Por una seguridad en serio
La capacitación de los aspirantes a integrar la Policía de Córdoba siempre es motivo de controversias y debates, muchas veces con eje en la premura de poner en servicio a jóvenes novatos a los que se les entrega un arma de fuego reglamentaria, con todo lo que ello significa.
Puede ser irreprochable la calidad de los cursos de formación que dictan avezados instructores de la fuerza.
Pero la realidad nos muestra que se reiteran los episodios trágicos que involucran a jóvenes que se reciben de policías sin tener la preparación óptima para ejercer un cargo de alta responsabilidad como servidores públicos.
La cronología de estos sucesos es muy extensa y encierra dramas domésticos derivados de la inconducta de agentes que hicieron uso desaprensivo y temerario de las herramientas provistas para proteger a la ciudadanía.
Como informamos en nuestra edición del lunes, ya fue elevado a juicio el caso del agente que, durante una reunión en un domicilio particular de la ciudad de Córdoba, dejó por imprudencia su arma reglamentaria en manos de un amigo, quien en un presunto descuido la detonó y terminó ultimando de un tiro en la cabeza a la novia del policía.
El hecho ocurrió en 2017 y el agente y su amigo serán juzgados ahora por homicidio culposo agravado.
Sería materia de profunda reflexión para las autoridades encargadas de formar a futuros policías si se llegara a probar en el debate que aquella noche de juerga y muerte había bebidas alcohólicas y drogas de por medio.
Vale añadir, a esta saga luctuosa, la condena a 12 años de cárcel que recibió otro suboficial de la fuerza, acusado de matar de un balazo a un motociclista en el marco de un control callejero en Villa Carlos Paz, en febrero de 2017, en otro caso flagrante de gatillo fácil.
A estos comportamientos condenables de servidores a los que el Estado les encomendó la protección de una ciudadanía perturbada por la creciente ola delictiva hay que agregar la participación de efectivos deshonestos en diversos delitos de bajo fondo.
Desde la jefatura de la fuerza, insisten en ponderar que la capacitación y la formación de los aspirantes es intensa. Y llegan a aseverar que “no se le da un arma a cualquiera”.
Una defensa corporativa discutible, a la luz de la cantidad de uniformados que ya fueron sancionados y exonerados por sus implicancias en situaciones delictivas, dentro y fuera de la institución.
Sólo una selección rigurosa contribuirá en parte a erradicar a los individuos que manchan el uniforme policial con sus conductas inapropiadas.