Otra vez la opacidad de los fondos de campaña

Todos los políticos tienen en la mira las elecciones del año próximo, pero la aceleración de los tiempos no logra dejar atrás una sombra de escándalo que se cierne sobre otro proceso: el que se vivió el año pasado, cuando se eligieron diputados y senadores.

Es que la opacidad que tiene el sistema de financiamiento de las campañas deja siempre enormes dudas sobre quiénes pusieron el dinero y con qué fines.

Días, atrás, a partir de una denuncia periodística, se supo que medio millar de habitantes de asentamientos y beneficiarios de la asignación universal por hijo, y otros 350 monotributistas sociales aparecían con aportes en efectivo para la campaña de Cambiemos, el oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

Como reacción política, la senadora kirchnerista bonaerense María Teresa García decidió presentar una denuncia ante la Justicia federal de La Plata.

Pero ya hay otro proceso abierto en los tribunales de Comodoro Py. Allí, el juez Sebastián Casanello investigará si hubo falsedad ideológica y si esos aportes estuvieron direccionados a lavar dinero, a partir de una denuncia formulada por la agrupación La Alameda, que lidera Gustavo Vera, un hombre de mucha cercanía con el papa Francisco.

Frente a esta comprometida situación, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, le pidió la renuncia a la contadora General de la Provincia, Fernanda Inza, quien formó parte del equipo que recolectó los fondos y que había asumido el viernes.

Más allá de los intereses políticos que pudiesen estar en juego, y que siempre son muchos, el caso debe llamar de nuevo a las fuerzas políticas a la acción, para lograr la mayor transparencia posible en todo lo que tenga que ver con los procesos electorales.

La financiación es, en ese sentido, una cuestión central.

Si bien es sabido que los partidos deben rendir ante la Justicia federal con competencia electoral los recursos y los gastos de cada campaña, muchas veces el trámite se demora o se disfraza.

En ese sentido, conviene revisar un trabajo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), una organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro.

Sostiene el grupo de trabajo que, si bien la legislación argentina determina desde 2009 que el financiamiento se basa sobre aportes públicos, el balance de la experiencia “es desparejo”.

En efecto, si bien esto garantiza un mínimo de equidad para todas las fuerzas y los candidatos, “hay fuertes indicios” de que la mayor parte del gasto “ocurre informalmente, ya sea en forma de aportes y gastos no declarados o del abuso de recursos públicos con fines partidistas”.

Sostiene Cippec que la informalidad tiene efectos perjudiciales sobre las instituciones democráticas, porque “interfiere con el derecho de todo elector a hacer un voto informado, facilita la captura o influencia por parte de intereses de grupos particulares y genera el riesgo de que la política partidaria y electoral se financien con dinero proveniente de actividades ilícitas”.

Basta mirar en otros países hermanos para advertir que cuando la política se coliga con las fuerzas oscuras del delito, los habitantes del país quedan expuestos a los peores males. Esos males que, justamente, el Estado debe combatir.