La palabra democrática
El resultado de la votación en el Senado de la Nación sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo no debe invalidar el crecimiento democrático representado por un debate parlamentario que tomó varios meses, involucró a miles de personas y suscitó la atención de la ciudadanía.
Una verdadera maratón de argumentos y opiniones en torno de un tema polémico, que dinamizó lo que sostiene a la democracia: la palabra. La libertad del decir es la que pone en juego la deliberación pública, que es la que sostiene y expresa la fortaleza o debilidad de una democracia.
Una ponderación que debiéramos hacer como balance de un proceso, y no sólo como resultado de una votación.
El Congreso de la Nación es la casa política de la democracia, donde conviven de modo legítimo las diferencias de la representación legislativa. Es esa diferencia la que se pone en juego toda vez que el Congreso se convierte en una verdadera caja de resonancia de los temas y problemas a los que debe enfrentarse una sociedad compleja y contradictoria como lo es la de Argentina de hoy.
Diálogo y diversidad
En los sistemas democráticos, la relación entre la ciudadanía y el gobierno se funda precisamente en ese diálogo y en esa diversidad, de modo que las decisiones que se toman y nos afectan debieran ser un reflejo de las necesidades y de la evolución de una sociedad.
En la medida que las personas interactúan en el espacio público, se van convirtiendo en ciudadanos activos que no sólo aceptan las soluciones propuestas sino que también discuten y proponen alternativas a esas soluciones.
Haber habilitado y encarado el debate sobre un tema al que se confrontaron todas las sociedades democráticas del mundo –y por el que debimos esperar más de 30 años– significó un avance cultural y un progreso democrático, si se acepta la definición del filósofo Richard Rorty, para quien el progreso es “un aumento de considerar un número cada vez mayor de diferencias entre las personas como irrelevantes desde el punto de vista moral”.
La conversación sobre el aborto ganó interés público, se proyectó sobre el Congreso. Sin embargo, esto no alcanza si las decisiones parlamentarias se guían antes por las especulaciones electorales que por las cuestiones de bien público y la evolución de la sociedad.
Los avances científicos y democráticos han consagrado la autonomía de las mujeres para que ellas decidan sobre su propio cuerpo y su vida. Una transformación cultural con impacto sobre el debate que hoy asumimos.
Lo que ha cambiado es la forma de pensar y vivir tanto la maternidad y la paternidad como los principios de la secularización democrática.
Derechos de las mujeres
Aun cuando sobreviven residuos autoritarios, expresados en los insultos y la violencia verbal –que incorporó palabras de muerte asociadas a la dignidad que define la naturaleza humana–, el enfoque moderno de la normativa internacional de derechos humanos consagra la igualdad de las mujeres. Conceptualiza, asimismo, la penalización del aborto y la falta de acceso adecuado a los servicios para la interrupción de un embarazo no deseado como una discriminación basada en el sexo, en contravención del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por la Argentina en 1986, y de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada también por nuestro país en 1985.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la Legislación y en la Práctica advierte que ese incumplimiento constituye una violación de la obligación estatal de hacer efectivo el derecho de las mujeres y niñas al nivel más alto posible de salud, contenida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por la Argentina en 1986.
En algunos casos, precisan los expertos, también es una violación al derecho a la vida consagrado en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Grupo de Trabajo también recuerda al Estado argentino que “de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, no son permisibles los argumentos religiosos para impedir la adopción de proyectos de ley, porque esto violaría el derecho
EL DEBATE SIGNIFICÓ UN AVANCE DEMOCRÁTICO. RESTA AHORA QUE SE ASEGUREN A TODAS LAS ARGENTINAS LOS DERECHOS HUMANOS.
humano a la libertad religiosa”.
La revolución jurídica
Ese encadenamiento jurídico entre las naciones que suscriben los tratados es lo que le lleva al reconocido académico Michael Ignatieff a calificarlo como una verdadera revolución jurídica, ya que la difusión planetaria de los derechos humanos ha significado un avance moral sobre las concepciones dogmáticas totalitarias.
Por eso, para compatibilizar la democracia con los derechos humanos, el experto canadiense recomienda a la política que ponga más énfasis no sólo en la democracia sino también “en el constitucionalismo, el afianzamiento del equilibrio de poderes, el control judicial de las decisiones ejecutivas y la salvaguarda de los derechos de las minorías”.
Si de hecho el debate en torno del aborto significó un avance democrático, resta ahora que el Estado argentino asegure en serio a todas las argentinas el disfrute de los derechos humanos establecidos en los tratados que suscribe y están en el corazón de nuestra Constitución.