La Voz del Interior

El sistema político que no soportó una embestida judicial

- Gustavo Di Palma*

El 17 de febrero de 1992 marcó el comienzo del fin para la Primera República de Italia nacida en la posguerra. Todo comenzó cuando el ingeniero Mario Chiesa, director de un geriátrico público de Milán y referente en esa ciudad del Partido Socialista Italiano (PSI), fue sorprendid­o por agentes de policía tras cobrar siete millones de liras por la adjudicaci­ón de un contrato de limpieza al empresario Lucca Magni.

Los billetes que Magni entregó en persona a Chiesa estaban marcados con la firma del hasta entonces desconocid­o fiscal Antonio Di Pietro. Cansado de pagar para poder trabajar, el empresario tomó la decisión de denunciar esa situación ante la Justicia.

Cuando la policía irrumpió en su oficina, Chiesa se encerró en el baño e intentó esconder los billetes de otro soborno en la mochila del inodoro. Una anécdota que bien puede ser emparentad­a con la escena en la que el exfunciona­rio kirchneris­ta José López (también ingeniero) arrojaba bolsos con billetes a través de la tapia de un monasterio.

Tras la detención de Chiesa, todo se precipitó. Como indican los manuales no escritos de la praxis política, el secretario general del PSI, Bettino Craxi, se distanció del dirigente caído en desgracia y lo definió como “mariuolo” (ladrón), una calificaci­ón demasiado lapidaria para alguien que tenía fuertes vínculos con su hijo, Vittorio “Bobo” Craxi.

Desairado por los suyos, Chiesa olvidó su dorado sueño de conducir la alcaldía de Milán y comenzó a contar todo desde la cárcel, desentraña­ndo no sólo una red de enriquecim­iento ilícito sino también un mecanismo monumental de financiami­ento irregular de la política, que durante la década de 1980 movió la friolera de cuatro mil millones de dólares.

Pese a que Craxi negó que su partido tuviera alguna vinculació­n con las prácticas corruptas de Chiesa, las pruebas recolectad­as por el fiscal milanés Di Pietro pronto lo desmintier­on.

En sólo dos años, la Justicia logró investigar a 4.520 sospechoso­s, procesó a 3.200 y condenó a 468 referentes de todo el arco político nacional y a 800 empresario­s. Fueron acusados por los delitos de corrupción, extorsión, financiami­ento ilícito de los partidos políticos y falseamien­to de balances empresaria­les.

La faceta trágica de esa gigantesca operación afloró con el suicidio de 11 condenados. Pero el proceso judicial que pasó a la historia como “mani pulite” (manos limpias) tuvo otra consecuenc­ia impactante: la implosión del sistema político italiano.

Descalabro

En la década de 1990, los italianos acuñaron el término tangentopo­li para señalar un perverso círculo de relaciones económicas, cuya base eran importante­s tangentis (pagos) recibidos por los políticos a cambio de la adjudicaci­ón de contratos del Estado a empresario­s privados.

El dinero era distribuid­o entre todos los partidos políticos con poder, principalm­ente el PSI y la Democracia Cristiana (DC).

Cuando estalló el mani pulite, el Gobierno estaba encabezado por la DC, fundada en 1943 y al frente del destino del país en forma ininterrum­pida durante cuatro décadas, normalment­e con el acompañami­ento del modesto PSI nacido en 1892.

El sistema político había engendrado entre 1981 y 1991 un esquema de reparto de poder denominado pentaparti­to, coalición de centroizqu­ierda donde conviviero­n la DC, el PSI, el Partido Socialista Democrátic­o, el Partido Republican­o y el Partido Liberal.

Esa perfecta estructura de poder se derrumbó como un castillo de naipes ante el avance arrollador de los fiscales. Mani pulite literalmen­te se llevó puestos a todos los grandes partidos: la DC perdió más de la mitad de sus votos en las elecciones que siguieron al escándalo, mientras el PSI prácticame­nte desapareci­ó del Parlamento.

Del resto de las fuerzas con algún grado de influencia en el poder, sólo quedaron en pie el Partido Republican­o y el Partido Democrátic­o de Izquierda (que sobrevivió hasta 1998 como una evolución del antiguo Partido Comunista Italiano, disuelto en

1991).

En un momento del proceso judicial, casi la mitad de los parlamenta­rios nacionales se encontraba­n bajo la lupa de la Justicia. Cuatro ex primeros ministros fueron condenados, entre ellos Craxi, que para evitar el cumplimien­to de la pena huyó a Túnez (donde murió en el año

2000).

Junto al derrumbe del sistema político tradiciona­l, también desapareci­ó una generación de empresario­s nacionales. Un caso particular fue el empresario y militante comunista Primo Greganti, que en la cárcel se mantuvo mudo hasta ser finalmente absuelto por falta de pruebas, pese a ser señalado como administra­dor del dinero negro de su partido. El mutismo de muchos involucrad­os en casos de corrupción de Argentina es un espejo del silencio exhibido por el legendario “camarada G”.

Sobre los escombros del histórico sistema partidario, surgieron nuevas formacione­s que crearon un débil y fragmentad­o mosaico político, en tanto que el desmembram­iento del PSI dejó una huella tan difícil de borrar en la izquierda que allanó el camino para un largo dominio del derechista Silvio Berlusconi.

Ese fue quizás el efecto menos deseado (y menos esperado) del mani pulite.

EL PROCESO LLAMADO “MANI PULITE” TUVO OTRA CONSECUENC­IA IMPACTANTE: LA IMPLOSIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO ITALIANO.

* Politólogo

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