Armas: sin allanar, la fiscal recibió pruebas
La funcionaria judicial ordenó el secuestro de evidencia en la Central de Policía, pero el material fue aportado en Tribunales. Marcelo Touriño, el abogado denunciante, mostró indignación por ese accionar.
La causa por la denuncia del faltante de unas 1.500 armas de la Jefatura de Policía fue remitida ayer a la mañana a la fiscal Anticorrupción de feria Milagros Gorgas, quien ordenó una serie de medidas a fin de resguardar la prueba necesaria para iniciar la investigación.
Pero el allanamiento que se ordenó a la Jefatura para secuestrar la documentación que respaldaría los términos de la denuncia del abogado penalista Marcelo Touriño no se concretó.
A pesar del hermetismo de la instructora, fuentes judiciales relacionadas directamente con la investigación indicaron a este medio que ese procedimiento no se ejecutó “porque la documentación buscada fue presentada en la fiscalía y quedó secuestrada”.
Antes de esta indagación de La Voz, desde la Fiscalía General se envió a los medios un comunicado oficial en el que se informaba que había sido designada Gorgas.
Líneas más abajo, se consignaba que la fiscal “procedió al secuestro de todo lo actuado en sede policial con motivo del informe emitido oportunamente por la Sección Armas y Explosivos, sus anexos y notas complementarias”.
El miércoles, Touriño había hecho una presentación judicial en Tribunales 2 en la que denunció que existió inacción de las autoridades policiales y de Seguridad cuando el 27 de noviembre recibieron el informe de la División Armamentos y Equipos de la Policía de la Provincia, en el que se documenta en detalle el faltante de 1.500 armas, entre largas, cortas, automáticas y semiautomáticas.
Esa mañana circuló un video con la voz del letrado en el que ilustraba con detalle el contenido de la presentación.
Desde el Ministerio Público demoraron 24 horas en asignar la causa y en esas horas se hizo evidente que la auditoría realizada en el seno interno de la Policía era el documento clave para iniciar la investigación.
El secuestro de ese informe resultaba vital. La fiscal Gorgas recibió el expediente a “media mañana” –según fuentes del Ministerio Público– y, a poco de hacerse del contenido de la presentación, ordenó las primeras medidas de rigor, habilitando la feria judicial para la causa.
Pero de acuerdo con lo informa- do oficialmente, esa documentación no fue secuestrada (como sostiene el comunicado del Ministerio Público), sino que fue aportada a la fiscalía, como lo indicaron las fuentes judiciales.
“Justicia servil”
Contrariado con este inicio de la investigación, Touriño manifestó que el material entregado a la fiscalía no es el que en su denuncia él solicitó que fuera secuestrado.
“El proceder de la fiscal Gorgas es expresión de un Poder Judicial servil y amanuense del poder político, atento a que expresa un connubio (sic) entre ambos”, aseveró con indignación.
El penalista opinó que se busca “resguardar en la impunidad a los funcionarios políticos, atento a que con esta maniobra se persigue justificar ante la opinión pública la innecesariedad de los allanamientos solicitados”.
Asegurando que el material secuestrado no es el indicado, el denunciante sostuvo que “se ha presentado un informe distinto al que debiose secuestrar”.
“A cualquier infeliz (si) le hacen una denuncia lo allanan como ‘rata por tirante’; en este caso, esperan que el denunciado les lleve las pruebas a la fiscalía”, concluyó el letrado que formuló la denuncia.