Boudou, culpable y en la cárcel
Primer vicepresidente argentino condenado a prisión por coimas.
Por coimas y negociaciones incompatibles con la función pública, Amado Boudou fue condenado ayer a 5 años y 10 meses de prisión. También fue castigado con la inhabilitación “perpetua” para ejercer algún cargo en el Estado y se le impuso una multa por 90 mil pesos. Se trata de la primera condena a un exvicepresidente de la Nación.
El Tribunal Oral Federal 4 dictó ayer sentencia en el llamado “caso Ciccone”. Apenas terminó la audiencia en los Tribunales de Comodoro Py, Boudou fue trasladado a la cárcel de Ezeiza adonde ingresó a las 17.50 para cumplir con la orden de “inmediata detención”, dado que el tribunal dispuso la prisión preventiva hasta que la condena quedara firme o fuera revisada por instancias superiores.
El exvicepresidente durante la segunda presidencia de Cristina Fernández no fue el único condenado en el “caso Ciccone”, nombre que hace referencia a la imprenta (Ciccone Calcográfica) especializada en papel moneda y documentos públicos, cuyo proceso de quiebra y posterior rescate económico fue objeto de análisis del TOF 4.
Amigos en problemas
José María Núñez Carmona (amigo de Boudou) fue condenado a 5 años y medio de cárcel y el empresario Nicolás Tadeo Ciccone, exdue- ño de la empresa, a 4 años y medio, pena que cumplirá en su casa por razones de edad y de salud. Se le impuso igual multa de 90 mil pesos.
También fue condenado Alejandro Vandenbroele (acusado de ser testaferro de Boudou), con dos años de prisión en suspenso y la obligación por tres años de cumplir tareas comunitarias, más una multa de 90 mil pesos.
El exjefe de asesores de la Afip, Rafael Resnnick Brenner, y Guido Forcieri, exfuncionario del Ministerio de Economía, fueron condenados como “partícipes necesarios” de la maniobra fraudulenta y recibieron penas de 3 y y 2 años de prisión en suspenso, respectivamente.
Tanto Boudou como Núñez Carmona fueron encarcelados, pese a que la condena aún puede ser apelada por tribunales superiores. El TOF 4 dictó las presiones preventivas de ambos “por riesgos procesales como el peligro de fuga” y “el posible apriete a testigos”, ya que la investigación continúa.
Los abogados defensores de Boudou, Alejandro Rúa y Matías Molinero, quedaron a la espera de los fundamentos de las sentencias para realizar una presentación ante la Cámara Federal de Casación Penal, con la intención de que se revoque la prisión preventiva hasta que la condena tenga una sentencia firme.
Previo a la lectura, los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez rechazaron el pedido de la defensa de Boudou para que suspendiera el veredicto. El exvicepresidente había recusado el juez Bertuzzi ante la Corte Suprema sin que hubiera aún una deci- sión al respecto.
Boudou llegó temprano a la audiencia. “Estoy acá”, dijo al tomar contacto con la prensa, y frente a rumores que indicaban la posibilidad de una fuga.
En su alegato, el exvicepresidente afirmó: “Hay un relato construido en este juicio. Jamás negocié por mí o por terceras personas el 70 por ciento del paquete accionario de Ciccone”.
También cuestionó el proceso judicial (“hubo cuestiones extrañas desde un inicio”) y dijo que “si hubo cohecho (coima), acá falta la persona que pagó; el supuesto cohecho no tiene asidero porque nunca existió”, agregó.
Boudou realizó, además, una lectura política de la causa por la que fue encontrado culpable: “Acá también hay una cuestión de revancha de clase, de aleccionar, de que nadie se tiene que animar a cambiar las cosas”, referencia que alude a su paso por la Anses, por el Economía de la Nación, y a su decisión de estatizar los fondos de pensiones privados (AFJP).
“Quiero dejar este testimonio para todos los jubilados, para los niños, para todas y todos. La única verdad es la realidad”, concluyó Boudou en su alegato.
La causa judicial se inició en 2012. Para la Justicia, Boudou y Núñez Carmona se quedaron con la imprenta quebrada, a través de la sociedad The Old Fund, que presidía Vandenbroele. El exvicepresidente, de acuerdo con el proceso judicial, intervino en el proceso de quiebra y en el rescate de la imprenta, a través de una tramitación ante la Afip.