Edificios sin entregar, una mancha para el sector desarrollista
Varias empresas son investigadas por la Justicia por demandas de clientes. Otras intentan ref lotar emprendimientos atrasados. Hay, por lo menos, 38 edificios prometidos en grandes proyectos que no han sido entregados. Cuál es el impacto en los negocios d
En la última década, desarrollos inmobiliarios privados desataron reclamos de clientes por incumplimientos en los plazos y condiciones comprometidas ante sus inversores y compradores. En algunos casos como consecuencia del achicamiento del mercado y de la crisis financiera; en otros, la Justicia intenta determinar si hubo delitos.
Sólo entre los grandes proyectos anunciados se cuentan 38 edificios que no se entregaron en la Capital y en el Gran Córdoba.
Algunas de estas promesas incumplidas terminaron en causas judiciales, mientras que otras derivaron en acuerdos con clientes para “transferir” la inversión a otros inmuebles y, de esa forma, evitar las denuncias y el desprestigio. También están las que esperan la llegada de algún nuevo inversor que las reactive.
Lo cierto es que, para el desarrollismo, estas manchas afectaron la imagen del sector, al tiempo que concentraron la demanda en menos empresas, las más grandes y con más trayectoria.
Del “boom” a la Justicia
El boom inmobiliario de la década pasada, alimentado por los excedentes del agro, empezó a resentirse con la crisis del campo de 2008 y terminó por pincharse con el cepo al dólar, a partir de noviembre de 2011.
La mecánica que se incentivó desde entonces es la venta “en pozo”: una vez que el desarrollista logra la habilitación del proyecto, con el inicio de la excavación vende a inversores, quienes pueden conseguir descuentos del 10 al 20 por ciento, lo que promete una renta más elevada, comparada con la que obtiene quien compra el inmueble una vez terminado.
El índice de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos (Ceduc), que refleja las ventas de inmuebles nuevos en la Capital, muestra que la actividad está a poco menos de la mitad del nivel previo al cepo cambiario.
Por lo tanto, los proyectos que nacieron antes de esa medida sin un respaldo financiero fuerte quedaron expuestos y sin posibilidades de cumplir con sus promesas.
El que más ruido generó fue Euromayor, dirigida entonces por Laerte Muzi y Jorge Monferini. Antigua Cervecería, que originalmente prometió 900 departamentos en seis torres y luego cinco edificios con mil unidades, sólo entregó hasta ahora un bloque.
Pero hay otros reclamos: Valle del Golf, en camino a Villa Carlos Paz, tiene problemas de mantenimiento y escrituración; en TierraAlta, también en cercanías de la villa serrana, sus vecinos advierten falta de apertura de calles y de infraestructura; Center tampoco se terminó (entregó una de tres torres anunciadas), y el loteo Jardín Inglés, en Valle Escondido, está retrasado en la demarcación de los 42 lotes.
Con más de 40 denuncias en la Justicia provincial, el caso recayó en la fiscal de Casos Complejos Valeria Rissi, quien, tras una serie de allanamientos y cruces de información con la Caja de Valores y la Bolsa de Comercio, trabaja sobre la hipótesis de una presunta estafa, aunque no se descartan delitos como vaciamiento de empresa o administración fraudulenta.
La causa es compleja, según reconocen fuentes judiciales, ya que bajo la marca Euromayor actuaban múltiples empresas y fideicomisos, como South American Trust (Satsa), Trust & Development (T&D), Tierras de Córdoba y Panorámica, entre otros. Una de ellas, Satsa, encabezada por Jorge Airaudo, asumió la tarea de retomar Antigua Cervecería. Desde la firma, indicaron a La Voz que están completando la entrega de la torre 1 y que ya se convocó a los compradores de las torres 2 y 3.
Este complejo, ubicado en barrio Alberdi, se lanzó en 2010 con la propuesta “Plan 4 Certezas”, que consistía en cuotas fijas en pesos hasta la posesión. Pero, a partir de 2014, el mercado financiero se achicó y Euromayor quedó sin flujo de dinero.
Otros casos
La misma fiscalía investiga cuatro causas más, entre ellas la que se lleva adelante contra el ingeniero Jorge Zalazar, su esposa Gladys Cugnini y la hija de ambos, Delfina Zalazar, imputados en 2016 por los supuestos delitos de asociación ilícita en concurso real con estafa reiterada continuada, tras vender departamentos en pozo de seis edificios que no construyeron.
El Juzgado de Control Nº 7 confirmó el pedido de elevación a juicio. Mientras tanto, está vigente la prórroga extraordinaria de la detención del matrimonio desarrollista.
Los otros casos, de menor dimensión en cuanto a desarrollo, son Campo de Vuelo (cerca de la Reserva San Martín), desarrollos de Carlos Ariel Rubio y loteos de Marcelo Fleurquin.
Otra investigación resonante es la que derivó el mes pasado en la detención de Jorge Ribeiro, titular de Construcciones Ribeiro, junto a sus hijos Tomás y Georgina, y la arquitecta Natalia Meossi. En este caso interviene el fiscal de Casos Complejos Enrique Gavier, quien investiga eventuales delitos de estafa y asociación ilícita.
El desarrollista no habría entregado una decena de torres: ocho en Capital, entre ellas los edificios RAE, una en Villa Carlos Paz y otra en una localidad del sudeste cordobés.
En total, los casos de proyectos importantes que llegaron a la Justicia involucran a unos 24 edificios, de los cuales se entregaron dos, otros dos podrían llegar en los próximos años y no se sabe qué pasará con el resto.
A esos se suman los desarrollos que generaron reclamos de clientes a las empresas y, en algunos casos, presentaciones ante Defensa del Consumidor.