Los juristas confesionales y el aborto
El debate social y parlamentario sobre la legalización del aborto para las mujeres y cuerpos gestantes evidenció, entre otras cosas, la identificación con lo religioso de la mayoría de aquellos que públicamente se movilizan en contra.
Esta identificación puede darse de forma directa, a través de la presencia de líderes religiosos o de justificaciones basadas en textos y documentos sagrados.
Sin embargo, los casos más llamativos son aquellos en que se da de forma mediada: profesores que representan a centros académicos de la Iglesia Católica, expertos que son asesores del Vaticano o ciudadanos de organizaciones que tienen como propósito defender la moral religiosa.
Dentro de esta identificación mediada, emergen nítidamente aquellos a los que podemos llamar “juristas confesionales”, quienes tienen por objetivo “defender la fe” y, particularmente desde mediados de la década de 1990, se oponen sistemáticamente a los derechos sexuales y reproductivos.
En Argentina, desde hace tiempo venimos observando el accionar de estos juristas. Su acción se ha naturalizado de tal forma en la construcción del campo jurídico argentino que hoy no resulta sencillo rastrear los eventos clave de su incidencia o distinguir a sus operadores de otros juristas no confesionales. Sin embargo, hay al menos dos rasgos que sirven para caracterizarlos.
En primer lugar, estos juristas se autoatribuyen la defensa de la familia y de la vida, cuando lo que en realidad están defendiendo es una moral sexual ligada a la reproducción.
Así, apelan a valores jurídicos, presuponiendo dogmáticamente que esos valores (familia, vida) sólo admiten su lectura en clave de moral sexual conservadora. Un indicador clave es que los que ayer activaron contra el reconocimiento de todos los derechos sexuales y reproductivos son los mismos que hoy se oponen a la legalización del aborto.
De manera tal que se sitúan en el lugar paradójico de disimular décadas en las que ellos mismos dificultaron (si no imposibilitaron) la existencia de las soluciones que hoy proponen para evitar al aborto: educación sexual, acceso a anticonceptivos, campañas de educación.
Esta semana pudo verse cómo juristas confesionales que por décadas consideraban al aborto como el peor delito, ante el corrimiento en la opinión pública parecen entender finalmente la violencia que existe en castigar a una mujer que aborta y aceptan su despenalización, con el único objetivo de plantar bandera contra la legalización.
Despenalización que, de todos modos, continúa sancionando con la precariedad y el riesgo de muerte a las personas que abortan.
En segundo lugar, si bien se trata de juristas que argumentan desde/con el derecho, sus razonamientos reflejan con nitidez el dogmatismo de los sectores religiosos con los que se identifican.
El jurista confesional entiende que no hay discusión sobre el comienzo de la vida, sobre que la mujer embarazada “es una madre” y que el embrión es “una persona”. No importa cuánta literatura científica se le oponga con argumentos disímiles, no importa cuántos millones de mujeres aborten ni importa cuánto argumento moral disímil los desafíe.
Esos dogmas se repiten incólumes y se erigen como lo “fuera de debate”, como si la duda al respecto significara la duda acerca de la existencia de Dios; como si les perteneciera el monopolio sobre el significado de la noción de vida, madre y persona.
De esta forma, trasladan el dogmatismo religioso a la forma en que instrumentalizan el derecho en la justificación de su posicionamiento contra el aborto. Trazan fronteras inflexibles e incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el endurecimiento de posiciones, apelando a una construcción esencializada de las leyes de la naturaleza como inmutables, universales e irrefutables.
Este rasgo también aparece con claridad entre los juristas que se pronuncian por la inconstitucionalidad de la legalización del aborto.
LE HACEN DECIR A LA CONSTITUCIÓN LO QUE DICEN SUS BIBLIAS: LA VIDA DEL EMBRIÓN ES UN DERECHO ABSOLUTO/SAGRADO.
Le hacen decir a la Constitución lo mismo que dicen sus biblias: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la mujer en cuanto madre tiene una sola conducta debida/moral, que es procrear.
Repiten esas pseudointerpretaciones de la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así, ignoran las discusiones de la Convención Constituyente de 1994, las interpretaciones de los organismos internacionales en relación con la Convención por los Derechos del Niño y con la Convención Americana por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la “verdad autoevidente” que pronuncian con exaltación axiomática.
La complejidad del debate actual implica asumir que no se lo puede resolver a través de dogmas o de verdades irrefutables, sino con verdades parciales y diálogo continuo.
Quizá sea el momento para que los juristas confesionales se tomen en serio la heterogeneidad y el pluralismo de nuestra sociedad, la que se produce, incluso, en el interior del campo religioso.
Mientras tanto, va quedando en evidencia la forma en que enmascaran su dogmatismo con un discurso legal que, al defenderse como único e inamovible, enturbia el debate democrático que iniciamos.
* Abogada, doctora en Derecho Constitucional, investigadora de Conicet
* * Abogado, doctor en Sociología, investigador de Conicet