosos efectivos y medios, en la Justicia se creó un fuero especial, con fiscalías y juzgados de Control y todo lo que eso significa.
A la luz de los resultados, al final del proceso, quienes defienden la ley sostienen que se realiza un gasto extraordinario de tiempo, esfuerzos humanos y dinero para que se esté apuntando a causas sin presos y con condenas de cumplimiento condicional. Con esto, los vendedores continúan comercializando, aseguran.
Esto se agrega a otros cuestionamientos a la idea de desdoblar el combate del narcotráfico. Una postura que en el seno de la Justicia provincial y federal cada vez gana más detractores.