Unidades judiciales, ese otro cachetazo
El último informe sobre inseguridad que el Gobierno de Córdoba divulgó, en diciembre de 2017, dejó en evidencia dos cosas. Por un lado, se denuncian 123 delitos diarios en promedio. El ilícito más frecuente es el asalto callejero, seguido por el robo en la casa y, en tercer lugar, la sustracción del auto.
El Gobierno dijo que las cifras delictivas estaban “en baja” y se comprometió a dar un nuevo informe, que hasta hoy no llegó. Vale resaltar que esas cifras estaban basadas en las denuncias de las víctimas: la cifra “blanca” del delito.
Aquí es donde cobra dimensión la otra parte que el estudio de inseguridad del Observatorio del Delito dejó en evidencia: cientos de cordobesas y de cordobeses optan por no denunciar el ilícito sufrido. Se trata de la cifra “negra”.
En el caso del asalto callejero, el 64 por ciento de las víctimas decidió no ir a las unidades judiciales para denunciar. Ya en el ítem robo de viviendas, la cifra fue del 33 por ciento, mientras que en el rubro “agresión física” el porcentaje fue casi del 17 por ciento.
A la hora de justificar por qué esquivaban a la Justicia, los vecinos brindaron una batería de motivos, como el temor a represalias de los ladrones y el descreimiento en la Policía y en la Justicia.
Pero muchos fueron más allá. Aseguraron que, además de perder demasiado tiempo en hacer las denuncias, muchas veces sintieron prácticamente que no querían atenderlos.
Ubicadas en comisarías de la Policía, las unidades judiciales dependen del Ministerio Público Fiscal (MPF) y representan el primer contacto del vecino con la Justicia. Son la puerta de entrada.
En esas oficinas, el vecino da forma y valor supremo al Estado de derecho. El ciudadano se acerca a confiar y buscar respuestas, tras el mal trago sufrido a manos de la delincuencia.
Ese contacto, aunque cueste creerlo y pese a los diagnósticos trazados, sigue siendo muy pobre en muchísimos casos.
Basta con recorrer algunas de esas dependencias o dialogar con víctimas para ver cómo buena parte de esos despachos siguen mugrientos, mal cuidados, cuentan con mala atención humana, hay eternas filas para atender a los damnificados, existe poca y pésima contención para el damnificado...
Los testimonios sobran. “Nos tuvieron cinco horas para tomarnos la denuncia. Parecía que querían que nos fuéramos… Encima, la Policía Judicial llegó muy tarde a buscar huellas y rastros”, se quejó, hace pocas horas, un dirigente del Centro de Almaceneros tras denunciar un golpe comando sufrido.
“Muchos compañeros ni van a denunciar. Es una pérdida de tiempo enorme”, enfatizaron recientemente desde el Sindicato de Remiseros.
“¿Denunciar? Fui, pero me dijeron que no había gente. Que volviera luego”, se quejó un hombre que sufrió una entradera en zona norte de la Capital.
Para evitar desbordes, el MPF instaló un sistema de denuncias on line para hechos de menor cuantía, como daños a la propiedad o sustracciones de objetos, siempre que el autor no esté identificado. La intención es evitar aglomeraciones.
Sin embargo, para el resto de las otras denuncias, las esperas y la mala atención siguen siendo la regla. Es el otro cachetazo que sufre el vecino, tras el cachetazo del asalto.
“Acercate, denunciar delitos te protege”, sostiene el MPF en su web. La recomendación es válida: con la denuncia, el delito deja de estar en las sombras y se acciona el aparato judicial. Pero lo cierto es que más allá del pedido de colaboración y confianza, muchas víctimas siguen sintiendo que la primera puerta de la Justicia continúa cerrada.
El trago amargo es mayor cuando el vecino ve que, en vez de mejorar el servicio, el Tribunal Superior de Justicia contratará una agencia para mejorar su imagen.