Una auditoría externa a la Policía, la clave de la investigación
La denuncia por el presunto faltante de miles de armas policiales está hoy radicada en la fiscalía Anticorrupción N° 2, que ante la falta de un titular (no ha sido nombrado aún, aunque no se sabe si este fuero especial continúa) por estas horas es liderada de manera provisoria por el fiscal Marcelo Fenoll.
El funcionario judicial indicó que, entre otras medidas, ya solicitó a todas las fiscalías de la provincia que le envíen cualquier causa en la que tengan registros del secuestro de armas policiales (o que se presuman que sean de la Policía, porque pueden estar limadas).
El objetivo es determinar si existe en las calles de Córdoba un arsenal oficial en manos de delincuentes, algo que hasta ahora no se cotejó.
A diferencia del robo de las 72 pistolas denunciado años atrás, en el que más de 30 fueron encontradas en diferentes operativos por otros delitos, llama la atención que en el caso de haber 1.500 armas oficiales en las manos equivocadas estas no hayan aparecido hasta ahora en allanamientos ordinarios, según apuntó una fuente consultada por La Voz.
Sólo se conoce el hallazgo de una ametralladora (un subfusil FMK 3) que en mayo de 2016 fue hallada de casualidad en un operativo en barrio Sacchi, de la ciudad de Córdoba.
Al cotejar el número de serie, se comprobó que el arma había sido sustraída de la división Armamentos, que funciona en el subsuelo de Jefatura, aunque su faltante nunca había sido denunciado hasta ese momento, según se reveló en aquella oportunidad.
Todo se descubrió de casualidad, ya que dos agentes en motos intentaron controlar a dos sospechosos de ese barrio, de 21 y 26 años, que intentaron huir corriendo ante la voz de alto, pero al final fueron atrapados.
Hasta hoy, no se conoce que en la Justicia de Córdoba algún funcionario policial haya sido imputado por el robo de esa arma. O sea, nadie sabe quién se la llevo.
“Preocupante”
“No deja de ser preocupante que la Policía no tenga la capacidad de informar en tiempo real cuál es su parque de armamento y dónde está asignado”, subrayó el fiscal Fenoll.
En ese sentido, aclaró: “Esta inconsistencia administrativa no es necesariamente delito”.
Es que ahora la causa debe establecer, primero, cuál es el faltante real; luego, si esta falta se debe a un error de planilla (no se cargaron las armas destruidas, por ejemplo) o si se trató de un episodio delictivo (una sustracción masiva).
Para ello, Fenoll dijo en la semana que se había anoticiado de que la Policía estaría próxima a completar “un relevamiento completo de armas”, por lo que en caso de ser así, iba a solicitar sus conclusiones.
Pero esto lejos está de significar que las conclusiones de ese sólo informe terminen con la causa judicial.
Es que altas fuentes de Tribunales 2 ya adelantaron que es muy posible que desde la Justicia provincial se ordene un relevamiento “externo” para determinar cuál es el real parque de armas que tiene la Policía, y así poder cotejar un posible faltante.
No está claro, aún, quién lo realizará y si se tratará de un peritaje in situ o de una comparación por parte de peritos independientes de la fuerza azul de todos los inventarios que andan dando vueltas.
Hace 10 días, La Voz adelantó que el Ministerio de Seguridad de la Nación analizaba la posibilidad de presentar un recurso judicial para que una fuerza federal realice la auditoría del armamento de la Policía de Córdoba.