El santo de la vergüenza
Intentó balbucear un alegato. Dijo que la condena es una revancha de clase. Como si viniese de asaltar el cuartel Moncada.
Ya está en un pabellón de Ezeiza que tiene un nombre curioso: se llama Iric, la sigla del programa de “Reducción de Índices de Corruptibilidad”. El pabellón para adictos a la coima.
Con su detención, el país tiene una vergüenza menos. Su libertad era una burla a la honestidad de todos los argentinos.
Pero también una vergüenza más. Por primera vez en su historia, el país tiene que reconocer que puso en la vicepresidencia de la Nación a un delincuente de baja estofa.
Amado Boudou es acaso el emblema de una era en la que Argentina fue el jardín de las delicias. Una época en la que los dólares de la soja saciaban con abundancia la voracidad ilimitada de la corporación política. Y aún quedaba resto para derramar en las cazuelas de una sociedad exhausta tras la crisis de fin de siglo.
De su trayectoria rumbosa desde los médanos marplatenses hasta la segunda magistratura de la República, ya se han volcado ríos de tinta.
Hay, sin embargo, un hilo conductor entre aquella noche en la que fue elevado al sitial de los elegidos y anoche, cuando se recostó desaliñado en el camastro de los réprobos.
Ese trazo de conexión es Cristina Fernández de Kirchner.
Conviene revisar de vez en cuando el acto de comedia que ejercitó la entonces presidenta en la residencia de Olivos, cuando anunció satisfecha la decisión personalísima que había tomado para designar a su compañero de fórmula.
Cristina contó entonces una anécdota risueña: que había llamado a una enfermera para que le pusiera una inyección y, mientras esperaba el pinchazo en la nalga, la enfermera le preguntó si estaba segura de la decisión que iba a anunciar sobre su vice.
Un auditorio integrado por lo más granado de la elite dirigencial le festejó la humorada con complicidad.
Ahora sabemos que en aquellos días, la rutina de recaudación ilegal que un chofer ignoto anotó de modo obsesivo en sus cuadernos había entrado en pausa por la muerte de Néstor.
Menos para Boudou, que por la misma época ya gestionaba la apropiación de una fábrica de hacer billetes.
Su prisión es el resultado de una nueva dinámica en el juzgamiento de las causas por corrupción. Por algo el kirchnerismo se oponía a la sanción de reformas que incluyeran variantes como la figura del arrepentido. Alejandro Vandenbroele, socio de Boudou, tomó nota de esa novedad.
La pregunta de rigor es si el cordón umbilical de la irresponsabilidad política que une a Boudou y Cristina todavía puede tener una torsión adicional. Si la prisión de Boudou no está anticipando una consecuencia lógica: la detención de la cabeza responsable de la trama de corrupción que asoló al país en los años recientes.
El peronismo en el Congreso se ha inventado una Biblia inexistente para contener ese riesgo. A Miguel Pichetto, se le ocurrió bautizar solemnemente como “doctrina” la decisión de impedir el desafuero de sus expresidentes refugiados en el Senado. Un disparate con toga.
Los límites de esa invención se aproximan. Antes que Boudou, cayó el último razonamiento que hizo Cristina para justificar el saqueo. Cuando los bolsos de José López, Cristina reclamaba que su antiguo funcionario dijera quién le había pagado sobornos.
Por motivos similares a los de Vandenbroele, ahora los empresarios hacen cola para declarar que se los daban a su marido y a ella.
Los márgenes de Pichetto y su bloque se estrechan hasta el borde de la complicidad.
Al Honorable Senado que integran, lo condujo en otros tiempos Elpidio González. El más austero de los vicepresidentes argentinos.
Si cada creyente tiene su cielo, ayer habrá padecido su día. El del santo de la vergüenza.
LA PREGUNTA ES SI LA PRISIÓN DE BOUDOU NO ESTÁ ANTICIPANDO UNA CONSECUENCIA LÓGICA: LA DETENCIÓN DE CRISTINA FERNÁNDEZ.
El Senado avanzó ayer en el pedido del juez Claudio Bonadio para realizar allanamientos a domicilios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero le exigió que fundamente esa solicitud. El dictamen se votará mañana en una sesión especial, tras lo cual el magistrado podrá disponer las inspecciones.
El avance del pedido de Bonadio en la Comisión de Asuntos Constitucionales se produjo tras dos horas y media de debate y fuertes cruces entre los senadores del Frente para la Victoria, que calificó la medida del juez de “atropello” y violatorio del debido proce- so, y de Cambiemos, quienes argumentaron que el Senado no podía obstruir el accionar de la Justicia.
Al dictamen de comisión lo firmaron todos los senadores de Cambiemos y sólo algunos del Bloque Justicialista, que lidera Miguel Pichetto. En el texto, se puso como condición que el juez fundamente el pedido e indique cuáles son los domicilios por allanar para que el Senado decida mañana por votación si lo autoriza o no.
También se dispuso que la autorización sea sólo para los domicilios y no para la oficina legislativa de la senadora Fernández, y que el juez federal debe respetar el “derecho a la intimidad” y el “decoro”.
“La posición nuestra es no entorpecer la Justicia. Sería deseable en lo futuro que todos los jueces sepan que corresponde actuar resguardando la función legislativa”, sostuvo el macrista Federico Pinedo. La camporista Anabel Fernández Sagasti dijo que estaban abriendo “una puerta muy peligrosa bajando el estándar republicano” al emitir ese dictamen.
Minutos después, en relación con este planteo, el senador cordobés Ernesto Martínez (Cambiemos) señaló que en paralelo al dictamen emitido se libraría por vía administrativa un oficio al juzgado de Bonadio para que amplíe su solicitud, lo que fue celebrado por los senadores del justicialismo.