Cómo se asiste hoy a quienes deciden abortar
Dos carteles en la sala de espera anticipan que se puede hablar de aborto en el Centro de Salud Municipal N° 57 de barrio IPV Argüello. Primero, una explicación de cuáles son las causales que habilitan la interrupción legal del embarazo, junto a números de teléfono de grupos que brindan asesoramiento. Al lado, un afiche de los Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir que aclara que en ese dispensario una persona en situación de aborto puede consultar con “cualquier integrante del equipo”.
“No hacemos abortos, sino que brindamos información, escucha y asesoramiento a quien decide interrumpir un embarazo, y nos ocupamos también del control posterior que es de suma importancia para planificar un método anticonceptivo”, explica la psicóloga Mariela Lario, integrante del equipo de salud del dispensario ubicado al noroeste de la ciudad de Córdoba.
“Tenemos casos de mujeres que llegan habiendo tomado la decisión, y otras veces requieren acompañamiento en el proceso: si deciden interrumpir, les informamos sobre los métodos más seguros, mientras que si deciden continuar las incluimos en los programas de control de embarazo”, aclara.
Betiana Olearo, médica de familia, detalla que el método que más se recomienda para la interrupción es el medicamentoso, con pastillas de misoprostrol, una modalidad de aborto ambulatoria y segura. “La gran mayoría de las mujeres que se acercan al dispensario con la decisión de abortar lo hace durante las primeras semanas, generalmente en la séptima u octava semana”, cuenta. Y explica que alrededor del 75 por ciento recurre al aborto medicamentoso.
Acceder a las pastillas de misoprostol no es tan sencillo como obtener la información, principalmente por la falta de recursos económicos. “Tuvimos hace un tiempo el caso de una mujer del barrio, que es carrera, que tuvo que vender su caballo para poder comprarlo”, recuerda Betiana, y destaca que en los barrios las mujeres tienen sus propias redes para atravesar situaciones complejas: “De alguna manera lo consiguen”.
Trabajar con las consejerías en los casos que no encuadran como interrupción legal del embarazo forma parte del modelo sanitario de estrategias de reducción de riesgo y daño por abortos inseguros, y en el dispensario de IPV Argüello lo hacen desde 2011. “Seguimos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y nos guiamos con el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación para informar cómo hacer un aborto en forma segura, cuáles son los riesgos y los cuidados”, acota Claudio Coffa, licenciado en Enfermería y encargado del dispensario.
En ese centro, el 95 por ciento de quienes se asesoran para un aborto acude luego a los controles posteriores a la interrupción, en los que se informa y entrega el método anticonceptivo que la paciente elija.
Los tres integran desde 2015 la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. “Estamos en contacto permanente con los integrantes de otras provincias, y hacemos consultas y capacitaciones también con abogadas; es un trabajo colectivo de varios años que ha logrado que muchos profesionales hayan empezado a animarse”, valora Mariela.
En esa red, que hasta 2017 contabilizaba 400 profesionales de la salud de diversos rubros y especialidades, hoy se cuentan más de mil en todo el país. “Celebramos que este debate por la legalización ha permitido cierta ‘despenalización social’ del aborto”, apunta.
Olearo, en tanto, refuerza la necesidad de convertirla en política pública, presente y permanente en todos los centros de salud. “De los 97 centros de salud municipales de Córdoba, hasta el año pasado había consejerías pre y posaborto en 22, mientras que este año ya somos más de 40, incluyendo al hospital Príncipe de Asturias, además de algunas dependencias provinciales”, describe.
Coffa destaca que desde la Municipalidad nunca se obstaculizó el funcionamiento de las consejerías, que el secretario de Salud, Gabriel Acevedo, se ha manifestado a favor de la legalización del aborto, y que
no reciben ningún tipo de condicionamiento para ejercer ni para expresarse. “Hay casos, como el aborto por causales, en los que estamos obligados a intervenir, pero creemos que las consejerías tienen que ser una política pública que alcance a todas las dependencias”, valora.
Según el principio de transparencia activa, aun siendo un profesional objetor de conciencia para realizar una práctica abortiva, tienen la obligación de entregar información sobre las alternativas ante un embarazo no buscado.
Trauma posaborto
Como psicóloga, Lario pretende desmitificar el concepto de “trauma posaborto” esgrimido por sectores contrarios a la legalización. “Según mi experiencia, cuando una mujer decide abortar y lo hace acompañada, informada y de manera segura, si bien atraviesa una situación que suele ser de crisis no es patologizante”, puntualiza.
“Sí se vive de manera más traumática un aborto hecho en un contexto hostil, cuando tiene miedo, cuando está sola o no sabe bien lo que le harán”, considera. Y reivindica la importancia del acompañamiento médico y afectivo: “Cuando la familia sabe que el equipo de salud está asesorándola tiende a aceptar mejor la decisión”.