De Goycoechea habló de “coimas”
BUENOS AIRES. Ayer, el ejecutivo cordobés Juan Carlos de Goycoechea amplió su declaración indagatoria y esta vez habló de “coimas” en los pagos que les realizó a funcionarios kirchneristas. Lo hizo en el marco de la causa por los cuadernos que escribió el chofer Oscar Centeno.
“Hablar de campaña era un eufemismo. Eran aprietes, coimas”, le dijo al fiscal Carlos Stornelli el exdirector de Isolux Corsán SA, la firma española a la que el gobierno kirchnerista le adjudicó la usina térmica de carbón de Río Turbio.
De Goycoechea fue el primer “imputado colaborador” en la causa, pero en su primera versión había dicho que el dinero era en concepto de aportes para las campañas políticas del kirchnerismo.
Ahora, no sólo habló de “coimas”, sino que acusó a Roberto Baratta de “imponer proveedores” y nombró dos firmas: una sería de un amigo de Julio De Vido y otra cuya apoderada es Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), según consignó Clarín.
Además, sostuvo ante el fiscal que el Gobierno lo presionó “para inaugurar la obra sin terminar para la campaña de Cristina Kirchner”. Cuando Isolux quedó como adjudicataria para la construcción de la usina, cobró el primer certificado de obra.
El empresario Gabriel Romero, quien ayer se convirtió en otro arrepentido, admitió ante la Justicia haber pagado 600 mil dólares para que Cristina Kirchner firmara un decreto presidencial (el 113/2010). Según publicó Infobae, el líder de la empresa Emepa declaró ante el juez Claudio Bonadio que pagó coimas para que el gobierno kirchnerista le extendiera la concesión de la Hidrovía y le permitiera ampliar la traza de la vía navegable más importante de la región.
“Después de eso, Baratta empezó a exigir que para liberar los próximos teníamos que pagar”, indicó De Goycoechea ante Stornelli. Los pagos eran de 300 mil dólares cada uno y podían ser trimestrales.
Al momento de señalar un responsable, volvió a apuntar contra Baratta. “Él era el principal responsable de los aprietes y el primero fue el mayor de todos, cuando recién teníamos que arrancar la obra”. Pero, además, también indicó que intervinieron para cobrar los sobornos Nelson Lazarte y Ezequiel García, ambos subalternos del exsecretario coordinador del Ministerio de Planificación.
Según el cordobés, los “aprietes de Baratta” no eran sólo para que pagaran, sino para imponer proveedores, dijeron fuentes judiciales.
Cuando se le consultó a qué firmas proveedoras se refería, De Goycoechea mencionó a Termipol (“Una firma de un amigo y vecino de Julio De Vido en Zárate”, aclaró) y a Fainser (una empresa cuya apoderada era Romina Mercado).
Inauguración falsa
La usina térmica de Río Turbio tuvo una inauguración en 2015.
“Nos obligaron a inaugurar pese a que las condiciones técnicas no estaban dadas. Inauguramos porque nos dijeron que era para la foto de Cristina (Kirchner) en plena campaña, una de las calderas, y a los 20 días se acabó el carbón y hubo que apagarla y al tiempo se averió”, contó De Goycoechea.
Arrepentido
Ayer, se sumó un nuevo empresario arrepentido. Se trata de Gabriel Romero, cabeza del grupo Emepa, quien firmó ayer el acuerdo como “imputado colaborador”, después de ampliar la indagatoria ante Bonadio.
Romero se convirtió en el “colaborador” número 13 que acumula la causa. La decisión de Romero tuvo un efecto inmediato sobre uno de los empresarios con prisión preventiva: Rodolfo Poblete, directivo de la empresa, fue liberado por orden del juez.
Poblete, exdirector de relaciones institucionales de Emepa, quedó detenido el 6 de agosto pasado, cuando Bonadio ordenó otra ronda de detenciones.
Con el objetivo de evitar mayores complicaciones al grupo empresarial en materia judicial, financiera y bancaria, ayer a las
17.37 ingresó al conglomerado fiscalizador de operaciones bursátiles la renuncia formal de Aldo Roggio a la presidencia del centenario grupo empresarial.
Esa decisión, comunicada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al Mercado de Valores, a la Bolsa y Mercados Argentinos (Byma) y al Mercado Abierto Electrónico (MAE), termina con casi
19 años de liderazgo formal del cordobés en un grupo que, desde su origen mismo, transitó por un amplio espectro de negocios.
Reemplazado en el cargo por su hermana, Graciela Roggio, quien en la última década encabezó los emprendimientos tecnológicos de la organización, resulta difícil a esta altura entrever si alguna vez Roggio volverá a conducir la empresa, ya que, se supone, parte de su destino quedó ligado a la suerte de los llamados cuadernos de la corrupción kirchnerista.
En su nota de dimisión, precisamente, Roggio justifica su apartamiento de la presidencia y de su cargo como director de la compañía en que su condición de imputado colaborador fue homologada ante el juez Claudio Bonadio.
Fueron necesarias tres indagatorias para que Roggio consiguiera convencer a Bonadio de que tenía más cosas para aportar que las expresadas inicialmente ante el fiscal Carlos Stornelli, y que justificaran esta vez su inclusión como arrepentido.
Abrazar esa figura incómoda de la ley 27.304 apunta a aliviar su futura situación judicial, además de ahorrarse el trasiego de la prisión preventiva.
En este último relato, Roggio reveló que, además de autorizar aportes de campaña, también devolvía en concepto de retorno el cinco por ciento de los subsidios que percibía Metrovías, empresa de la cual el grupo es concesionario.
Metrovías es una concesión otorgada en 1994 por el gobierno nacional para operar los subterráneos y el ferrocarril Urquiza. Originalmente vencía en 2014, pero fue extendida hasta 2017. En el marco de los subsidios al transporte, Roggio percibía los fondos para hacerla funcionar.
“No tuvimos oportunidad de negarnos a esta exigencia”, dijo Roggio con relación a la coima, en la declaración en la cual involucró a Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte de la Nación, como el receptor de esos fondos.
El mal menor
En ese expediente judicial firmado el miércoles por la noche, el empresario aseguró haber soportado la presión hasta el límite de las posibilidades del grupo, “máxime teniendo en cuenta que se trata de un servicio esencial”, con una incidencia del 70 por ciento de los costos en el rubro personal.
Con la salida de Aldo Roggio y el ingreso de Graciela, la empresa quedaría eventualmente aislada de verificar otro tipo de consecuencias jurídicas, al menos en el corto plazo, que le compliquen las operaciones tanto en materia financiera y de servicios como en obras públicas.
En Córdoba, como ya se conoce, Roggio ostenta el servicio de concesión del agua potable en la Capital, opera la recolectora de residuos peligrosos Taym, mantiene una sociedad en la explotación de los hoteles casino CET y desarrolla varias obras de infraestructura en la Circunvalación de Córdoba.
Pero, en términos políticos, el apartamiento de Aldo Roggio del centro de la escena implica, asi-
EN SU DECLARACIÓN, ROGGIO DIJO QUE SOPORTÓ LA PRESIÓN PARA EL PAGO DE COIMAS HASTA EL LÍMITE DE SUS POSIBILIDADES.