La cadena sin fin en los territorios
Las nuevas decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), declarando la inconstitucionalidad del mínimo de la pena de cuatro años de prisión previsto en la ley de estupefacientes, pronunciadas luego de la sanción de la ley 27.302 en octubre de 2016, deberán ser asumidas por los organismos de persecución penal, dedicados a la represión de este flagelo, como un nuevo reto, sobre todo en aquello que se ha dado en llamar “el último eslabón de la cadena de comercialización”.
La provincia de Córdoba asumió a fines de 2012 el desafío de la desfederalización de una parte del delito de narcotráfico para enfrentar este flagelo que mutila a las personas y desintegra a las sociedades.
Son muy importantes los logros alcanzados por el fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba por y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
Por lo pronto, esta declaración de inconstitucionalidad no resulta automática para todos los casos. Entonces es necesario resaltar que la cantidad de droga que se encuentra al momento de practicar la detención de una persona no es, ni debe resultar, el único punto de referencia para el análisis.
Suministrar la información que ilustre a los jueces sobre la cantidad y modalidad de comercialización, las “transas” que se realizan por hora, día y semanas, sean o no registradas en videograbaciones, el contexto en que se producen y los acuerdos a los que arriban para poder vender estupefacientes en determinado punto de un barrio permitirán tomar las mejores decisiones a los tribunales.
En muchas investigaciones en las que recayeron sentencias condenatorias queda al descubierto un sistema de engranajes y eslabones sin los cuales no es posible lograr el objetivo.
En estos sistemas, cada uno de sus intervinientes conoce y participa de manera deliberada en esta maquinaria delictiva, según se observa una vez que estas causas llegan a juicio.
Cuando existe un copamiento del territorio, nos encontramos con varias personas que realizan “transas” en la calle por turnos, y para llevarlas adelante utilizan precisamente pocas dosis, como un modo de intentar eludir a futuro una posible pena judicial más elevada.
Luego de la venta de las pocas dosis que tienen en su poder, se encargan de reabastecerse con un mayorista, que por cierto está en las proximidades del punto de venta, todo ello en un marco de conocimiento y asociación imprescindible.
Y esta persona, a su vez, lo hace de canales exteriores a ese sector de la ciudad, ya en mayores cantidades.
Nadie vende en el territorio sin que los responsables más importantes lo permitan.
Hasta aquí, se trató de una descripción de lo que abarca la intervención de la Provincia en lo que concierne a esta lucha.
Opino desde mi experiencia: las fuerzas federales tienen la misión de controlar las grandes cadenas de comercialización, el ingreso de estupefacientes al país y al territorio y el lavado de dinero, y todo ello debe ser articulado con las provincias que han asumido el compromiso de la persecución penal en este estrato de la comercialización.
Porque frente a la devastación y a la desintegración de la sociedad y de los individuos, nadie puede permitirse bajar los brazos.
EN LOS JUICIOS ES POSIBLE ADVERTIR CÓMO SE FORMAN LOS ENGRANAJES DE ESTOS SISTEMAS ARTICULADOS DE MANERA ILÍCITA. NADIE VENDE EN EL TERRITORIO SIN QUE LOS RESPONSABLES MÁS IMPORTANTES LO PERMITAN.