Polémica que traspasó las fronteras locales Roberto Battaglino
Los distintos casos que saltaron a la luz pública vinculados con la seguridad en Córdoba han traspasado las fronteras provinciales y se transformaron en un importante sobresalto político para el Gobierno provincial. Los hechos denunciados parecen estar lejos de una simple guerra de comunicados o de difusión cruzada de videos o documentación con motivaciones poco claras.
Más allá de los cruces verbales de uno y de otro lado, estamos ante la duda de si le faltan más de mil armas a una fuerza de seguridad o si los funcionarios responsables tenían acuerdos para permitir actividades fuera de la ley.
No es poca cosa que haya una sospecha de un faltante de 1.500 armas de la Policía, basada en documentos oficiales que el Gobierno admite, aunque aclara que están incompletos. En la historia argentina, los grandes casos de robo de armamento que generaron estrépito daban cuenta de uno o dos centenares de unidades.
La cifra, que obviamente no está corroborada ni mucho menos, genera una alarma que excede el territorio cordobés. Por eso, el Ministerio de Seguridad de la Nación ha posado con mucha atención los ojos sobre Córdoba. En la cartera nacional entienden que no puede ser la propia fuerza –sospechada de un faltante de una cifra de armas de tal magnitud– la que se audite a sí misma.
Algunos sospechan que el caso puede tomar tal dimensión que hasta se exija la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los legisladores nacionales de Cambiemos por Córdoba fueron los primeros que saltaron a pedir que haya una instancia federal en estos asuntos, que sacudieron a la política provincial desde la sensible área de Seguridad.
Un funcionario nacional de origen cordobés reveló que el gobernador Juan Schiaretti intentó convencer a la Casa Rosada, vía el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, de que el tema quedaba superado tras la decisión de Diego Hak de denunciar a su propio padre. Pero la afirmación pronto quedó refutada por nuevos hechos, ya que ahora lo que se investiga es si los responsables de la Seguridad recibían o no pagos ilegales de personas a las que decían investigar.
El gobernador y los suyos cerraron primero filas en torno de Hak con sus declaraciones públicas, mientras en privado aumentan con el correr de las horas los reproches internos por la dimensión que está cobrando el episodio.
Es que ya está claro que no es sólo una cuestión de la política doméstica, sino que la dimensión nacional del acontecimiento puede dejar a Schiaretti y a los suyos en una posición incómoda.
“El gobernador y Unión por Córdoba no tienen manera de adjudicarles todo lo que está pasando con la inseguridad y con los problemas de la Policía a otros más que a ellos mismos”, remarcó un importante referente de Cambiemos, en sintonía con los últimos pronunciamientos de la coalición gobernante nacional relacionados con estos escándalos.
Mientras tanto, un mar de dudas e interrogantes va rodeando a los oscuros episodios. La Justicia provincial ya hizo saber la incomodidad con estos casos, y los expedientes saltan de fiscalía en fiscalía, como esas brasas ardientes que nadie quiere asir.
ALGUNOS SOSPECHAN QUE EL CASO PUEDE TOMAR TAL DIMENSIÓN QUE HASTA SE EXIJA LA INTERVENCIÓN DE LA CORTE SUPREMA.