Armas: la historia del secreto más guardado en Jefatura
La denuncia que presentó el abogado Marcelo Touriño y que apuntaba a un supuesto faltante de al menos 1.500 armas policiales, a raíz de un inventario cuyo resultado estaba oculto, tiene un trasfondo espeso.
Más allá de las repercusiones, las desmentidas a medias y una respuesta concreta que todavía no llega en torno de este espinoso tema, sí es posible bucear hacia atrás y reconstruir cómo se gestó aquel informe interno que hoy tiene en jaque a la misma Policía.
Se trata de un relevamiento que nació después de otro escándalo, como fue el robo de las 72 pistolas oficiales que fueron sustraídas de la división Armamentos de la Jefatura de Policía, en mayo de 2015, pero que recién se denunció en octubre de ese año.
Fue entonces que, mientras parte de la división Armamentos terminaba con los dedos pintados y en situación pasiva, la fuerza ordenaba realizar de apuro un inventario que, más de dos años después, se volvería como un bumerán.
A fines de 2015, en medio del escozor que provocaba la revelación de que 72 pistolas oficiales habían ido a parar a manos de delincuentes, se ordenó la creación del Departamento de Armas y Explosivos, para reemplazar a la división Armamentos.
En ese momento, sólo había fichas, libros y un viejo sistema informático que se llamaba “Sistema de Armamentos”, de acuerdo a lo que surge de lo que investiga ahora la Justicia provincial.
Las entradas y salidas de armas y chalecos se asentaban de manera manual en libros, varios de los cuales estaban inconclusos, según declaró un policía en una fiscalía.
Cuando los agentes del grupo Eter –liderados por quien un mes y medio después sería nombrado como nueve jefe de la fuerza, Gustavo Vélez– ingresaron a esa división por orden del entonces fiscal anticorrupción Hugo Amayusco (se acaba de jubilar) debieron caminar por encima de los chalecos y las municiones desparramadas.
“Cuando uno recuerda lo que vimos aquel día, hoy sabemos que es imposible hacer un balance hacia atrás de lo que tenía o no la Policía: eso era un desastre”, contó ahora alguien que participó de aquel operativo.
La realidad de esa dependencia es hoy la opuesta: se filma todo y se registra a cada persona que ingresa y sale de allí.
Llamativa precariedad
Pero volvamos a fines de 2015. Notorias inconsistencias eran lo primero que se observaba al intentar realizar un nuevo inventario. Saltaban a la vista de manera sencilla, sin la necesidad de realizar un estudio exhaustivo. O sea, se trabajaba con una precariedad más que alarmante.
Ante esto, fue necesario que los agentes abocados a este nuevo inventario buscaran alguno anterior como marco de referencia, pero recién encontraron uno de 2007, realizado por el comisario Cristian Valquinta.
Hasta ahora, nadie en la fuerza puede asegurar que aquel balance sea un piso real y serio para comparar.
En este punto, sucedió algo más que llamativo: uno de los policías que lo encontró, hizo una copia y, sin avisarle a sus superiores, se la hizo llegar a la fiscalía que investigaba el robo de las 72 pistolas.
Consultado ahora por la Justicia, este uniformado aseguró que lo hizo porque tenía temor a que sus jefes no lo dejaran informar de esta novedad a la Justicia. Para que quede claro: se trataba de una copia del inventario de 2007, en el que figuraba un supuesto número total de todo el armamento oficial.
En ese sentido, más de una vez desde la fiscalía de Amayusco dejaron trascender que la principal traba que han tenido para investigar aquel robo de las pistolas policiales surgió de la misma Policía.
Se insistió con que hubo un “pacto de silencio” que jamás permitió llegar a la verdad sobre aquel escándalo que aún duele en la Central azul.
El nuevo inventario comenzó a ser bocetado a fines de 2015, tras la asunción de la actual cúpula, dirigida por el jefe Vélez y el subjefe Gustavo Folli.
Fue este último el que divulgó un memorándum interno dirigido a todas las dependencias policiales de la provincia para que informaran qué armamento tenían y así poder llevar a cabo el inventario general.
Sin embargo, las inconsistencias se continuaron acumulando. Las respuestas eran parciales, repletas de errores y poco se podía aclarar en medio de semejante confusión. Fue necesario que meses después se enviara un segundo memorándum.
A esa altura, también estaba en desarrollo un nuevo sistema informático interno para cargar esta información, por lo que las respuestas que iban llegando se fueron cargando en paralelo en ambos soportes virtuales, el anterior y este.
A mediados de 2016, llegó la primera mala noticia: de ese entrecruzamiento, se advertía un faltante de 5.000 armas, de acuerdo a la comparación con el inventario de nueve años antes.
Los encargados de esta tarea, en medio de la sorpresa, rápido detectaron que varias planillas remitidas desde las dependencias habían llegado con gruesos errores: personal sin registrar, copias de viejos formularios sin actualizar, dependencias que no habían contestado, entre otras irregularidades.
O sea: había 5.000 armas en el registro de 2007 que en 2016 no aparecían en ningún lado.
Ante esto, se ordenó profundizar el inventario y se redactaron nuevos memorandos para exigir mayor compromiso de todas las partes al momento de enviar esta información.
Por falta de personal abocado a esta sensible tarea, no era posible que los encargados del inventario se ocuparan de ir en persona a cada dependencia, sino que sólo debían esperar a que les llegaran las planillas.
Fue entonces que a fines de ese año se entrecruzaron las nuevas respuestas y se concluyó que ahora faltaban cerca de 2.500 armas.
Todo se manejaba de manera interna, en el mayor sigilo posible, sin que nada se filtrara al exterior de la Central de Policía.
Un informe escrito dejó todo esto asentado.
Responsabilidades
En 2017, y tras otros memorandos, el número en rojo se redujo un poco más. Incluso, se ordenó una capacitación para los responsables de logística de cada departamental con el objetivo de que aprendieran a cargar las planillas. Y se los responsabilizó por los errores que pudieran surgir.
Tras ello, en marzo de 2017, se llegó a la cifra que recién un año después saltó a la luz pública: el faltante de 1.500 armas oficiales. Hubo otros dos informes, siempre provisorios y nunca definitivos, en junio de ese año y en noviembre último, en el que se destacó todo el inventa-
EL HOY JEFE DE POLICÍA ENCABEZÓ EL PRIMER ALLANAMIENTO
EN LA DIVISIÓN ARMAMENTOS, EN OCTUBRE DE 2015.
EL ROBO DE 72 PISTOLAS POLICIALES DEJÓ AL DESCUBIERTO UN DESCONTROL QUE AHORA TIENE UNA DERIVACIÓN MAYOR.