La telaraña que vincula entre sí a los acusados por el trágico tiroteo
El pasado 16 de febrero a la madrugada, en Nueva Córdoba, entre los ruidos de los bares y el interminable ir y venir de los jóvenes, se escribió un antes y un después en la historia criminal de la provincia.
El infernal tiroteo que se cobró la vida de un policía y de dos delincuentes no sólo generó conmoción, sino que obligó a iniciar una de las investigaciones más complejas que hasta hoy se haya realizado en el edificio de Tribunales 2.
Mientras que cinco meses después la Justicia federal aún no logra precisar qué había en el departamento del edificio Patio Chico de Rondeau 84 en el que aquella madrugada una banda tipo comando ingresó a robar, en el fuero provincial el expediente ya incorporó 32 cuerpos.
Una comisión especial de agentes de diferentes divisiones y fuerzas, liderados por el fiscal Rubén Caro, elaboró en este tiempo una guía precisa para poder entender buena parte de aquella balacera.
Hubo más de 50 allanamientos, se secuestraron autos de diferentes gamas y sofisticados armamentos, se analizaron teléfonos celulares y cámaras de vigilancia, y se tomaron decenas de testimonios.
De esta manera, antes de ingresar en la feria invernal, Caro ordenó la prisión preventiva contra los dos últimos detenidos. Ariel Gramajo (43) y Ariel Rodríguez Murúa (43), quienes estuvieron varios meses prófugos y fueron atrapados en el conurbano bonaerense y en el Gran Rosario, respectivamente.
Los acusa de homicidio criminis causae agravado, figura penal que contempla un solo horizonte judicial en caso de condena: la prisión perpetua.
Cuando se conoció la última detención, el fiscal resaltó en público la labor de los investigadores de Robos y Hurtos, Antisecuestro, Investigaciones Criminales y de la Policía Judicial, además de la “guía y el acompañamiento de Dios” para llegar a ese resultado.
Un equipo que no sólo se dividió tareas, sino que también evitó que un solo sector monopolizara el acceso de los datos que fueron ingresando desde que la balacera se acalló aquella madrugada.
Porque, conviene recordarlo, el caso está rodeado de una espesa suspicacia que todavía no termina de despejarse.
Entre otros puntos, aún no está claro cuál fue la real cantidad de dinero (entre efectivo y cheques) que los ladrones se llevaron del departamento en el que descansaban Guido Romagnoli (30) y Melisa Sosa. Las víctimas declararon que los delincuentes se alzaron con cerca de 300 mil pesos y 2.300.000 en cheques.
Al mismo tiempo, el robo del arma con la que el abatido delincuente Ricardo Serravalle (53) ase- sinó al policía Franco Ferraro (29), según se sostiene en la causa, generó más intrigas. Sobre todo, si se atiende que entre el arsenal que tenía la banda sobresalía una de las 72 pistolas de la Policía que fueron robadas de Jefatura en 2015.
La pista de la cárcel
De acuerdo a distintas fuentes consultadas por La Voz, un capítulo especial de la investigación se centró en relacionar entre sí a los cinco acusados de haber integrado la banda delictiva aquella noche: Serravalle, Rolando Ricardo “el Ciego” Hidalgo (62, también abatido), Diego Tremarchi (32, atrapado esa madrugada), Ariel Gramajo (43, detenido el 14 de mayo en Buenos Aires) y Ariel Murúa Rodríguez (43, capturado el 25 de mayo en Villa Gobernador Gálvez).
De esta manera, se detectó que Serravalle, Hidalgo, Gramajo y Murúa Rodríguez estuvieron alojados durante años en las mismas cárceles de la provincia de Córdoba, a las que llegaron condenados por otros delitos. O sea, la banda se formó dentro de los establecimientos penitenciarios.
Serravalle e Hidalgo prácticamente estuvieron juntos en la cárcel entre 1993 y 2004. Fue allí que